PROPUESTAS A LA SECRETARÍA DE OBRAS

Habrá que esperar posición del gobernador

Luego de que Fidel Giménez Valdez presentó su renuncia a la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Morelos; hace unos días desde el ámbito social y de algunas organizaciones de profesionistas relacionados con la materia surgieron propuestas para ocupar esa responsabilidad.

La posición más insistente va en el sentido de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tome en consideración las sugerencias y designe a algún profesional morelense que cumpla con el perfil, capacidades y conocimientos como para desarrollar una labor positiva al frente de esa dependencia, que la mayoría de las ocasiones se ocupa no por ingenieros o profesionistas con experiencia en ese rubro.

Por lo menos hasta este momento; son dos figuras las que parecen contar con mayor respaldo del gremio de constructores, ingenieros civiles y arquitectos: Lucio Ramírez Brugada, un excelente perito y Alejandro Rosas Pérez, éste un ingeniero civil, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos y actualmente consejero nacional de tal cuerpo colegiado.

Hay un denominador común entre ambos, son a decir verdad profesionales con prestigio y presencia en la materia; si bien no han tenido cargos relevantes en el terreno de la administración pública, han mostrado compromiso y eficiencia en la iniciativa privada, cosa nada fácil de conseguir y sobre todo reconocimiento entre los profesionistas del ramo.

Siendo honestos son muy buenos elementos, morelenses y con identidad total en el entorno local; políticamente generarían un buen ambiente y harían equipo con otros funcionarios morelenses de origen, y eso ayudaría a fortalecer la imagen del propio jefe del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la decisión es absolutamente del gobernador, la ley lo faculta para hacer las designaciones de manera directa, y ya será Blanco Bravo quien decida hacer caso o no a las opiniones y sugerencias de los interesados, porque sólo son eso; recomendaciones.

MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN

Funcionarios federales, estatales y municipales hicieron un recorrido por el denominado #Paso Exprés Tlahuica de Cuernavaca. A instancias del llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para dar seguimiento a una recomendación girada en el 2017.

¿Por qué? Pues debido a lo que ocurrió con el socavón donde perdieron la vida un padre e hijo el 12 de julio del 2017, apenas tres meses después de haber inaugurado esta vialidad el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el tristemente célebre ex gobernador  de Morelos, Graco Ramírez Garrido.

Esta obra es un momento a la corrupción, porque conforme a expertos en la materia, su costo no debió exceder de los 800 millones de pesos y se presupuestó por mil 200 millones; sin embargo, al final lo facturaron por más de 2 mil 200 millones de pesos.

Ese no es el problema principal, total, todos sabemos como inflan los números para robar; lo  inaceptable es que el proyecto se hizo con “los pies”, materiales de tercera o de cuarta; sin especificaciones técnicas y al vapor.

¿Consecuencias? Decenas de accidentes con desenlaces fatales. En un cálculo superfluo fácilmente han fallecido más de 40 personas por las pésimas condiciones de la vialidad.

El representante de la CNDH, Guillermo Casas, sólo dijo que convocó a autoridades del centro SCT Morelos, de Derechos Humanos a nivel estatal, de Obras Públicas del gobierno del estado, y el tema central es sobre deficiencias que llevaron al desafortunado mega hoyo del socavón, que se tragó un carro con sus tripulantes.

Se hizo un recorrido para ver cuánto se ha remediado, tanto en lo referente a ese punto, como a irregularidades, en unos 26 puntos más.

Usted preguntaría ¿y los responsables de todo esto? porque los hay. Pues bien, gracias, todos felices porque en esta obra se robaron cerca de dos mil millones de pesos.

Está claro que entre los que tendrían que estar ya en la cárcel sería el ex titular de la  SCT,  Gerardo Ruiz Esparza, su director en el Centro SCT Morelos y mínimo el responsable de la obra en esa dependencia, pero como se antoja que el propio Peña Nieto tenía “su moche” en el robo, pues no ha pasado nada.

Por el contrario, se tendrá que seguir invirtiendo más dinero para combatir los desperfectos y, tal vez,  «esa cochinada» nos estaría costando a los ciudadanos por arriba de los 2 mil 500 millones de pesos. Con esa cantidad, se podrían desarrollar unos cuatro proyectos similares.

El Secretario de Obras Públicas del Estado, Fidel Giménez Valdés, comentó sobre el tema que por lo menos se aprecia voluntad para hacer las reparaciones respectivas, y hay acompañamiento y trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

También, agregó que se logró un acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y ellos se responsabilizan en lo sucesivo a darle mantenimiento a ese trayecto.