Opinómetro

NO ESTAMOS PREPARADOS, PERO NO NOS PREOCUPAMOS

Durante la última encuesta realizada por el equipo de DAD, 2 de cada 3 encuestados en Morelos respondió que tiene al menos un familiar o persona cercana que sufrió algún daño material o humano; durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

86% piensa que hubo actos de corrupción por parte de las autoridades estatales y municipales al distribuir la ayuda a damnificados del #19S y apenas 2% cree que no lo hubo, 12% dijo no saber.

A pesar de los sismos de 2017 y de 1985 en #México, 8 de cada 10 personas entrevistadas NO cree que estemos mejor preparados para otra contingencia, sólo 4 de cada 10 participaron en un simulacro el pasado 17 de septiembre.

Firma Sedatu nuevo convenio a Morelos

A un año y medio del terremoto del 19 de septiembre del 2017 cientos de familias, cuyas viviendas fueron parcial o totalmente dañadas, no han recibido recursos para recuperarlas.

Ante ello, hoy se firmó el convenio de reconstrucción entre municipios, estado y Federación; a fin de dar seguimiento al problema.

En ese contexto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (SEDATU), Ramón Guillermo Meter Falcón, firmaron el convenio por 720 millones de pesos; para el caso de Morelos. De ellos, 460 millones se canalizarán a vivienda; 91millones a educación; 70 para Salud y 10 millones al rubro de Cultura.

El funcionario federal reconoció que lo anterior no es suficiente y que se requerirán más fondos para continuar, para el año próximo.

Hay que recordar que no obstante haberse destinado en promedio ocho mil millones de pesos en el 2017 para atender a los damnificados; el 80 por ciento del dinero nunca llegó a su destino.

Se dice que miles de millones de pesos fueron desviados, la mayor cantidad para financiar la campaña del hijastro del ex gobernador Graco Ramírez, lo anterior sin contar las miles de despensas que llegaron en apoyo a los afectados.

Más y más corrupción del INAH Morelos

Al igual que ocurrió con fondos y apoyos para la recuperación de daños causados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado por parte del gobierno de Graco Ramírez, desviando miles de millones de pesos para fines personales, también en la representación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha venido ocurriendo algo parecido.

Personal de la propia institución denuncia graves acciones de corrupción que dan fe del desvío de un alto porcentaje de los recursos procedentes del gobierno federal y de la aseguradora que viene cubriendo daños en una de las etapas.

Desde luego que quien ha permitido y fomentado el saqueo y abuso es la Directora General del centro, María Isabel Campos Goenaga, y para tal efecto se ha venido apoyando en una red de «colaboradores» cercanos que son los que aterrizan el negocio, que es ya motivo de escándalo y que se sale de control porque hay empresas que se sienten engañadas por incumplimiento en los trabajos de recuperación.

Hablamos de Fernando Duarte, coordinador de monumentos históricos, que apoyado en sus subalternos José Alfredo Jiménez y Nicolás Mendez Pantalón, que se han dado a la tarea de saquear a la dependencia federal en Morelos.

Cabe decir que Duarte ni siquiera es morelense, viene de Veracruz y hasta presume de ser familiar del ex gobernador Javier Duarte preso por robo al erario en aquella entidad.

El señor es quien lo decide todo, en lo que a asignación de contratos de obra se refiere y tiene a dos o tres empresas que acapararon cerca del 50 por ciento de los más de 350 inmuebles afectados, por daños calculados en más de mil millones de pesos.

Los trabajos se desarrollan en capillas, conventos o ermitas y se iniciaron con los apuntalamientos, a fin de evitar que los daños se fueran acrecentando.

Claro, a los anteriores personajes involucrados en estos presuntos cuantiosos desvíos, se agregaba a la coordinadora jurídica, Alma Rosa Cienfuegos, vía Madaí Quinteto Espinal, como su auxiliar.

Aquello, conforme a las denuncias, muestra una absoluta improvisación, no existe una bitácora de los apuntalamientos, que es un requisito en obra pública. Son ochenta reparaciones simuladas, una de ellas se dió en Atlatlahucan, pagada en 236 mil pesos, aunque nunca se realizó el trabajo; es decir, en muchos casos pareciera que hay desvíos que pudieran configurar delitos tales como el peculado agravado.

O sea, hay empresas, como Escoda, Socsa y Torreza que son las que acaparan casi todos los trabajos y las cuales se les paga hasta por adelantado.

Pero también más de media docena, a las que se les entregó un 35 por ciento de lo presupuestado y a pesar de que ya casi han concluido las reparaciones, simplemente se les niega lo correspondiente, bajo toda clase de argumentos a fin de evadir los compromisos de pago.

Incluso vía el área jurídica del INAH, se iniciaron denuncias contra esos constructores sin la existencia de elementos, a fin de amedrentarlos y de que desistan en sus intenciones de cobro, advierten los afectados.

Además, la titular del INAH en Morelos mantiene de aviadores a una pareja de arquitectos que viene de Zacatecas y a la que le pagan 240 mil pesos al mes. Se trata del matrimonio formado por Mónica Fernández y Javier González, quienes con cargo al Fondo Nacional de Desastres, Fonden, supuestamente realizan trabajos para evaluar y aprobar los proyectos, aunque en términos reales el tema lo dejan en manos del personal del instituto.

La aseguradora Yorg de Banorte es la que cubre parte de los daños, pero se afirma que hay una especie de amasiato entre los ejecutivos de la misma y la directora del centro. El negocio consistiría en inflar costos y presupuestos para disponer de márgenes de ganancia entre las partes.

Hay empresarios que han advertido del inicio de demandas tanto laborales como penales o por daño patrimonial en contra del INAH, a fin de buscar cumplimiento en los acuerdos pactados, y que María Isabel Campos, conjuntamente con Duarte, su brazo ejecutor, no quieren reconocer. En concreto, igual que Graco, se presume del desvíos por cientos de miles de peso; mientras que iglesias y conventos siguen en el abandono y desmoronándose.