POR ENCIMA DE LA LEY

La capital del estado ha sido rehén de «grupos sociales y movimientos estudiantiles o con fines específicos, con ancestrales prácticas que rayan en la ilegalidad, y en la violación de los derechos a terceros.

Específicamente nos referimos a las normalistas de Amilcingo, y ahora también a protestas de presuntos beneficiarios de la actual administración federal; que tienen apoyos económicos bajo el programa «Jóvenes Construyendo el Futuro».

De las estudiantes de Amilcingo se tienen desafortunados antecedentes de acciones vandálicas, llegando al extremo de secuestrar vehículos, entre ellos autobuses de pasajeros constantemente, atracar mercancías a unidades proveedoras de insumos alimenticios y desde luego de bloqueo de vialidades.

Por supuesto, todo lo anterior en un entorno de leyes tendría que ser sancionado hasta penalmente; pero aquí no pasa nada, el Estado de Derecho se quebranta con tanta facilidad, y los ciudadanos somos agredidos en nuestros derechos, sin que autoridad alguna cumpla con su deber.

En lo relacionado con «Jóvenes Construyendo el Futuro», primero algunos de ellos ya no están tan jóvenes, más de uno anda arriba de los 30 años y segundo, hemos podido ver entre ellos, tres o cuatro de más edad, que andaban muy pegaditos con el hijastro del ex gobernador Graco Ramírez, Rodrigo Gayosso, cuando andaba en campaña por la gubernatura. Lo acompañaron en algunas ruedas de prensa en la casa de campaña.

Lo anterior causa dudas y sospechas, porque sabido es que todavía esos personajes, de negros antecedentes, continúan detrás de sucesos tendientes a generar desestabilización social, económica y política en Morelos.

¿Quiénes financian este movimiento? Sobre todo en momentos de escasa unidad popular partidista. ¿Quién o cómo aparecen muchos, estrangulando la ciudad?

bloqueo del acceso a la Autopista del Sol en inicio de Paseo Cuauhnahuac.

Ojalá no exista «mano negra» en todo esto, por eso preocupa que gente ligada con Rodrigo Gayosso de pronto aparezca en todo esto.

E insistimos, los bloqueos que impiden el libre tránsito en arterias tan importantes son una violación constitucional en este país y deberían ser severamente penados. ¿Dónde quedan los derechos de los ciudadanos? ¿Para qué sirven al pueblo esas instituciones pagadas por los mexicanos si no cumplen con su responsabilidad?

No podemos seguir viviendo en la anarquía y en la tierra de nadie. Hay reglas y normas para sancionar dichas prácticas, hay que aplicarlas a quien las viole ¿No le parece?.

Y si algún «servidor público» o «representante popular» no cumple con su trabajo, pues que hagan con él lo que se requiera, pero no vengan a agredir nuestros derechos y libertades. Así de sencillo.