APOYO, PERSONAL Y TECNOLOGÍA DEFICIENTES; CES

Durante su comparecencia ante diputados del Congreso local, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, admitió deficiencias en la prevención del delito y se quejó de deficiencia presupuestal, falta de tecnológica y de personal; lo que impide que tenga mejores resultados.

Recordó que relacionado con el personal, situación que ya le hemos informado en este medio, se necesitan al menos cinco mil policías más en el estado; ya que se dispone de menos de cuatro mil, y de ellos el 45 % desarrolla tareas diferentes a la prevención.

Los legisladores, José Casas González y Alejandra Flores, cuestionaron la falta de estrategias que derivan en el poco avance para el combate a la delincuencia, y el diputado Marcos Zapotitla, quien ha trabajado muy de la mano con el CES moderó la sesión de preguntas y respuestas.

Casas González le dijo a Guarneros que había protegido a presuntos policías corruptos de Cuautla, a lo que el funcionario respondió con relación a lo que sucedido el 11 de enero por un enfrentamiento entre policías municipales y estatales; permanecía la separación del cargo de los protagonistas de ambos bandos, mientras se investiga el fondo de la situación.

Se deslinda

En lo referente a la falta de operación de muchas de las video cámaras en las calles, dijo que algunas que son de los Convives y tienen diferentes problemáticas por falta de conexión o mantenimiento y más de mil del C-5 que se están reparando.

El comisionado reiteró que en lo referente a los elementos policiacos hay cerca de 250 que no pasaron los exámenes de control y confianza, por lo que deberán ser dados de baja, pero no hay dinero para liquidarlos y reemplazarlos.

Sobre la operación del Segurichat, la vía de queja y denuncia directa de los ciudadanos, dijo que ha dado mejor resultado que otros mecanismos, incluido el 911, donde muchas llamadas son falsas alarmas o dan datos falsos, mencionó.

Además consideró una pena que dos de las tres academias del estado estén cerradas, porque fueron construidas con recursos del Plan Mérida, dijo.

CUANDO SE GOBERNABA CON LA MAÑA

La situación en cuestión de delincuencia y gobernabilidad a nivel de presidencias municipales en el estado parece estar mostrando algunos cambios que se nos antojan positivos, y que ojalá se conviertan ya en una constante.

Aquí seguimos sosteniendo que la administración del ahora ex gobernador Graco Ramírez Garrido se distinguió por una complicidad prácticamente abierta y descarada con la delincuencia organizada; muy particularmente le dio manos libres al grupo mafioso encabezado por Santiago Mazari, alias “El Carrete», hoy preso igual que dos de sus hijos que se dedicaban a lo mismo.

Para acabar pronto, los criminales co-gobernaron con Graco, y en ese tenor todo estaba pervertido, quienes desde los ayuntamientos no se ajustaban a sus intereses; tanto del tabasqueño como de los delincuentes, sufrían las consecuencias.

Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco para el trienio 2015-2018 fue una de esas víctimas de la perversión política, y como ella muchos otros ediles estaban sometidos y amedrentados por los criminales, que les fijaban cobro de piso, presuntamente amparados con la venia de palacio de gobierno.

Los alcaldes y los ciudadanos vivían en medio de un escenario permanente de terror y miedo, en total indefensión, porque se estaba literalmente en manos de la delincuencia.

Desde luego que esas prácticas no están desterradas, sobre todo al sur poniente de Morelos, el entorno continúa siendo bastante preocupante en esa materia, pero sí vemos algunos cambios, en especial, a partir de que se le dio un manotazo a “Los Rojos» y se atrapó a los principales cabecillas, empezando por Mazari.

Hay la percepción de que algunos presidentes incluso aprovecharon que desde palacio se propiciaba la maldad y buscaron beneficiarse, secundando esas acciones de protección a las gavillas de maleantes, uno de ellos, el hoy ex edil de Jiutepec Manuel Agüero Tovar, algo se insiste por ahí en torno a Yautepec, Agustín Alonso; por citar a algunos.

Y si quedaban dos o tres alcaldes metidos en el lodo, pues con éstas acciones del Mando Policiaco Coordinado como que les dio escalofrío, y por lo menos han tenido que guardar las formas; ello igual que algunos diputados locales como en el caso de la legisladora Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien promoviera como candidatos a algunos de esos personajes de dudosa honorabilidad y que postuló para alcaldías vía el Partido del Trabajo.

Ahí está también preso en Durango su candidato Alfonso Miranda Gallegos, quien se sigue ostentando como presidente municipal de Amacuzac en la cárcel, acusado por presuntos delitos contra la salud, asesinatos y lo que resulte.

Pero antes ya había sido diputado local y ex alcalde, ¿de dónde cree usted que salió?, pues del PT.

Las mafias están incluso dentro de algunos de los poderes públicos locales, no se duda; no obstante han tenido que cuidarse mucho más, ante el temor de que puedan ser relacionados con los capos que han aterrorizado a nuestro estado, desde hace ya varios  años.

Vemos entonces ciertos avances en el control de la delincuencia pero hay que seguir desmantelando todas esas redes de poder, antes de que vuelvan a recuperarse, finalmente sabemos que desde las cárceles esos sujetos  suelen seguir operando con el apoyo de las autoridades carcelarias.

RECONOCEN VIOLACIONES AL PROTOCOLO Y DIFERENTES VERSIONES EN CASO CUAUTLA

El Gobierno del Estado ofreció está mañana una rueda de prensa para esclarecer los hechos que se registraron el sábado en el municipio de Cuautla, donde presuntamente se había auxiliado a una víctima de secuestro y liberado a los captores.

De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas precisó que no se trató de un caso de secuestro o
privación de la libertad, sino de un conflicto entre particulares «que derivó en hechos violentos y deficientes procedimientos
policiales que ya han sido denunciados».

«Debido a las distintas versiones que de manera inicial circularon en redes sociales y medios de información, y que generaron la intervención de la policía municipal; se desprenden dos narraciones que por sí mismas se
contradicen:

«La primera que hubo un reporte de disparos y presuntas víctimas de secuestro en la Colonia Iztaccihuatl del Municipio de Cuautla (Versión del director Operativo de la Policía Municipal de Cuautla), y segundo una riña entre particulares generada por la compra-venta de un vehículo (versión obtenida del Informe P Hechos)».

Derivado de lo anterior, expuso el funcionario, y de que fueron identificadas contradicciones en los horarios de atención del incidente vía la radio operadora del servicio 911, se estableció de manera clara que hubo presuntas irregularidades en el procedimiento policial municipal.

Ante ello, y el hecho de que evidentemente las discrepancias afectan y vulneran la credibilidad de las corporaciones policiales y de las autoridades en todas las esferas; el Gobierno del Estado de Morelos ha
establecido un seguimiento de los hechos, y de la intervención realizada por la Comisión Estatal de Seguridad en investigación a
cargo de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de Asuntos Internos de la CES.

Hasta ahora realizadas, se establece preliminarmente que personas provenientes del Estado de México acudieron a un taller mecánico ubicado en la colonia Iztaccihuatl del municipio de Cuautla, a buscar a la persona que les vendió un vehículo tipo Bora de color rojo, modelo 2008, para reclamarle porque presentaba fallas mecánicas.

Ante la inconformidad de los compradores, se generó una riña con integrantes del mencionado taller, que dio como resultado
que uno de los compradores provenientes del Estado de México, sacara de su vehículo tipo Aveo, color blanco con una franja azul, un arma tipo AK-47, conocida como cuerno de chivo, con la que amenazó a los trabajadores del taller, siendo un trabajador del mismo taller quien sacó un arma corta con la que amagó y desarmó a los primeros agresores que a su vez habían golpeado a varios familiares del dueño del establecimiento.

Del conflicto suscitado, se solicitó apoyo de la policía uniformada y cuando los elementos municipales llegaron al lugar de los hechos, un grupo de 20 a 25 personas entregaron a los policías a quien portaba el arma larga, persona que presentaba visibles huellas de violencia por haber sido sometido, y también les entregaron el arma corta, lo que contradice la versión pública narrada a los medios de comunicación por el director Operativo de la Policía municipal.

Otra inconsistencia fue detectada en la bitácora de la radio-operadora de la Policía de Cuautla, en la que refiere que el guardia de seguridad de un centro educativo cercano y un velador, reportaron el arribo de tres masculinos con golpes visibles, refiriendo haberse escapado de un lugar donde estaban privados de la libertad, circunstancia totalmente opuesta a lo declarado ante la prensa, en el sentido de que la acción policial se produce por un reporte de disparos de arma de fuego en el recinto ferial.

De igual modo, la radio-operadora de Cuautla reporta al 911 el mismo incidente 25 minutos después de iniciada la operación policial, variando la información al tratarse de dos víctimas varones y una mujer, en tanto que el registro de la bitácora municipal establece, como se ha dicho, que se trataba de tres
masculinos.

Uno de los hombres auxiliados por la policía, refirió ser “víctima de privación de la libertad” y señaló el domicilio donde los tuvieron cautivos, siendo un lote de autos ubicado en la colonia Iztaccihuatl, sitio donde reconoce fueron golpeados y amenazados de muerte. Lo anterior motivó un operativo a cargo de la policía municipal, como quedó registrado en las bitácoras de la estación de radio Cuautla y confirmado públicamente por el director operativo municipal.

Como resultado de esta acción, de acuerdo a la bitácora, a las 15:36 horas realizaron la detención de Miguel “N” y de Karen
“N”, quienes fueron trasladados por los elementos municipales a Torre 21 junto con dos armas de fuego; una larga y una corta,
que indican fueron aseguradas en dicho lote de autos, para su puesta a disposición, argumentando que al arribar a esas instalaciones recibió la orden de llevar a los dos detenidos a sus domicilios y poner a disposición del Ministerio Público a las tres víctimas en la “PGR” de Cuernavaca junto con las armas.

Es necesario destacar que la versión de los hechos plasmada en el Informe Policial Homologado (IPH) entregado ante la Fiscalía
General de la República, difiere de la bitácora de la Policía de Cuautla al no considerarlos como víctimas sino como detenidos, también existe variación en la circunstancias de la detención y se presume que oculta la forma en que elementos municipales irrumpieron de manera ilegal en el inmueble, tal como lo
reconoce en su declaración pública el mando policial.

Tales irregularidades provocaron confusión en la ciudadanía, al divulgarse por el mando policial local una versión de los hechos
con los que presuntamente intenta encubrir actos irregulares en su desempeño policial, entre ellos:

 El allanamiento a una propiedad privada sin orden de cateo ni justificación legal para el ingreso al inmueble.

 Hurgamiento y robo superior a los 700 mil pesos en efectivo, al interior de las diferentes viviendas que conforman el
inmueble.

 Daños en los medios de acceso al predio, a los cuartos y mobiliario que lo conforman.

 Detención de dos personas sin encontrarse en alguna de las hipótesis de flagrancia que contempla la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 Violaciones al debido proceso al no haber cumplido con la implementación de protocolo de primer respondiente y el protocolo de la cadena de custodia.

Lo anterior se desprende tanto en los informes policiales homologados (IPH), actas de entrevista y periciales realizadas en el lugar, lo que nos permite preliminarmente afirmar, que se trata de un presunto abuso de autoridad por parte de la corporación municipal, que deberá investigar el Ministerio Público.

Ante los hechos, la Comisión Estatal de Seguridad dio vista alárea de asuntos internos, a fin de realizar las investigaciones y el análisis de la información que permita determinar el nivel de responsabilidad de quienes realizaron una intervención fuera de la ley y que deriva en el detrimento de la credibilidad y confianza en las autoridades encargadas de garantizar la
seguridad de la ciudadanía.

Adicional a lo anterior, y ante la posible comisión del delito de privación de la libertad, allanamiento y daños, el Gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó al Fiscal General Uriel Carmona Gándara, su intervención a fin de encabezar las investigaciones que correspondan para llegar a la verdad histórica de los hechos y establecer de manera puntual, las responsabilidades tanto de los elementos como de quienes
participaron en la riña, y con ello, se aplique la justicia de conformidad con lo que a derecho corresponda.

Con la finalidad de generar las condiciones para realizar las investigaciones correspondientes, Gamaliel González Ravelo fue separado como Comandante del Mando Coordinado en el Municipio de Cuautla, al tiempo de emitir un oficio en donde se
solicita al Edil, proceda de igual forma con su director operativode seguridad.

«Quiero enfatizar que el gobierno de Morelos, bajo ningún argumento tolerará abusos por parte de corporaciones policiales, que tienen la misión de generar condiciones de
estabilidad social al garantizar una mejor seguridad pública en toda la entidad, y con ello, el desarrollo de las comunidades», dijo el encargado de la gobernabilidad de la entidad.

«No podemos aceptar conductas que contrarias a los preceptos de legalidad con las que deben regirse las corporaciones morelenses y que lejos de hacer prevalecer el estado de derecho, violenten las garantías individuales de la ciudadanía.

«Reprochamos estas acciones y el intento de cubrir actuaciones ilegales que afectan a la sociedad en su conjunto y que entorpecen la procuración y la impartición de justicia», recalcó.

El Gobierno de Morelos habrá de dar puntual seguimiento a este caso y sin distinción alguna, con estricto apego a la legalidad y pugnará ante las autoridades para que se emitan las sanciones que correspondan, sin distinción de personas y con la firme decisión de impartir justicia de manera clara y transparente, y ejercer todo el peso de la ley en contra de quien vulnere la paz y la tranquilidad de los morelenses.

Trátese de quien se trate, tengan la certeza que no habrá impunidad en este ni en ningún caso.

Nada ni nadie por encima de la ley, asumimos la responsabilidad de garantizarlo», concluyó.

VIVIR CON LA MAÑA

Muy preocupante ha sido el asesinato de quien fuera encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, el pasado cinco de los corrientes.

Es muy pronto para exigirle a las instancias «competentes» información respecto a los responsables de tan abominable crimen; sin embargo, extraoficialmente se tienen ya algunas líneas de investigación y una de ellas es bastante alarmante.

¿Por qué? pues ésta indica que habrían sido sus propios subalternos quienes pudieron fraguar el asesinato de su jefe, es decir, que los hechos pudieron haber sido planeados a partir de que Juárez López inició una rotación de mandos de las diferentes regiones de la capital del estado, buscando con ello evitar que las largas permanencias de cada uno en la misma zona los llevara a formar o conservar complicidades entre los oficiales y los grupos de mafiosos que operan en el territorio.

Si lo anterior tiene algo de verdad; entonces quiere decir que el ahora occiso lo hizo porque tenía, quizás, elementos para considerar que ya algunos de sus mandos estaban coludidos con los mañosos, y buscó desconectarlos enviándolos a otra zona.

Los afectados habrían reaccionado de manera visceral porque se estarían afectando sus intereses; evidenciando que trabajaban a la par de los delincuentes, obviamente recibiendo lo correspondiente por esa protección y complicidad, por lo que no se tentaron el corazón para eliminar a su jefe.

Reiteramos, esta no es una versión oficial, pero ha surgido a partir de comentarios de quienes forman parte de la corporación, y por lo tanto algo pudiera tener de fondo y de realidad.

Y si por ese lado fuera la cosa, pues entonces Juan David fue víctima de la corrupción, que pareciera sigue muy arraigada, en el sector policiaco de esta ciudad capital, y por eso es literalmente imposible pensar en avances respecto al combate a la delincuencia.

Los cárteles y grupos de vándalos que azotan esta región del estado están amparados por muchos elementos que se supone están ahí para velar por el interés colectivo; para eso fueron contratados y tienen un salario bueno o malo, pero al fin es aceptado por ellos desde que entran, y para obtener más beneficios no pueden ni deben aliarse con los malos.

Tampoco podemos generalizar, sí hay aunque sean pocos, agentes policiacos buenos, honestos y comprometidos con la ciudadanía; dispuestos incluso a dar la vida en el cumplimiento del deber, desafortunadamente son cada vez más aquellos que tuercen su camino y se transforman en enemigos del pueblo.

Bueno, ya en los comentarios de algunos oficiales respecto a lo que está pasando, también se dijo que un buen número de policías los días que están “francos” (así le llaman ellos al descanso) se dedican al robo de carros.

¿Será que se llega a tanto? tampoco es cosa nueva, hay múltiples antecedentes que dan fe de que la delincuencia está dentro, y lo de David Juárez López parece ser una pequeña muestra.

Las cosas aquí en la ciudad capital de Morelos andan mal desde hace mucho, a pesar de ello el alcalde Antonio Villalobos Adán sigue negándose a firmar el acuerdo para ser parte del Mando Coordinado; en el que participan municipios, estado y federación. Su rencor hacia actores de la administración estatal ha sido más fuerte que su deber de velar por la seguridad pública y prevención del delito de los cuernavacenses.

MIDEN DESARROLLO POLICIAL DEL PAÍS

La organización de la sociedad civil Causa Común realizó un estudio con la finalidad de establecer relaciones de confianza y participación entre los mexicanos y sus autoridades que denominó Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) donde las entidades con la peor calificación son Sonora, Baja California Sur y Nayarit.

La medición, que fue presentada hace unos meses en el sexto Foro Nacional Sumemos Causas, el director de Causa en Común, José Antonio Polo, aseguró que ninguna corporación policial en el país cumple con los requisitos mínimos de ley.

El INDEPOL evalúa si la policía de los estados cumple con los requisitos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son entre otros: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, certificación y seguridad social.

Los valores de evaluación que se fijaron van del 0 a -100, donde cero es el valor que indica que la corporación cuenta con el mínimo de requisitos y 100 el máximo cumplimiento. Este año 2019, en el primer trimestre, el promedio nacional de los cuerpos policíacos del país fue de -41 puntos.

Baja California, Morelos y Puebla fueron las entidades con mejor puntaje dentro del promedio nacional, la Ciudad de México obtuvo -50 y fue la entidad peor calificada en profesionalización, apunta Causa Común.

José Antonio Polo dijo que 26 corporaciones no cuentan con las instalaciones necesarias para la formación y capacitación de policías; así como tampoco 15 cuentan con rutas de ascenso claras a las corporaciones, ni sueldos diferenciados o incentivos para ascender de nivel.

Ante estos resultados, el director de Causa en Común pidió a las autoridades de gobierno y a los partidos políticos comprometerse con la creación de un modelo de policía nacional, así como la homologación de procedimientos de operación a nivel municipal, estatal y federal para estandarizar a los elementos.

En una próxima entrega analizaremos los resultados de la encuesta aplicada a los propios efectivos policiacos sobre las instituciones en donde se desempeñan, y las condiciones laborales.

Sólo quería hacer un llamado de atención sobre esto, que indicaría que pese a la mala impresión que tenemos en Morelos por los hechos de violencia que vivimos diariamente, a nivel de índices y evaluaciones como ésta no estamos tan mal.

Recientemente el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró que en general la mayor parte de los delitos han descendido; con excepción del homicidio doloso.

¿PREGONAR CON EL EJEMPLO?

Oficiales de Tránsito y Vialidad de Cuernavaca denunciaron que fueron despedidos por el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, por pretender levantarle una infracción.

Los afectados, acompañados de otros compañeros, dieron declaraciones a los medios de comunicación de que hace unos días pararon al alcalde cuando circulaba en motocicleta por la avenida Morelos, sin el casco correspondiente, lo cual ameritaba la sanción. Sin embargo, antes de que ellos realmente corroboraran la identificación que él hacía, los insultó y actuó con prepotencia.

En fin, los elementos fueron notificados de su cese el pasado viernes, ya que el irresponsable edil reaccionó visceralmente, los insultó en lugar de felicitarlos por cumplir con su responsabilidad y los amenazó.

Lo anterior muestra que se trata de un personaje sin criterio, incapaz de pregonar con el buen ejemplo la conducta respetuosa de los reglamentos, y por el contrario al decir que él es la «autoridad», pone esa clase de ejemplo por encima de los derechos laborales de sus colaboradores.

Y si hasta ahora no ha desmentido a los agentes, pues significa que es cierto, lo cual es muy preocupante; porque exhibe la vulgaridad de quienes dicen que nos gobiernan y representan como ciudadanos.

Muy mala señal, pero, sobre todo qué injusticia el despedirlos por detenerlo, cuando cometía una infracción. Ante la denuncia formal de parte de los elementos, debería repararse el hecho, pero dado el bajo nivel de formación política e intelectual, difícilmente lo hará, por no reconocer su grosería y prepotencia.

Otros elementos que pertenecen a la corporación denunciaron que ha habido varios despidos injustificados, porque el nuevo director los presiona para tener cuotas de levantamiento de infracciones y otras irregularidades.