ACUERDAN RESCATE PARA MUNICIPIOS EN MORELOS

El gobernador de Morelos y las y los alcaldes de la entidad acordaron esta tarde, junto con diputados locales buscar un mecanismo legal que les permita ajustar las leyes de ingresos municipales, que no fueron aprobadas en el pleno por falta de votos.

Convocados por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, 34 de 36 alcaldes del estado se reunieron esta tarde con el mandatario y los secretarios de Gobierno y Finanzas; así como los diputados Alfonso de Jesús Sotelo, presidente de la Mesa Directiva, Rosalina Mazari diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y sus compañeros legisladores Marcos Zapotitla Becerro, José Casas y Dalila Morales.

En el encuentro, realizado en la residencia oficial, se informó que habrá una bolsa de 50 millones de pesos que el gobierno del estado presupuestó para que los municipios hagan frente a los laudos (deudas laborales); además de que se destinarán 26 millones de pesos para mejorar el salario de los policías municipales, y brindarles prestaciones médicas y seguro de vida.

“Morelos nos requiere unidos, la responsabilidad de que al estado le vaya bien es de todos, no sólo de unos cuantos. Si vamos todos hacia el mismo lado; sin distraernos, vamos a lograr que ganen los ciudadanos que son quienes confiaron en nosotros”, expresó el mandatario estatal.

Convocó a que se realice un diálogo respetuoso entre diputadas y diputados con las autoridades municipales, para que tengan la oportunidad de exponer el contenido de los paquetes económicos para el ejercicio fiscal 2020, aún pendientes de ser aprobados.

«SOMOS TERCEROS PERJUDICADOS»: VILLARREAL

Buscan solución entre Legislativo y Judicial

El Secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, sostuvo una reunión con la Comisión de Hacienda del Congreso local, encabezada por su presidente Rosalina Mazari Espín, con el propósito de buscar una solución al conflicto entre el Legislativo y el Tribunal Superior de Justicia, en torno al pago de jubilados.

Villarreal se quejó de que «como poder Ejecutivo somos terceros perjudicados, porque este asunto debió resolverse sin la necesidad de recurrir a los tribunales federales», expresó.

Como se recordará, el Congreso local tuvo que transferir por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 26 millones de pesos al TSJ, a fin de que éste cumpliera con el pago a 115 jubilados, a quienes se les dejó de cumplir esa asignación desde hace ya algunos años.

Los recursos ya venían etiquetados para tal efecto en el presupuesto que se dejó a la cámara; sin embargo, por diferencias políticas los diputados se negaron a hacer esa entrega, lo que llevó a la parte afectada (el Poder Judicial de Morelos) a recurrir a un amparo ante la justicia federal, instancia que dio la orden para que se cumpliera y hasta la fecha sigue sin ejecutarse la resolución de la Corte.

Y, si bien al respecto no hay un plazo fatal, la advertencia es que de reiterarse en el incumplimiento podría haber consecuencias, como la destitución de las autoridades responsables o un juicio político a los legisladores, por negarse a cumplir la instrucción de la SCJN.

Sobre el dinero, ¿qué fue lo que pasó?, ¿dónde quedó, porque hasta donde se sabe ya estaba autorizado?, pues de ese calibre son las maldades cometidas, entre otros, por quien fuera la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina, cuando controlaba o tenía el apoyo de la mayoría de los diputados. Y los jubilados y pensionados, a la espera de que les resuelvan.

El asunto es que el gobierno estatal, en calidad de mediador, está obligado a conminar al Legislativo a fin de que haga lo conducente, o irán al castigo en paquete.

Por cierto, ya con la cara dura y el coraje retorcido por haber sido sacada, casi a patadas de la Junta Política, entre los integrantes de la Comisión de Hacienda estaba la diputada Tania Valentina del Partido del Trabajo, y otras del “séquito graquista”, como la esposa del presidente estatal del PRD, Rosalinda Rodríguez Tinoco.

¡CUÁNTA VERDAD!

El pueblo tiene el gobierno que merece

Morelos pasa por momentos críticos, hay un desentendimiento de poderes públicos, ausencia de compromisos de muchos representantes “populares», un altísimo nivel de ignorancia de la mayoría de ellos; porque no tienen formación, ni experiencia, ni amor a su tierra, sólo intereses malsanos.

Lo vemos muy claramente y con tristeza en el Congreso local. Podemos asegurar y con poco margen de error, que un 90 por ciento de los legisladores no tienen ni idea de lo que es legislar.

Salvo raras excepciones, como en el caso de Rosalina Mazari, José Casas González, Javier García o Marcos Zapotitla; el resto lo único que hace es esperar la quincena para cobrar.

Igual y algunos o algunas más pudieran tener algo de capacidad, pero hasta hoy pusieron sus intereses personales por delante y su desempeño, y su vinculación con el pueblo y su trabajo es nulo.

Toda esa telaraña de ineficiencias y corruptelas lleva a que, no obstante haber comenzado el segundo año legislativo, no nombran aún a los responsables de órganos de control interno como la Junta Política, de Gobierno y de la presidencia de la Mesa Directiva.

Y por lo que sabemos eso va para largo; amen de asignaciones como el titular de la Instancia de la Auditoría Superior de Fiscalización o consejeros del IMIPE.

Para Reply, en los pocos casos, particularmente de corrupción contra ex funcionarios y ex diputados y diputadas; que han alcanzado, ha sido por investigación, pruebas y presión de José Casas González, quien ha estado detrás de esos expedientes.

Y tampoco crea que le ha sido fácil llamar a cuentas a los malandros como el ex director del transporte, Noé Sandoval, Hortencia Figueroa o Beatriz Vicera; estas dos últimas ex diputadas que ya firman en Atlacholoaya por sus vinculaciones a proceso, porque buena parte de los «representantes del pueblo» oponen resistencia por intereses con el ex gobernador Graco Ramírez. Para lograrlo han tenido que apoyarse en dependencias federales.

Bueno, se pudo sustentar que el señor fiscal nombrado por el ex gobernador Graco Ramírez, Uriel Carmona, tiene que ser destituido porque nunca paso los exámenes de confianza, y aún así el Congreso lo mantiene ahí, por órdenes seguramente del tabasqueño.

Imagínense, hasta dónde hemos llegado en la desfachatez y ausencia de moral, puro vividor del presupuesto público, producto de nuestro pago de impuestos.

Pero como reza aquella expresión popular… “como pueblo, tenemos a los representantes que nos merecemos”, porque votamos con emoción o interés, no con razonamiento.

La única posibilidad de propiciar algo distinto y mejor es evitar, en las urnas, que ignorantes y lacras se cuelen al «servicio público», de otra manera podríamos ir a peores escenarios de los que ya tenemos.

¿QUÉ PASA EN LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL CONGRESO?

Hace dos semanas, en una sesión ilegal porque no tuvo el quórum requerido por la ley, la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos aprobó las cuentas públicas de varios municipios; lo que avaló ya definitivamente los ejercicios del trienio pasado 2016 -2018.

En la reunión, convocada por la presidenta de la comisión, la diputada Rosalina Mazari Espín, votó inclusive personal subordinado a dicha legisladora como son Mirna Benítez y Rodrigo Castañeda, violentando toda la legalidad, porque sólo asistieron la misma Rosalina, Andrés Duque, Dalila Morales y Maricela Jiménez.

Diputada Rosalína Mazari Espín.

Con este acto queda en evidencia que la diputada Mazari actúa bajo sus propios intereses, ya que también apreciamos una diferencia entre el decir y el hacer cuando avaló el reemplamiento que por un lado denunciaron y rechazaron la mayoría de los legisladores, pero que en los hechos aprobaron perjudicando a los ciudadanos quienes somos quienes pagamos las consecuencias.

Esa medida, podría haberse implementado por seguridad,pero sin ocasionar una afectación a los bolsillos de los ciudadanos. Ya algunos priistas han empezado a cuestionarse de qué lado está esa diputada, porque ven con extrañeza que su hermano se haya sumado al gabinete en el cargo de rector de la Universidad Politécnica (UPEMOR).

Se aprobaron las cuentas públicas de municipios como Cuernavaca y Jojutla, etre otros, este último donde fungió el hoy diputado Alfonso de Jesús Sotelo Miranda “Ponchito” ex presidente de la Mesa Directiva: Se dice que como parte de las componendas o complicidades del nuevo grupo de poder, donde es clara la inclinación de la legisladora ixtleca.