QUIEREN RATIFICAR A PROTEGIDA DE GRACO

Esta mañana trascendió que el Congreso de Morelos abordará tal vez mañana o en unos días un dictamen de la Junta Política y de Gobierno que propone ratificar como magistrada a quien fue la última consejera de la Judicatura en el periodo del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

El periodo que se le pretende otorgar como magistrada a Guillermina Jiménez Serafín es de ocho años; no obstante que de acuerdo con su nombramiento el mismo venció en junio del 2019, además de que la última función que desempeñó ya no existe, por la desaparición legal del Consejo de la Judicatura.

Jiménez Serafín, fue controvertida cuando fungió como juez en el Tribunal Superior de Justicia ya que conoció y liberó a quien se señalaba como responsable de la muerte de un joven de 17 años en una fiesta en la colonia Burgos, de Temixco. Joven de una familia acaudalada del Estado de México y que presuntamente había accionado el arma de su guardaespaldas, al enojarse con su amigo.

La sentencia de absolución a favor de José Pedro Sarquis fue muy controvertida, e incluso derivó en una queja por parte de los familiares de Braulio Paredes Núñez ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en contra de nuestro país.

Los hechos se registraron el 1 de noviembre del 2002 en el fraccionamiento Burgos. El Congreso debería realizar bien su trabajo, e indagar si efectivamente Guillermina Jiménez Serafín cumple con los requisitos de probidad y honorabilidad, y no sólo otorgar un nuevo periodo como magistrada por haberse amparado ante su remoción.

CONGRESO-SCJN

Por sus acciones los conoceréis

Finalmente, y casi en el último minuto, el Congreso local de Morelos aprobó ayer con una votación mayoritaria de 13 diputados y siete en contra, ordenar la transferencia de 26 millones de pesos para pagar a jubilados del Poder Judicial del estado, resolución ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal federal había dado como fecha fatal para tal efecto este7 de noviembre, bajo la advertencia de que, de no ser así, podría haber destituciones masivas de diputados y funcionarios estatales.

Pero, a pesar de ello, y de que era una disposición superior e inapelable, hubo legisladoras que sufragaron en contra; es decir, apostándole al desacato y la confrontación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una acción inédita y que muestra cómo hay quienes le apuestan al fracaso institucional, las siete integrantes del Frente de Mujeres Progresistas (Graquista), encabezadas por la principal operadora del ex gobernador, Tania Valentina Rodríguez, se opusieron al cumplimiento de esa disposición que era una orden.

Habrá ahora qué esperar a ver si la SCJN da por válido el acuerdo o exige que sea bajo mayoría absoluta, que con base en los 20 legisladores, tendría que haber sido respaldado por 14 votos de los 20 votos.

Y por otro lado, igualmente, conocer si además de aceptarlo la Corte con 13 votos, o dispone de algún procedimiento o sanción en contra de ese grupúsculo de legisladoras en rebeldía.

Lo lógico debería ser que se les inicie el procedimiento legal correspondiente para un juicio político o desafuero, por tan grave osadía.

Entonces pues, continúa en manos de la corte el asunto y por lo tanto hay que esperar a que se manifieste este órgano jurisdiccional, que debe ser en breve porque a su vez el Poder Judicial del estado sigue a la espera junto con sus pensionados.