Anuncia #AMLO en Cuautla consulta por la termoeléctrica y promete tarifas bajas

En su tercera visita oficial al estado, como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, oficializó la realización de la consulta pública sobre la termoeléctrica y el gasoducto para el 23 y 24 de febrero próximo, y aseguró que la operación de ese proyecto podría traer como resultado que todo Morelos tuviera la tarifa más baja de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Recordó que si se cancela el proyecto, que lleva una inversión de 22 mil millones de pesos, sería seguir comprando a empresas extranjeras la energía y se tendría una pérdida de cuatro mil millones de pesos para el país.

López Obrador regresó a Morelos luego de que el pasado 2 de febrero, cuando vino a proclamar el año dedicado a la memoria de “El Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”; fue increpado por campesinos de la zona oriente que rechazan desde hace varios años el proyecto, por lo que dijo que firmará un convenio mediante el cual la CFE garantizará que no habrá contaminación y que el tratamiento de aguas se hará con tecnología de punta.

«Yo no los engañaría ni permitiría que el proyecto destruyera la región», aclaró este domingo en un acto público realizado en Cuautla, donde fue acompañado por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo; el titular de la CFE, Manuel Bartlett; el comisionado en Morelos del gobierno federal Hugo Erick Flores y otros funcionarios.

Sobre la consulta, sostuvo que será el pueblo el que democráticamente decidirá con su voto si se cancela o no la obra, incluso pidió a funcionarios del gobierno estatal y a los grupos a favor y en contra que recorran los pueblos y las comunidades en Morelos, Puebla y Tlaxcala para que lleven información sobre el por qué apoyan o rechazan la termoeléctrica.

Ante la presencia de un grupo opositor que mostraba carteles entre el público, López Obrador comentó: «hay aquí verdaderos ecologistas, pero también radicales de izquierda o más bien conservadores que quieren que las cosas sigan igual, que no cambien. Nosotros impulsamos el cambio, el progreso y la justicia», concluyó

Nadia Luz imposibilitada para contender

La magistrada Nadia Luz Lara Chávez, quien anunció hace unas semanas que pretende participar como candidata por el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) a la gubernatura, no cuenta aún con licencia, debido a que tanto en el Congreso local como en el Impepac, y entre sus mismos compañeros no cuenta con el apoyo necesario.

Varios de los magistrados seguramente están cobrando factura por el movimiento y campaña que impulsó en contra de la actual presidenta Carmen Cuevas López, a quien para ganar notoriedad empezó a atacar por la inactividad en defensa de la autonomía del Poder Judicial, que después se convirtió en un cuestionamiento casi general en contra la conducción en general del Poder Judicial.

Por ello, esta mañana en una reunión de pleno, los magistrados señalaron en su mayoría que como primero solicitó su licencia al Poder Legislativo, ahora tendrá que someterse al principio de “primero en tiempo, primero en derecho”, en referencia a su petición para que los magistrados del pleno concedieran su separación temporal al cargo.

A menos de un mes de que se inicien las campañas para la contienda local por la Gubernatura de Morelos, ayuntamientos y diputaciones locales, la ex magistrada presidenta está imposibilitada de contender por el PVEM, tras la abstención de otorgarle su licencia para dejar el cargo por parte del Tribunal Superior de Justicia.

Se fundamentó también en su negativa a enviar la motivación para separarse del cargo, seguramente porque eso implicaría que de no ganar las elecciones pueda regresar a su cargo público, lo que sería muy cuestionado por la sociedad y sus compañeros.

¿Autoridad incapaz o negligente?

enrico cuernavaca

La semana pasada iniciamos con la noticia de que por fin había sido localizado el cuerpo de un personaje emblemático de Cuernavaca, tras más de un año de su desaparición. Nos referimos a Enrique Garfias González, qepd.

Así es, en este lamentable hecho se vuelve a confirmar la indolencia, pero sobre todo la negligencia de las autoridades de diversos niveles como es seguridad; pero también auxilio a víctimas y principalmente la Fiscalía General, que tuvo los restos más de un año sin identificar.

“Enrico” como era conocido por muchos a quienes seguramente enseñó a bailar y acompañó en su vida, desapareció el 10 de octubre del 2016 y fue hasta el 22 de enero que sus familiares tuvieron sus restos óseos, por la insistencia que tuvieron para que se practicaran exámenes de ADN a un cráneo encontrado dos meses después de su desaparición en una barranca de la zona de la colonia Antonio Barona.

Este hombre de 88 años que por más de 20 años fue reconocido por organizar clases de baile, sobre todo danzón en el Jardín Juárez y la Plaza de Armas de Cuernavaca, por fin fue identificado después del esfuerzo de sus familiares y amigos que emprendieron una campaña en su búsqueda al día siguiente de su desaparición, tapizando las calles del centro con fotocopias con sus fotos.

Nuevamente, como en el caso que llevó a su punto máximo el enfrentamiento entre el gobernador y el ex rector Alejandro Vera quien aseguró que el gobierno tenía fosas clandestinas, descubrimos que si bien no se trata de enterramientos clandestinos sí son procedimientos negligentes que no cumplen con un protocolo para catalogar e investigar verdaderamente la identidad de los cuerpos de víctimas localizadas, y mucho menos el cotejo con la base de datos de los desaparecidos como dice la ley.

A menos de un año de concluir el sexenio, poco o nada se ha hecho para poner orden en esa institución que es la Fiscalía General, que a pesar del cambio de nombre lleva años sumida en la negligencia, ineptitud e incapacidad; sin mencionar la corrupción que nos ocasionó hace 20 años el ver en la cárcel acusados de asesinato y complicidad al procurador, a su director de policía y su comandante antisecuestros o el entierro hace tres años de más de un centenar de cadáveres y restos, que fueron enviados a fosas comunes por errores de administración y sin identificar y cumplir con los protocolos nacionales e internacionales.