CASO ZAPOTITLA: PROCESO ACELERADO

*Y los otros juicios pendientes ¿por qué no?

En unas cuantas semanas la denuncia de una presunta violación por parte del diputado local Marcos Zapotitla Becerro avanzó de forma inusitada, ya pareciera estar puesto para aplicarle juicio político y desafuero en un caso pocas veces visto, y menos por de parte de la Fiscalía General de Justicia del estado que para asuntos distintos aplica criterios y tiempos muy extraños.

Podemos decir que el legislador en mención es la primera víctima electoral hacia el proceso del año que viene; porque con todo lo que ha ocurrido en este caso lo más seguro es que -si tenía aspiraciones de reelección o de buscar otra posición electoral-, pues se le va a ir de las manos y más si lo ponen fuera del Congreso por una decisión de sus compañeros de legislatura.

¿Qué hay detrás de éste asunto? ¿es realmente Zapotitla culpable de lo que se le acusa? y ¿qué importancia tienen en este proceso las declaraciones de la abuela de la supuesta violada, en el sentido de que todo fue una treta? ¿tomará en cuenta la Fiscalía esos elementos o se seguirá derecho, sin ver esos datos? ¿es acaso una consigna y, si es así, de quién o quiénes o de dónde viene?

Y es que igual y si el señor es responsable eso tiene que probarse en los tribunales competentes, pero ¿y si no lo es, y la intención es simplemente privarlo de que siga participando en política y en la comisión de seguridad?

Lo que es cierto es que resulta medio contradictorio que mientras el tema que nos ocupa, en sólo unos cuantos días llegó ya prácticamente al estrangulamiento; mientras en la propia dependencia se tienen decenas de denuncias; muchas de ellas con suficiente sustento como para proceder contra ex funcionarios y ex diputados locales por presuntos actos muy graves de corrupción, incluyendo al ex gobernador Graco Ramírez Garrido.

Es por eso que a DAD le llama mucho la atención el caso; porque pareciera que cuando se quiere se trabaja a marchas forzadas para enjuiciar a alguien, pero cuando se trata de sujetos de probadas perversidades como Graco y su pandilla de forajidos; pareciera más bien haber protección e impunidad en algo que ciertamente afecta a los morelenses en general.

Aquí no vamos a defender al legislador; si la debe que la pague, aunque se supone que se debe de probar primero, lo que sí es que le exigimos al fiscal Uriel Carmona Gándara que aplique el mismo rasero en contra de quienes burlaron al pueblo de Morelos, que cometieron delitos que ya fueron denunciados y se siguen burlando de las leyes más elementales porque nada parece hacer para  que esos expedientes se muevan.

Bueno, sus propios «compañeros» de legislatura ya lo llevan a la guillotina, literalmente hablan de un apresurado desafuero cuando en condiciones normales, de acuerdo con el actuar de la justicia a la mexicana; y no se diga de la morelense con Uriel Carmona a la cabeza, eso tomaría meses o quizás años dependiendo de los márgenes de defensa de los involucrados.

Bueno… muy sencillo, ya el propio recinto legislativo tiene en sus manos las solicitudes de Juicio Político contra Graco y el Juicio de Procedencia contra el alcalde capitalino Antonio Villalobos Adán ¿qué está pasando con ellas? no sabemos nada, muy concretamente del caso contra Villalobos, que parece enfrenta pruebas irrefutables por el robo por cerca de 70 millones de pesos.

¿Por qué a uno le aplican el fast track y a los otros es dan muchas largas? por eso es que para nosotros resulta un tema bastante sospechoso, y pareciera que más bien es un ajuste de cuentas entre grupos políticos antagónicos, que desde ahora y muy anticipadamente a la elección del 2021 se vienen dando “hasta con la cubeta”. Por cierto, el diputado era miembro de la bancada del PES, porque ya se separó ¿no será un golpe político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a través de su partido?

Y si fuera así ¿quiénes están detrás de esa zancadilla? porque si las cosas van por ahí significa que la guerra recién comienza, porque los agredidos no se van a quedar con los brazos cruzados y seguramente responderán por alguna de las vías posibles.

Tristemente, éste es el nivel de debate y de lucha entre contrarios en el ejercicio del poder, no hay compasión cuando de pelear los espacios políticos y de control se trata, y menos se tientan el corazón para hacer daño a quienes consideran adversarios y se aplica aquello de que «el fin justifica los medios», o sea hay que quitar de en medio a quien pueda estorbar a intereses mezquinos. El poder y el dinero envilecen a las personas y más a quienes viven del presupuesto público.

¿ES ESTO POSIBLE?

*Por eso estamos como estamos

Hace unos días llegó a DAD un material informativo en torno a que Ever Felipe Velarde Corrales, quien fuera secretario particular de Rodrigo Gayosso Cepeda, el hijastro del ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido es actualmente «titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado; a cargo de Uriel Carmona Gándara.

Y se especifica que «poco antes de que el tabasqueño terminara su sexenio, él mismo ordenó que se le asignara ahí, para que le cuidara las espaldas en lo sucesivo»; sin que contara siquiera con cédula profesional porque no contaba con título; no obstante, que lo marca el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del estado de Morelos.

Éste sujeto se tituló bajo el número 11791303 hasta el año pasado, es decir, ya durante esta administración -como licenciado en derecho-, pero asumió esa posición un año y medio antes; y bueno, a pesar de que hay una serie de denuncias muy bien respaldadas en contra de Graco éste sujeto se sigue riendo y hasta logró un amparo contra el juicio político en su contra, que es analizado ya en el Congreso local para buscar su apelación.

No desistimos en nuestras afirmaciones en el sentido de que tanto el fiscal general, Uriel Carmona Gándara como el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, están ahí para atorar cualquier intento de procedencia de las denuncias en contra de quien fuera su jefe -así se trate de delitos graves- y no para salvaguardar los intereses de los morelenses, de ahí que las cosas en materia de justicia estén de plano de cabeza y sólo se dé curso a aquello que incluso puede empañar la imagen del gobierno actual o revertirse en su contra.

Lo preocupante es que individuos como Ever Felipe Velarde continúen ahí, amparados por el propio Uriel Carmona, impidiendo cualquier avance en contra de la “rata mayor”; sin que nadie de quienes pueden desmantelar esa banda de delincuentes haga nada, y nos referimos a la actual legislación local.

Porque si bien es cierto que los cómplices del corrupto Graco, los diputados anteriores, le hicieron un trabajo completo modificando leyes para que los fiscales y otros funcionarios se perpetuaran en el cargo sin mayor preocupación, los «representantes populares» de hoy si fueran leales al pueblo ya habrían dado reversa a la norma, para por lo menos poder removerlos del cargo como en otra ocasión se hizo en gobiernos muy corruptos como lo fue el de Veracruz o Quintana Roo, donde se sacaron a los cómplices del gobierno saliente que les pretendían cubrir las espaldas.

¿Por qué no lo hacen aquí si es públicamente sabido que no atienden al interés de la entidad y su población? eso es lo que no comprendemos, aunque también sabemos que “grácula” igualmente colocó a media docena de diputadas locales que encabezadas por Tania Valentina Rodríguez, han reventado toda intención de aplicar la ley para sancionar el descarado robo a los morelenses por ejemplo con las “pensiones doradas”.

Pero aún así hay 14 diputados más, que por lo menos deberían simular que no están comprometidos con esa “banda de indeseables”, pero no vemos nada de trabajo y los años pasan y se les acaba el tiempo, y los delitos cometidos pueden prescribir. Tal vez eso es a lo que le apuestan todos, pero nosotros nos negamos a aceptarlo porque sería francamente inmoral.

Pero el caso de Ever es muy significativo, y nos comprueba que la situación que seguimos padeciendo en el estado sobre la corrupción, es una omisión de responsabilidades e impunidad de consumados delincuentes, es consecuencia directa de que las fiscalías operan contra el interés superior de nuestro territorio, y muy al contrario cuando pueden le echan un poquito más de leña al fuego, para sabotear la acción de la justicia. ¿No es acaso para escandalizarse? pero así están las cosas.

INVESTIGAN ASESINATO EN TILZAPOTLA

Tres médicos fueron asesinados la noche del viernes en la carretera a la entrada del poblado de Tilzapotla, aparentemente para tratar de despojarlos de un vehículo de lujo, informó el Fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara.

A pesar de que no portaban uniformes ni batas que indicaran que eran médicos de profesión, el hecho causó alarma. Dos de los profesionistas pertenecían al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no se encontraban en horas de servicio y uno más era médico privado.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas en un predio ubicado sobre la carretera Tehuixtla-Tilzapotla en la colonia La Presa, del municipio Puente de Ixtla cuando hombres armados amedrentaron a los médicos identificados como Oscar ‘N’ de 51 años de edad, Luis de Jesús ‘N’ de 51 y Gerardo ‘N’ de 44 años, quienes al terminar sus labores se dirigieron a un lugar establecido como depósito de cervezas y venta de bebidas alcohólicas.

Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos agresores sometieron y agredieron a las víctimas para después despojarlos de sus pertenencias y de un vehículo de lujo marca Mercedes Benz, posteriormente accionaron las armas en su contra y se dieron a la fuga.

La autoridad dijo que se inició una investigación por el robo de automotor y los asesinatos, y se realizan indagatorias para corroborar si la agresión se deriva de la resistencia por parte de las víctimas para entregar el vehículo o pudiera existir algún otro móvil.

LA LIBRA EL FISCAL

*Con aprietos pero…

Nada nuevo se suscitó en la comparecencia del Fiscal General de Justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Si bien hubo cuestionamientos fuertes; de todos modos la libró y seguirá en el cargo por lo que se rumora, porque aunque hace unas dos semanas se hablaba en el recinto Legislativo de su remoción, ahora se afirma que cuenta con «padrinos» que lo apoyan tanto en la actual legislatura como en el gobierno del estado.

Desde luego, se dieron cuestionamientos fuertes como en el caso de la diputada Rosalina Mazari Espín, quien sostuvo que de acuerdo con un análisis y estudio del tema «en Morelos la impunidad alcanza el 99.6 por cierto, o sea que por cada mil delitos que se cometen, especialmente de alto impacto, sólo se resuelve una mínima parte.

Y le recordó que ahora esa dependencia cuenta con mayores recursos económicos, se contrataron más elementos policiacos, se mejoraron salarios y se equipó áreas; lo cual debería reflejarse en mejores resultados.

Ante ello, la diputada le pidió que si no puede con el cargo que renuncie, porque «le ha quedado grande la fiscalía», recalcó la legisladora.

Los diputados morenistas, Javier García Chávez y Alejandra Flores Espinoza, exigieron mayor trabajo y sobre todo generar mecanismos de protección a niños, niños y adolescentes; así como una respuesta más pronta ante los feminicidios, delitos que se han disparado en la entidad, pero disminuido en atención en la unidad especializada.

La también presidenta de la Junta Política  y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, hizo hincapié en que lo más importante en torno a la violencia e inseguridad en Morelos es hacer equipo entre los tres poderes, y los diferentes niveles de gobierno; “porque si no es así las cosas difícilmente cambiarán”.

Por su parte, Marcos Zapotitla Becerro, coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), se quejó de una disminución de las carpetas de judicialización e investigación; ya que en los últimos meses pasaron del 21 al 15 por ciento; lo cual significa que se está dando menos seguimiento a las denuncias.

Esa fue la dinámica que se vivió en la comparecencia, derivada del informe semestral de labores del fiscal, pero que podríamos sostener en nada cambiará los escenarios porque se observa que no hay estrategia clara de prevención ni de persecución del delito en el área de seguridad completa.

Lo más sobresaliente, en lo que toca al fiscal Carmona Gándara, fue que ofreció la creación de una fiscalía especializada para atender los delitos de alto impacto; área que podría estar funcionando en un plazo de seis meses, con lo que -según él- se lograría dar resultados al 100 por ciento en lo que se refiere a la impunidad.

A pesar de que se esperaba que derivado de esta comparecencia surgiera la posibilidad de la revocación del nombramiento del fiscal, la cosa no pasó a mayores, se dice en algunos círculos políticos que es porque Uriel Carmona cuenta con aliados tanto dentro del gobierno estatal como en el recinto legislativo.

Carmona Gándara sostiene no deber ningún favor al ex gobernador Graco Ramírez, y presume por el contrario una cercanía importante con el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, y otros personajes que recientemente se reposicionaron ante el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En lo referente a la actual legislatura se dice que -más a fuerza que de ganas-, un buen número de diputados está con él; porque les han encontrado antecedentes poco honorables en sus historiales.

Bueno, un funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad confió a DAD hace unos días que a través de la fiscal Antisecuestros, Adriana Pineda, se les ha leído la cartilla a algunos legisladores, porque tienen ciertos antecedentes medio delicados, que podrían salir a relucir.

Otros, le han pedido favores a los fiscales tampoco muy decentes, como liberar presuntos secuestradores, y eso los compromete de tal manera que según ciertas opiniones “la fiscalía los tiene amarrados de manos y pies”, por eso el fiscal está “muerto de risa” y desde luego no se va porque la ley lo ampara, dice. ¿Cómo la ve?

¿ESTA VEZ SERÁ EN SERIO?

*Van diputados por los dos fiscales

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Rosalina Mazari Espín, anunció que se ha solicitado la comparecencia del Fiscal General de Justicia del estado, Uriel Carmona Gándara, a fin de que aclare ante el Legislativo el incumplimiento de sus responsabilidades.

Recordó que la Fiscalía cuenta hoy con un buen presupuesto, pero no se ven los resultados esperados, y agregó que «yo estoy proponiendo que valoremos la permanencia en el cargo tanto de Uriel Carmona como del Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, porque se han dedicado a proteger ex funcionarios de los delitos cometidos cuando ocuparon cargos públicos», dijo.

Recordó que para ese cambio se necesita por lo menos 13 de los 20 votos de diputados que integran la legislatura; de tal forma que cabildeará entre sus compañeros para buscar que la propuesta prospere.

Mazari Espín consideró que luego de un año ambos «servidores públicos» están obligados a rendir cuentas, pero estimó que lo más correcto sería que se fueran, y esa decisión le corresponde al Congreso en pleno tomarla, si ellos mismos no lo hacen ante los malos resultados que se ven.

Ojalá que esta vez exista voluntad de la mayoría de diputadas y diputados porque no hace falta mucho talento para darse cuenta que los fiscales son cómplices y protectores de funcionarios del pasado reciente, que desmantelaron prácticamente a la entidad.

Y se entiende, porque ambos fueron colocados ahí por el ex gobernador Graco Ramírez; pero más aún, Uriel tomó el cargo en tiempo del tabasqueño y el otro se desempeñó como Consejero Jurídico y otros cargos en la misma administración.

No tienen la capacidad, ni mucho menos el compromiso con los morelenses, para mantenerse al frente de tan importantes instituciones; por eso es que lo que propone Mazari Espín, es lo más sensato.

Pero para tal efecto, por lo menos deben actuar en bloque 13 diputados, porque sabido es que las siete mujeres integradas en el “Frente Graquista Morelense”, que encabeza Tania Valentina Rodríguez Ruiz, están ahí con el compromiso de protegerle las espaldas a Graco y sus ex colaboradores.

Le harían un enorme favor a Morelos si consiguen echar fuera a Carmona y Salazar Núñez, porque hasta se presume que además están coludidos con grupos de delincuentes en la estrategia del tabasqueño para seguir desestabilizando a la entidad.