Las ex diputadas locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, han sido citadas a declarar en torno a un desvío por alrededor de 130 millones de pesos. Pesos más, pesos menos, los desvíos presuntamente fueron cometidos a su paso por la legislatura anterior; ambas como presidentas en su momento de la Junta Política y de Gobierno del Congreso.
La comparecencia está programada para el próximo viernes 29 del mes en curso, y serían los o las primeras cómplices del ex gobernador Graco Ramírez, llamados a rendir cuentas.
Pero lo anterior se dio, de acuerdo a versiones de funcionarios del propio recinto legislativo, por un descuido de quienes tienen el compromiso de seguir protegiendo a toda esa `bola de ratas´.
Es decir que por andar agarrados `del chongo´, defendiendo sus intereses muy personales, diputados como el presidente de la mesa directiva, José de Jesús Sotelo Martínez y la presidenta de la Junta Política y de Gobierno Tania Valentina Rodríguez, no se percataron que las denuncias que había interpuesto su homólogo José Casas González, iban avanzando.
Para cuando se dieron cuenta ya era tarde, porque el juez ya había logrado reunir los elementos de prueba suficientes como para llamarlas a declarar.
Así es que pudieran ser las únicas que tengan que dar la cara, a pesar de que hay otros con igual o hasta mayor responsabilidad en el desvío de recursos del Congreso, pero las que tendrán que responder son ellas dos.
O sea, por estar distraídos en sus negocios de dinero y reparto de posiciones y comisiones en la cámara, olvidaron garantizar impunidad a Hortencia y Beatriz, y ya imagina usted la regañada que les habrán dado su patrón Graco Ramírez; tanto a Sotelo Martínez como Tania Valentina.
Y a decir de informantes en el juzgado, ambas denuncias van muy bien integradas y sustentadas, una abogada aseguró que sí es posible que en su oportunidad se dicté orden de presentación o de aprehensión en contra de las dos ex legisladoras.
Lo triste y lamentable es que la sospecha de que el ex gobernador sigue dándole órdenes a un buen número de legisladores locales actuales, cada vez más se percibe como un hecho, por eso nunca permitieron dar marcha atrás a las jubilaciones doradas que ni se han tocado o a la remoción del Fiscal General de Justicia, Uriel Carmona Gándara, colocado ahí por el tabasqueño.
José Casas González tendrá que empujar hasta donde pueda, a fin de que por lo menos esas dos paguen por el enorme daño que hicieron al Estado y reintegren los 130 millones presuntamente robados o desviados para fines no autorizados.
