ESCÁNDALO POR MACEDONIO

Y Zapotitla, se les irá liso

La candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sigue siendo objeto de un escándalo nacional a partir de una añeja denuncia por una presunta violación; el asunto ha tomado dimensiones enormes porque la oposición al partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viene capitalizando el tema electoralmente y sí que le ha pegado a la imagen presidencial.

Cierto o no lo del delito, pero como que sí ha sido un desacierto estratégico el haber mantenido esa decisión a favor del «toro sin cerca»; sin embargo, debe haber alguna razón por la que no se ha querido dar un paso atrás, y la única justificación que vemos tendría que ser con base en los números y las tendencias a favor o en contra de Macedonio, entonces pensaríamos que hasta se estaría llevando de calle la elección a pesar de la “cantaleta opositora” que retomó una denuncia legítima de parte de feministas.

En la fuerte campaña negra que los opositores, desde la cúpula de los partidos, se traen contra Macedonio parece reflejar por un lado que ellos mismos saben que a pesar de las acusaciones les lleva una ventaja considerable, y no lo quieren como candidato porque los derrotaría, y por el otro vienen magnificando el suceso hasta convertirlo en un tema político-electoral nacional, para desacreditar tanto a la figura presidencial como al partido, no hay de otra.

No obstante reiteramos, el asunto es muy sensible y delicado como quiera que sea, a pesar de que el aspirante a la gubernatura guerrerense logre la victoria, a nivel nacional sí se le está causando  algún daño o merma a Morena en las tendencias a su favor, que se reflejará en algunas de las diversas elecciones en disputa.

Esto debe estar siendo valorado desde el CEN morenista y del mismo círculo cercano al presidente; pero se aprecia que la posición es no ceder un centímetro, mantener la decisión ya tomada, y arriesgarse a lo que venga, pero eso ha ocasionado que todos los medios nacionales le “vienen surtiendo con todo” y en redes sociales.

Otro caso similar, aunque en pequeño comparado con lo de Guerrero, es lo ocurrido en torno al diputado local Marcos Zapotitla Becerro; igualmente señalado y denunciado como violador, a él tampoco han logrado comprobarle el delito y enjuiciarlo y todo lleva a considerar que “acabarán haciéndole los mandados”.

Eso sí, políticamente está muerto, su carrera en esta actividad difícilmente resurgirá porque además, y conforme a testimonios de algunos de sus compañeros de legislatura como José Casas González, el delito sí ocurrió en una fiesta en la que también estaba y se enteró el ahora ex presidente del Congreso, Jesús Sotelo Martínez.

Sostiene el legislador que por eso decidió dejar tal posición privilegiada su compañero, porque ya tenía muchas presiones en torno a que venía protegiendo a Zapotitla. Que era Sotelo quien mantenía muy bien informado al denunciado sobre el avance de la denuncia, y que hasta le hizo incluso llegar el expediente para que armara bien su defensa; no obstante que eso es contra la ley.

«Haiga sido como haiga sido», diría el mediocre de Felipe Calderón,  el caso es que el aún legislador a quien se busca desaforar y enjuiciar por violación o mínimo abuso parece estar del otro lado, aunque lo anterior obligara a Sotelo Martínez a dejar la presidencia de la Cámara y al Director Jurídico, que fuera renunciado.

Aunque también está la versión de que Sotelo Martínez no quiso prestarse a la autodistribución de recursos, previo a las elecciones de este año y sobre todo a su salida de la Legislatura.

Ahora bien, si tanto Félix Salgado como Marcos Zapotitla son culpables de tan horrendos delitos, pues qué lamentable que las instituciones sigan permitiendo todo esto; protegiendo a delincuentes que en lugar de ocupar cargos públicos debieran estar en la cárcel, y ello desalienta porque continuamos en un escenario sin ley ni respeto de las normas mínimas de respeto y de los preceptos constitucionales, porque unos sí son sujetos de ellas y otros no.

CONGRESO LOCAL DE VERGÜENZA

Pero ya de vacaciones

La actual legislatura local ha entrado a su tercer año de «trabajo» y hasta ahora no creemos que ofrezcan algo trascendente en lo que les resta de tiempo, han mostrado -en su mayoría- un elevado nivel de ignorancia, corrupción, ausencia de compromiso y voluntad con el pueblo para apoyar con reglas de sana convivencia y normas que ayuden a mejorar el desarrollo integral de Morelos.

Sigue siendo un caso sin resolver la presunta responsabilidad del legislador Marcos Zapotitla Becerro en lo referente a una supuesta violación a una colaboradora y, aunque pudiera tratarse de un acto de persecución política, ha sido impulsado por corrientes al interior del Congreso y el señor debe demostrar en tribunales que es inocente y hasta el momento no lo ha hecho.

Más aún, para poder iniciarle un proceso de desafuero se necesita cumplir con algunos requisitos legales y para ello se le han hecho intentos de notificación, con el propósito de que ponga la cara en su defensa, pero el señor ha buscado la forma de no recibirlas y entonces, las cosas siguen en el aire.

El asunto es que los «congresistas» ya han decidido irse de vacaciones, y dejan asuntos como ese tirados hasta el ocho de enero del 2021. Les importa un bledo entregar el trabajo y cumplir con su responsabilidad, e incluso tenían algo súper urgente por resolver el Paquete Presupuestal que apenitas si lo sacaron las últimas horas y dejaron pendientes los presupuestos municipales.

Al respecto, el abogado laboralista Juan Juárez Rivas explicaba que «son tan desvergonzados que ya tienen un pie en el avión para ir a disfrutar de lo que no merecen, y recordó que «no podían pasarse para aprobar el presupuesto porque como se recordará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les invalidó el que se ejerce este 2020; porque lo hicieron fuera de tiempo.

Juárez Rivas tiene razón, el gobierno estatal y el resto de las instituciones aplicaron este año dinero sin el respaldo de la Ley de Ingresos y Egresos del estado porque los legisladores no llegaron a consensos dentro de los tiempos marcados por la ley; así que ahora deberán primero aprobar el 2020 y después el 2021 o nuevamente caerían en desacato.

Como se puede ver la mayoría de los dizque «representantes populares» lo único que han dado es vergüenza, y hay datos que apenan -quizás usted recuerde- en su oportunidad la diputada Tania Valentina intentó, como hizo tiempo atrás etiquetar algunos milloncitos de pesos supuestamente para una organización que daba apoyo a proyectos educativos a partir de una fundación suya, pues cuando se le pidió explicación sobre el asunto tuvo que dar un paso atrás en la asignación de ese presupuesto.

Es una de quienes dijo que se bajaría el sueldo para apoyar la austeridad, y a la hora de la verdad andaba viendo cómo le rascaba al presupuesto de la cámara para obtener dinero en apoyo personal de los diputados.

En el tema del alcalde de Cuernavaca, ya vinculado a proceso, es una de las que están defendiéndolo con todo; aunque este es tema para un siguiente análisis.

Eso sí, la mayoría de los diputados y diputadas se sienten en verdad “representantes populares” cuando son un fraude para los morelenses; el único que pareciera estar laborando y dice haber acabado con el rezago en materia de jubilaciones porque es su comisión es José Casas González, y se mantiene en constante actividad con los medios informativos, el resto “ni fu, ni fa”.

Pero si se van a gastar nuestro dinero, y ya en enero muchos harán presencia en la cámara muy de vez en cuando, porque irán en busca de mantener sus curules vía la reelección, o intentarán ir por una alcaldía o diputación federal; francamente es no tener vergüenza ni honor, cualquier ser humano con decencia aceptaría que no tiene capacidad para una representación popular, pero la ambición es mucha.

PIDEN PRORROGAR VERIFICACIÓN VEHICULAR

La diputada local Alejandra Flores Espinoza planteó la necesidad de ampliar los plazos del calendario de verificación vehicular, ante la falta de capacidad, desorden y la corrupción que existe en los verificentros que cuentan con servicio en el estado.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para implementar prórrogas en el cumplimiento del calendario de verificación vehicular; correspondiente al segundo semestre de este 2020, debido a la falta de capacidad de los verificentros para atender a todos los automóviles matriculados en Morelos y los que provienen de otros estados.

Durante la última sesión ordinaria de Pleno la diputada Alejandra Flores propuso el punto de acuerdo ante la necesidad de ampliar los plazos para el cumplimiento del programa hasta el 2021,  ya que con la emergencia sanitaria existe un mayor desorden en los centros de verificación. La propuesta fue secundada por el legislador José Casas González, ya que han sido reportadas diversas irregularidades.

La legisladora recordó que el pasado 15 de julio el gobierno estatal autorizó el reinicio del programa de verificación vehicular, después de que se suspendió en marzo pasado por la pandemia de covid-19.

Con la reanudación de las actividades en los verificentros se estableció también que el servicio se otorgaría con previa cita y respetando las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la Secretaría de Salud.

«Sin embargo, desde el primer día de apertura en los Centros de Verificación Vehicular, lejos de prevalecer el orden y atender los protocolos de salud, se ha registrado un evidente caos, desorganización y denuncias por la venta de hologramas y citas para verificar, además de la insuficiencia de capacidad», manifestó la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Explicó que en todo el estado sólo existen cinco verificentros;  dos en Cuernavaca y uno en cada municipio de Jiutepec, Emiliano Zapata y Cuautla. Esto, dijo, sólo confirma la evidente falta de capacidad para atender a cerca de 600 mil vehículos emplacados en la entidad.

Dicho desorden en los centros de verificación añadió la diputada Flores Espinoza, no sólo ha provocado la molestia de los automovilistas por la pérdida de tiempo que registran en cada visita, sino que también se ha prestado a actos de corrupción, «al grado de pagar dinero para que sean agendados para una cita o por adelantarlos en la fila e incluso la venta de hologramas hasta por 1500 pesos para los vehículos que no pasan los estándares en la verificación».

En tal razón, la legisladora pidió también que la Secretaría de Desarrollo Sustentable informe al Congreso del estado de las acciones que se han emprendido para inhibir dichos actos de corrupción.

De acuerdo con el decreto de expedición del programa de Verificación Vehicular, publicado el pasado 1 de julio, la Secretaría de Desarrollo Sustentable está facultada para suspender la realización de la verificación vehicular en uno o ambos semestres, este último ante la imposibilidad material en la prestación del servicio, como actualmente sucede.

Por ello, en el acuerdo de Pleno, que se aprobó por mayoría de los legisladores, se planteó que la prórroga se amplíe hasta el próximo 2021.

¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?

*Pepe Casas vs Mónica Boggio

Tras haber llegado juntos a sus respectivos cargos de representación popular a partir de un gran frente político electoral; el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el legislador José Casas González, algo pasó en el camino, porque de aliados pasaron a adversarios y el legislador local se ha convertido en el personaje más crítico en contra acciones del mandatario estatal y sus colaboradores.

Así es, por lo menos desde el Congreso local y con mucha insistencia, y las embestidas del legislador han sido constantes y bastante fuertes, lo más reciente se viene dando entre el oriundo de Tres Marías, Huitzilac y la Secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomazas; conflicto que ya rebasó los dimes y diretes para buscar acompañamiento de algunas instituciones de defensa de garantías, al menos en lo que a ella corresponde.

Todo surge a partir de las acusaciones de Casas González en el sentido de que la funcionaria incumple los perfiles y requisitos legales para ocupar dicha posición en el gobierno, además de sostener que incurrió en tráfico de influencias porque habría otorgado un contrato por unos 12 millones de pesos a un familiar aprovechando el espacio que ocupa en la administración pública estatal.

Incluso el legislador aclaró que las observaciones son a la servidora pública, y que nada tienen que ver con su condición de género.

Sin embargo Boggio desestimó las aclaraciones del diputado y arreció en contra de éste, sosteniendo que se trata de manifestaciones motivadas por la misoginia, e incluso recurrió al Instituto de la Mujer de Morelos para solicitar apoyo.

La respuesta fue positiva, lo que elevó el nivel del debate público en los medios informativos, incluyendo las redes sociales, porque sus posturas fueron primero vertidas ahí y luego en ruedas de prensa.

La confrontación sigue a todo lo que da y habrá que esperar para ver cuál es el final, y si el asunto es seriamente analizado para valorar hasta dónde se trata de una agresión a la funcionaria en su calidad de mujer, o corresponde a una observación que tiene que ver con su desempeño al frente de la dependencia en mención.

Valdría la pena que se profundizara en el tema, porque de otra manera cualquier servidora pública por el solo hecho de ser mujer podría escudar sus deficiencias e incumplimiento de normas y desempeño en su calidad de fémina, cosa que tampoco debiera permitirse porque se tiene una responsabilidad que hay que cumplir, por la que se obtiene un pago del erario y hay que rendir cuentas.

No obstante, hasta el momento, cada una de las partes esgrime sus argumentos y dice tener la razón, de ahí que se haga necesario puntualizar y revisar los términos y expresiones de cada parte más aún el grado de cumplimiento de la funcionaria en el área de su competencia.

También los perfiles y requisitos de Ley para su designación, y en el caso de Casas, pues analizar sus discursos y acusaciones a detalle y la veracidad de estos para ver si en verdad contienen algo de misoginia o se trata de irregularidades.

PASO EFÍMERO POR SAPAC

*Llegó como aliado aliado pero…

No obstante que en el 2018 llegó como aliado del bloque de partidos que encabezó Morena, mediante el cual ganaron la mayor parte de las posiciones en disputa; entre ellas la gubernatura para Cuauhtémoc Blanco y la presidencia para Andrés Manuel López Obrador, el legislador José Casas González mantiene hoy una posición frontal contra la administración pública estatal.

Hechos ocurridos en el 2016 cuando el hoy mandatario estatal era presidente municipal de Cuernavaca son el origen de las diferencias, que por lo visto no se han resuelto, y ello ha llevado al legislador a una posición casi radical frente al gobernador.

Quizás pocos lo recuerden pero José Casas vivió una desagradable experiencia a partir de que regidores del trienio 2015-2018 en la administración de la capital del estado lo propusieron como Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC); tomó protesta como tal, pero su paso por ese organismo fue efímero.

No obstante que la mayoría del Consejo de Administración del organismo lo valido en el cargo; se le acusó de usurpar esa función y, entonces el Mando Único, fue utilizado para sacarlo de las oficinas, subido a una patrulla de la que escapó a la altura de la terminal de autobuses de los Pullman, en cuyas instalaciones se refugió.

De todas formas fue apresado unas horas, aunque luego de ello lo declararon libre por falta de elementos. Él sostiene que ya desde aquel entonces personajes de la delincuencia organizada, como pasa actualmente, fueron los artífices de lo que le ocurrió; aunque la persecución, insiste, fue también por parte del municipio y del estado.

¿Cuál fue la causa de la negativa a su nombramiento? José Casas sostiene que todo comenzó cuando pidió cuentas claras y transparencia en los ingresos y egresos del SAPAC, ya que aduce que con base en lo poco que logró conocer había inconsistencias en el manejo de decenas de millones de pesos.

Por azahares del destino y de la política, Casas González logró la candidatura a la diputación local, por Morena, en un bloque que también llevó al gobernador a palacio de gobierno, y a pesar de que en algunos actos de campaña hicieron equipo en la búsqueda del voto; aquellas desavenencias nunca se superaron y la confrontación parece ya irremediable.

En conferencia de prensa Casas González anunció que el Congreso local, vía la Comisión de Hacienda que presidió la legisladora Rosalina Mazari Espín, aprobó la realización de una auditoría a la administración del SAPAC para los años 2016 y 2017 que correspondieron al ahora gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Bueno sería que de una vez, y aprovechando la oportunidad, se revisara la administración actual; porque todo indica que los mañosos continúan al frente en el manejo de los recursos de ese sistema operador del agua potable, con enormes desvíos de recursos a tal grado que otra vez está a punto de la quiebra.

Hay un desaseo total en lo que toca al manejo de los dineros y eso ha sido un problema recurrente e inocultable; el actual edil Antonio Villalobos Adán ha cambiado de directores como “cambiar de ropa interior” y recién acaba de nombrar a una mujer al frente; porque quienes han llegado cuando ven el tamaño de la suciedad que hay, prefieren la huida como sucedió con Fernando Blumenkron.

NOTIFICAN JUICIO POLÍTICO A GRACO RAMÍREZ

El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado, José Casas González, dio a conocer hoy que fue notificado del juicio político que se incuó en su contra el ex Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu.

En una conferencia de prensa con medios de comunicación el legislador explicó que el secretario técnico de la comisión acudió al domicilio del ex mandatario para dejar la notificación, por lo que el ex funcionario perredista acusado de ejercicio indebido del servicio público deberá responder legalmente máximo en 15 días.

José Casas recordó que la solicitud de juicio político fue interpuesta por el Consejero Jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, también es en contra de la ex titular de la Secretaría de Hacienda, Adriana Flores Garza; de quien su domicilio difiere del señalado en autos, además de que Jorge Michelle Luna, quien también ocupó el mismo cargo fue notificado personalmente la mañana de este miércoles.

Con dicho procedimiento, el ex gobernador perredista tiene 15 días hábiles para contestar la denuncia; donde deberá designar un domicilio y un abogado para recibir notificaciones, y en caso de no contestar se perderá el derecho a la presentación de pruebas a su favor.

Con dicho avance, el diputado refrendó su compromiso con la justicia y de llevar al ex mandatario morelense a responder al pueblo por lo que hizo durante su administración.

AUDITARÁ EL CONGRESO A CUERNAVACA

Diputados de la LIV Legislatura local aprobaron iniciar una auditoría especial al Ayuntamiento de Cuernavaca, luego de las denuncias que se han presentado en contra del alcalde capitalino, Antonio Villalobos Adán.

Ante los posibles desvíos que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Morelos en el Ayuntaiento, los legisladores votaron a favor el inicio de una revisión especial a las finanzas municipales correspondientes a un año y medio de ejercicio, revisión que habrá de revisar la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso, a solicitud del diputado José Casas González.

El legislador presentó el punto de acuerdo por el que se instruye al órgano auditor del Poder Legislativo para revisar el ejercicio fiscal 2019 y el primer semestre del 2020; con la finalidad de detectar presuntas irregularidades en la que hubieran incurrido la administración que encabeza Antonio Villalobos, luego que se ha declarado en insolvencia para seguir enfrentando la administración de Cuernavaca, por lo que ha solicitado un empréstito.

Casas González dijo que se debe revisar la conducta en el ejercicio del gasto público municipal, en las finanzas públicas y el gasto corriente; así como la existencia de pasivos o los incumplimientos para el pago de obligaciones y la deuda pública del municipio.

Lamentó que a pesar de la situación que se registra en las arcas municipales que se ve reflejada en la falta de obra pública y el descuido de Cuernavaca, el alcalde haya incrementado la nómina del Ayuntamiento para cumplir sus compromisos políticos; y ahora quiera solicitar préstamos.

Cuestionó también que los miembros del Cabildo pidan préstamos personales sin importar la situación financiera del ayuntamiento y hasta los recortes de personal de base y de confianza que se pretenden en esta época de pandemia.

Por su parte el presidente municipal de Cuernavaca reconoció en una sesión de cabildo que sí solicitó un amparo por las actuaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción en su contra, pero dijo estar confiado en que la ley se aplicará correctamente y se confirmará su inocencia.

El edil dijo en entrevista hace unos días que los señalamientos en su contra fueron hechos por un ex trabajador del Ayuntamiento que fue despedido, por lo que hizo declaraciones en su contra argumentando enriquecimiento ilícito.

JUBILACIONES DORADAS

*Nunca es tarde

Entre los compromisos que hicieron a sus posibles electores algunos de los entonces aspirantes a diputados locales en la elección del 2018, estuvo aquél de desarticular toda una red de perversión y robo que armó el entonces gobernador Graco Ramírez y la bancada local de legisladores en esa época; en lo que tiene que ver con lo que se denominó «jubilaciones doradas» que se registraron desde la mitad del sexenio pasado y sobre todo al final.

Si bien es cierto que algunos de los que lograron llegar al recinto legislativo, como en el caso de José Casas González, buscaron empujar el cumplimiento de esas ofertas populares; el propósito jamás logró prosperar en los primeros meses de la actual legislatura, porque el tabasqueño había dejado garantizada su protección en la nueva legislatura, o sea la actual, con un grupo de siete diputadas -la mayoría que llegó al cargo por la vía plurinominal- que son afines a él, que siguen defendiéndolo hasta con las uñas, encabezadas por Tania Valentina del PT y otras de partidos menores que se aliaron.

A pesar de que para disimular se permitieron a inicios de la legislatura algunos avances menores, en el grueso de los casos más escandalosos; simplemente los expedientes se empantanaron, desaparecieron o se actuó mal y ahí se intentaron congelar, porque había beneficiados muy cercanos al ex mandatario perredista Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y hasta familiares de estos ex diputados y funcionarios de su gabinete.

Tras lo más pesado de la pandemia por el COVID-19 que nos ha tenido paralizados el asunto pareciera cambiar, sobre todo porque ahora (desarticulado por riñas internas el grupo de legisladoras y desaparecidos varios grupos parlamentarios) Casas González fue instalado como presidente de la comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y fue él quien revivió las denuncias y expedientes.

Reunió información que desde el principio debió recabarse respecto de una serie de «chicanadas”, falsos documentos de antigüedad laboral; de salarios y cargos de los «recomendados” y otros vicios imperdonables que se presentaron para solventar las solicitudes de jubilación anticipada,

Pues sí, ahora sí el señor legislador integró una serie de pruebas con las que presentó ayer las denuncias ante las instancias competentes con el respaldo de la Dirección Jurídica del propio Poder Legislativo y con la exigencia de que la Fiscalía General de Justicia de Morelos y la de Anticorrupción; ahora sí le den prioridad a este caso, para que se suspendan en primera instancia los pagos irregulares de jubilación que se han venido haciendo y hasta exigiendo por ex funcionarios, quienes incluso se ampararon de algunas actuaciones realizadas anteriormente sin el rigor suficiente, como queriendo que se echaran abajo fácilmente.

Lo que se explica, es que las cantidades a los «agraciados» van desde los 20 mil, hasta los 90 mil pesos mensuales por pago de jubilaciones, que en su conjunto representan cerca de ocho millones de pesos al mes, que se paga del presupuesto anual a esos “jubilados dorados” que no cumplían la mayoría de los casos con la edad mínima establecida para acceder al beneficio, los años de trabajo desempeñado en el gobierno estatal, incluso ni siquiera en algunos casos con antecedentes laborales en el área.

Como presidente de la comisión, Casas González, tiene más facultades e injerencia directa para reclamar atención al asunto; una vez que entregó las pruebas documentales de los falsos expedientes que se armaron.

Y aquí, no sólo se trataría de anular esos actos de corrupción en cuanto al pago se refiere que es un quebranto patrimonial para el Estado; sino que se fincarían otras responsabilidades como el tema de la falsificación documental, donde están coludidos algunos ex presidentes municipales del trienio anterior, ex diputados como los ya denunciados Beatriz Vicera, Hortensia Figueroa, Julio Espín, Francisco Navarrete y Silvia Irra, esta última ex presidenta de la Comisión del Trabajo y que se prestaron a todo.

De avanzar las cosas habría responsabilidad legal contra presuntos beneficiarios, ex funcionarios, ex diputados y ex alcaldes; que tendrán que ser llamados ante los tribunales de justicia, y de encontrarse culpables proceder con las penas a que haya lugar por diversos delitos.

Entre esos indeseables que “se despacharon con todo” están ex funcionarios y trabajadores del Congreso como la ex Directora de Recursos Humanos y de Administración, quienes fungían como secretarias particulares tanto de Graco como de su esposa Elena Cepeda, quien fuera Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, esposas de ex legisladores y amigos de algunos de ellos; y el caso de Julio Espín Navarrete que, como manejaba al edil de Puente de Ixtla a su antojo, de ahí y otros municipios se expidieron varias constancias falsas de antigüedad laboral.

Todo un grupo mafioso, ojalá no quede impune este caso, porque la verdad es mucha la rapiña y la ofensa en contra de la sociedad morelense, no nos merecemos esto, a los rufianes hay que llevarlos a cuentas.

PIDE DIPUTADO CAMBIOS EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Ante la falta de resultados del Sistema Estatal Anticorrupción el diputado local José Casas González hizo un llamado urgente para revisar a fondo las actividades de dicha instancia, con el fin de evitar excesos por parte de esos servidores públicos, o la injerencia de otros órganos del estado o de partidos políticos.

De acuerdo con el legislador, los consejeros se han dedicado a enfrascarse en conflictos internos y a manejarse con opacidad su presupuesto, como si su prioridad fuera hacerse del control de éste, apoderándose del cargo de quien sea el secretariado técnico; en lugar de hacer investigación y erradicar la corrupción que agobia a Morelos.

Los resultados de esa instancia son pobres si no es que inexistentes, aseguró José Casas, quien mencionó que esa institución cuesta 14 millones de pesos al año a los morelenses; de los cuales casi 80 mil pesos mensuales son para el presidente y 65 mil mensuales para cada uno de los consejeros.

Es un total exceso salarial, ya que la cantidad es incluso superior a la cantidad que cobran los consejeros electorales tanto del Impepac como del Tribunal Electoral; quienes llevan a cabo la organización y calificación de los procesos electorales u otras insticiones semejantes; tanto los constitucionales de procedimientos estatales y municipales que han sido creadas por iniciativa de ley.

Ante tal situación, y el grado de corrupción que hay en Morelos, José Casas invitó a las organizaciones de la sociedad civil; académicos, investigadores y ciudadanía en general, para que expresen sus propuestas y participen en el diseño de un órgano anticorrupción que efectivamente sirva a los morelenses, y no sólo a los intereses del ex gobernador perredista Graco Ramírez u otros intereses partidistas, como lo hacen actualmente los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.

¿DÓNDE QUEDARON LOS POLÍTICOS?

*Ahora que se les necesita

La sociedad mexicana y desde luego la morelense enfrentan una grave situación a consecuencia de la pandemia del coronavirus, y es ahora cuando demanda cualquier clase de apoyo y solidaridad particularmente de los gobernantes y los políticos, ellos tienen la oportunidad de corresponder al respaldo popular que se les ha dado; cuando es de su interés contender por un cargo de elección popular.

Sin embargo, se aprecia una ausencia casi total tanto de dirigentes de partidos políticos como de «representantes» populares, y algunos que han dado muestra de ir en apoyo del pueblo son inéditamente bloqueados por personajes de bajos instintos y nula capacidad; en éste caso nos referimos al legislador local José Casas González, quien buscó ayudar con artículos de sanitización comenzando por el mercado ALM y fue impedido por el mediocre edil de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán.

Pero la verdad es que la absoluta mayoría de aquellos, a pesar de haber sido apoyados con el voto popular para ascender a una representación, no aparecen por ningún lado; han mostrado su desinterés por los demás y que más pronto que tarde volverán a las calles a suplicar que los vuelvan a ayudar, a fin de seguir colgados del presupuesto público.

Pero como decíamos ¿y las dirigencias de los partidos políticos? de plano tomaron distancia y con ello dan fe de que únicamente salen cuando a sus intereses de grupo o de corriente se trata de beneficiar; justificando de esa forma el reclamo de algunos sectores que con mucha razón exigen que esas instituciones vivan de las cuotas de sus afiliados y no del dinero público.

Ya el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y algunos integrantes de su partido, volvieron a solicitar la solidaridad  de los partidos y que sacrifiquen por lo menos el 50 por ciento de sus prerrogativas para generar un fondo económico en ayuda de los que más lo necesitan, hasta ahorita ninguno ha dicho «esta boca es mía, ¡qué vergüenza! son una sarta de vividores, pero eso sí algunos de ellos siguen criticando acciones del gobierno porque anhelan el regreso al ejercicio del poder para continuar robando.

Vienen las elecciones intermedias del 2021 y de no ser por la pandemia ya a éstas alturas la mayoría andaría coqueteando con el electorado, pero una vez que esto concluya se volcarán como avispas, ya lo verá usted, suplicando el voto popular; la verdad es que muy pocos lo merecen, a los demás habrá que mandarlos por donde vinieron porque no nos han dado más que vergüenzas.

Falta oficio político y sobre todo formación sobre lo que debe ser un representante popular; lamentablemente, son escasas figuras las que quedan con cierta cercanía con los gobernados, de los 20 legisladores locales tres o cuatro hacen la diferencia y los demás están de relleno.

Más allá vemos a un Matías Nazario Morales recorriendo colonias y poblados en la capital, a José Luis Urióstegui Salgado haciendo el esfuerzo como lugareño para apoyar colonias y, parémosle de contar; no hay mucho de dónde agarrar para la justa electoral intermedia que viene el año próximo, ojalá sepamos elegir.