CONGRESO-SCJN

Por sus acciones los conoceréis

Finalmente, y casi en el último minuto, el Congreso local de Morelos aprobó ayer con una votación mayoritaria de 13 diputados y siete en contra, ordenar la transferencia de 26 millones de pesos para pagar a jubilados del Poder Judicial del estado, resolución ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal federal había dado como fecha fatal para tal efecto este7 de noviembre, bajo la advertencia de que, de no ser así, podría haber destituciones masivas de diputados y funcionarios estatales.

Pero, a pesar de ello, y de que era una disposición superior e inapelable, hubo legisladoras que sufragaron en contra; es decir, apostándole al desacato y la confrontación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una acción inédita y que muestra cómo hay quienes le apuestan al fracaso institucional, las siete integrantes del Frente de Mujeres Progresistas (Graquista), encabezadas por la principal operadora del ex gobernador, Tania Valentina Rodríguez, se opusieron al cumplimiento de esa disposición que era una orden.

Habrá ahora qué esperar a ver si la SCJN da por válido el acuerdo o exige que sea bajo mayoría absoluta, que con base en los 20 legisladores, tendría que haber sido respaldado por 14 votos de los 20 votos.

Y por otro lado, igualmente, conocer si además de aceptarlo la Corte con 13 votos, o dispone de algún procedimiento o sanción en contra de ese grupúsculo de legisladoras en rebeldía.

Lo lógico debería ser que se les inicie el procedimiento legal correspondiente para un juicio político o desafuero, por tan grave osadía.

Entonces pues, continúa en manos de la corte el asunto y por lo tanto hay que esperar a que se manifieste este órgano jurisdiccional, que debe ser en breve porque a su vez el Poder Judicial del estado sigue a la espera junto con sus pensionados.

RENUNCIA MINISTRO POR INVESTIGACIONES

Luego de que ayer por la tarde se conociera la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a quien restaban más de 11 años de ejercicio en su nombramiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador  consideró que su petición podría obedecer a las denuncias que se abrieron en su contra en la Fiscalía General de la República por la transferencia de recursos con cuentas del extranjero, lo que alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera.

El mandatario dijo que aceptó la renuncia y se continuará con el procedimiento en el Senado de la República, y aventuró que tal vez lo hizo para no obstaculizar las investigaciones en su contra, aunque precisó que será al Senado a quien corresponda analizar los motivos, ya que de acuerdo con la ley un ministro sólo puede separarse con motivo de faltas graves.

Medina Mora, cuyo nombramiento en el último periodo del ex presidente Enrique Peña Nieto fue severamente cuestionado por su relación personal con él y otros políticos, ya que fungió tanto en gobiernos del PRI en el Estado de México como del PAN después de la transición política del año 2000.

Desde el año pasado el ministro habría sido cuestionado por sus resoluciones como en el caso de las acusaciones en el estado de Chihuahua con la operación Zafiro de traslado de recursos financieros presuntamente para sobornos y otros.

A mediados del presente año se hizo una publicación en El Universal en donde se revelaba la existencia de menos 32 transferencias financieras a las cuentas del ministro desde el extranjero, mismas que fueron desmentidas por él mismo. Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el hecho y dijo que estaba colaborando con investigaciones que estarían haciendo las fiscalías de Estados Unidos e Inglaterra.

Durante los gobiernos panistas también tuvo altos cargos en el gobierno, como la dirección del Cisen en el gobierno del ex presidente Vicente Fox, y posteriormente la Secretaría de Seguridad.

Fue embajador en Reino Unido en el sexenio de Enrique Peña y posteriormente en Estados Unidos, para luego ser nombrado ministro.

¿ABOGADOS?

Con la advertencia de que no se debe anteponer el interés particular sobre el beneficio social, el juez Tercero de Distrito negó un amparo al magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, quien se negaba a acudir a sesionar a la sala que le correspondía en el Circuito Oral de Segunda Instancia.

La autoridad federal, casi hizo un llamado de atención al juzgador morelense, ya que advirtió en la conclusión de la resolución de su amparo que: “…la sociedad está interesada en funcionarios impartidores de justicia se ocupen de su actividad jurisdiccional con dedicación, empeño, esmero y disponibilidad de tiempo, para impartir justicia pronta y expedita.”, remata el texto.

Cabe señalar que el magistrado, que forma parte de la disidencia en contra de la presidenta Carmen Verónica Cuevas, no ha acudido a las sesiones de pleno convocadas desde principios de mes; pero buscó el amparo de la justicia federal para la no trasladarse de sede, donde se concentró el Circuito Oral Penal de Segunda Instancia que le corresponde en la Ciudad Judicial.

La medida, argumentó el Tribunal Superior de Justicia es equilibrar la carga laboral entre jueces y magistrados; además de optimizar los recursos materiales y humanos, así como abatir el rezago.

“Este juzgado (expresó la autoridad federal) considera que debe negarse la suspensión provisional a la parte quejosa, pues de lo contrario se violarían disposiciones de orden público e interés social”, recalcó.

magistrado Juan Emilio Elizalde
Magt. Juan Emilio Elizalde.

Este es el tercer revés que reciben los magistrados disidentes, que promovieron a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDHEM) -cuya titularidad tenía el novio de la ex magistrada presidenta Nadia Luz Lara-, un recurso de inconstitucionalidad en contra de algunos aspectos de la nueva ley reglamentaria del Poder Judicial y de la Constitución del estado que se reformó en el sexenio pasado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró  improcedente la acción de inconstitucionalidad, además de que hizo a un lado la revisión sobre el periodo de permanencia de los magistrados, lo que otorgó el aval para que la magistrada presidenta para continúe en el cargo; lo que en los hechos exhibe la falta de criterios jurídicos que se utilizaron.

Adicionalmente, declaró infundados los argumentos de la CEDHEM para defender el Consejo de la Judicatura, en el sentido de que la creación de una Junta Administrativa distraería a jueces y magistrados de la función jurisdiccional; puesto que habría un órgano especializado en la materia”, comentó en el documento el ministro ponente, Javier Laynez Potisek.