CUENTAS PENDIENTES

Entre tantas arbitrariedades, heredadas por el ex gobernador Graco Ramírez, está el caso de las fosas de Tetelcingo en los municipios de Cuautla y la de Jojutla.

Cientos de personas no identificadas, desaparecidos, víctimas de la delincuencia y hasta en acciones policiacas, fueron depositadas ahí sin la más mínima consideración y con escasos trámites en algunos casos o irregularidades.

Por más presiones que en su momento se hicieron para obligar al gobierno anterior a permitir revisar los cadáveres, a fin de ver si desaparecidos quedaron ahí, no hubo mucha voluntad.

Hoy, a años de distancia, siguen familiares de algunas víctimas exigiendo justicia con protestas y manifestaciones. Familiares continúan clamando por un acto por parte de las instancias «competentes», como la Fiscalía General y la Comisión de Víctimas, que todo indica es la autoridad más interesada en que esos temas e investigaciones prosperen.

¿Por qué? sencillo, el señor Fiscal Uriel Carmona fue nombrado por el ex gobernador Graco Ramírez, y su compromiso es protegerle las espaldas, en temas tan delicados como éste.

Algunas madres de desaparecidos o asesinados, como María Concepción y Amelia Hernández, Oswaldo Cándido o Liliana Domínguez; con la asesoría de abogados, entre ellos, Octavio Lazcano y Javier Guerrero, denunciaron precisamente que la Fiscalía intenta archivar esos expedientes relacionados con sus hijos.

Incluso, debieron informarse en el sentido de que hay una obligación oficial para la reparación del daño, y sobre todo tendrían que recibir apoyo legal gratuito, en lugar de contratar servicios de abogados particulares. Pero no existe esa disposición, por el contrario hay que litigar contra la propia Fiscalía para que actúe, así de perversas están las cosas con Uriel Carmona.

Este tema muestra con mucha claridad el nulo esfuerzo de algunas instancias para buscar, por lo menos, hacer un pequeño acto de justicia para aquellas familias que sufren el dolor por la pérdida de alguno de sus integrantes.

Cuando acuden a quienes están obligados a acompañarlos en su calvario, a reparar daños morales, económicos o psicológicos; se encuentran que todo es un simulacro.

Vivimos en medio de la podredumbre, porque muchos funcionarios son parte misma de las mafias que tienen sometido a Morelos, y a pesar de que viven con el dinero del pueblo, tienen relaciones de corrupción con los maleantes, logran sumar ganancias, dándole la espalda a la ciudadanía.

La red de la delincuencia organizada ha escalado a los más altos niveles en el ejercicio del poder público; ha sustituido al gobierno en algunas zonas y manda desde dentro de las corporaciones policiacas que están a su servicio, por eso son los que mandan y se mueven con toda la impunidad. Morelos es un estado minado.

Quienes gobernaron la entidad desde hace más de una década, fueron cediendo terreno a los criminales, los dejaron crecer de más y hoy el poder que ostentan es prácticamente superior al de las autoridades formales.

Lo de las fosas es un asunto sin resolver, y eso daría incluso hasta para que Graco fuera a la cárcel, pero para eso dejó a dos fiscales, el General de Justicia y el Anti Corrupción, Juan Salazar Núñez.

Bueno, aún en el Congreso local, el titular de la Entidad Superior de Fiscalización es también gente suya, como la mayoría de los diputados locales ¿cómo la ve?