Diputadas a juicio, ¿descuido de sus protectores?

Las ex diputadas locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, han sido citadas a declarar en torno a un desvío por alrededor de 130 millones de pesos. Pesos más, pesos menos, los desvíos presuntamente fueron cometidos a su paso por la legislatura anterior; ambas como presidentas en su momento de la Junta Política y de Gobierno del Congreso.

La comparecencia está programada para el próximo viernes 29 del mes en curso, y serían los o las primeras cómplices del ex gobernador Graco Ramírez, llamados a rendir cuentas.

Pero lo anterior se dio, de acuerdo a versiones de funcionarios del propio recinto legislativo, por un descuido de quienes tienen el compromiso de seguir protegiendo a toda esa `bola de ratas´.

Es decir que por andar agarrados `del chongo´, defendiendo sus intereses muy personales, diputados como el presidente de la mesa directiva, José de Jesús Sotelo Martínez y la presidenta de la Junta Política y de Gobierno Tania Valentina Rodríguez, no se percataron que las denuncias que había interpuesto su homólogo José Casas González, iban avanzando.

Para cuando se dieron cuenta ya era tarde, porque el juez ya había logrado reunir los elementos de prueba suficientes como para llamarlas a declarar.

Así es que pudieran ser las únicas que tengan que dar la cara, a pesar de que hay otros con igual o hasta mayor responsabilidad en el desvío de recursos del Congreso, pero las que tendrán que responder son ellas dos.

O sea, por estar distraídos en sus negocios de dinero y reparto de posiciones y comisiones en la cámara, olvidaron garantizar impunidad a Hortencia y Beatriz, y ya imagina usted la regañada que les habrán dado su patrón Graco Ramírez; tanto a Sotelo Martínez como Tania Valentina.

Y a decir de informantes en el juzgado, ambas denuncias van muy bien integradas y sustentadas, una abogada aseguró que sí es posible que en su oportunidad se dicté orden de presentación o de aprehensión en contra de las dos ex legisladoras.

Lo triste y lamentable es que la sospecha de que el ex gobernador sigue dándole órdenes a un buen número de legisladores locales actuales, cada vez más se percibe como un hecho, por eso nunca permitieron dar marcha atrás a las jubilaciones doradas que ni se han tocado o a la remoción del Fiscal General de Justicia, Uriel Carmona Gándara, colocado ahí por el tabasqueño.

José Casas González tendrá que empujar hasta donde pueda, a fin de que por lo menos esas dos paguen por el enorme daño que hicieron al Estado y reintegren los 130 millones presuntamente robados o desviados para fines no autorizados.

Más y más corrupción del INAH Morelos

Al igual que ocurrió con fondos y apoyos para la recuperación de daños causados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado por parte del gobierno de Graco Ramírez, desviando miles de millones de pesos para fines personales, también en la representación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha venido ocurriendo algo parecido.

Personal de la propia institución denuncia graves acciones de corrupción que dan fe del desvío de un alto porcentaje de los recursos procedentes del gobierno federal y de la aseguradora que viene cubriendo daños en una de las etapas.

Desde luego que quien ha permitido y fomentado el saqueo y abuso es la Directora General del centro, María Isabel Campos Goenaga, y para tal efecto se ha venido apoyando en una red de «colaboradores» cercanos que son los que aterrizan el negocio, que es ya motivo de escándalo y que se sale de control porque hay empresas que se sienten engañadas por incumplimiento en los trabajos de recuperación.

Hablamos de Fernando Duarte, coordinador de monumentos históricos, que apoyado en sus subalternos José Alfredo Jiménez y Nicolás Mendez Pantalón, que se han dado a la tarea de saquear a la dependencia federal en Morelos.

Cabe decir que Duarte ni siquiera es morelense, viene de Veracruz y hasta presume de ser familiar del ex gobernador Javier Duarte preso por robo al erario en aquella entidad.

El señor es quien lo decide todo, en lo que a asignación de contratos de obra se refiere y tiene a dos o tres empresas que acapararon cerca del 50 por ciento de los más de 350 inmuebles afectados, por daños calculados en más de mil millones de pesos.

Los trabajos se desarrollan en capillas, conventos o ermitas y se iniciaron con los apuntalamientos, a fin de evitar que los daños se fueran acrecentando.

Claro, a los anteriores personajes involucrados en estos presuntos cuantiosos desvíos, se agregaba a la coordinadora jurídica, Alma Rosa Cienfuegos, vía Madaí Quinteto Espinal, como su auxiliar.

Aquello, conforme a las denuncias, muestra una absoluta improvisación, no existe una bitácora de los apuntalamientos, que es un requisito en obra pública. Son ochenta reparaciones simuladas, una de ellas se dió en Atlatlahucan, pagada en 236 mil pesos, aunque nunca se realizó el trabajo; es decir, en muchos casos pareciera que hay desvíos que pudieran configurar delitos tales como el peculado agravado.

O sea, hay empresas, como Escoda, Socsa y Torreza que son las que acaparan casi todos los trabajos y las cuales se les paga hasta por adelantado.

Pero también más de media docena, a las que se les entregó un 35 por ciento de lo presupuestado y a pesar de que ya casi han concluido las reparaciones, simplemente se les niega lo correspondiente, bajo toda clase de argumentos a fin de evadir los compromisos de pago.

Incluso vía el área jurídica del INAH, se iniciaron denuncias contra esos constructores sin la existencia de elementos, a fin de amedrentarlos y de que desistan en sus intenciones de cobro, advierten los afectados.

Además, la titular del INAH en Morelos mantiene de aviadores a una pareja de arquitectos que viene de Zacatecas y a la que le pagan 240 mil pesos al mes. Se trata del matrimonio formado por Mónica Fernández y Javier González, quienes con cargo al Fondo Nacional de Desastres, Fonden, supuestamente realizan trabajos para evaluar y aprobar los proyectos, aunque en términos reales el tema lo dejan en manos del personal del instituto.

La aseguradora Yorg de Banorte es la que cubre parte de los daños, pero se afirma que hay una especie de amasiato entre los ejecutivos de la misma y la directora del centro. El negocio consistiría en inflar costos y presupuestos para disponer de márgenes de ganancia entre las partes.

Hay empresarios que han advertido del inicio de demandas tanto laborales como penales o por daño patrimonial en contra del INAH, a fin de buscar cumplimiento en los acuerdos pactados, y que María Isabel Campos, conjuntamente con Duarte, su brazo ejecutor, no quieren reconocer. En concreto, igual que Graco, se presume del desvíos por cientos de miles de peso; mientras que iglesias y conventos siguen en el abandono y desmoronándose.