Ya no hay «padrinos» políticos

Sólo en un estado y un país donde la justicia y la ley no se aplican podemos ver a políticos tan corruptos y cínicos en libertad, campantes por la calle.

En un entorno donde se respete el Estado de Derecho, sujetos como el ex gobernador Graco Ramírez o el ex presidente municipal Manuel Agüero Tovar ya hubieran sido condenados a cadena perpetua -y eso porque no hay pena de muerte-, por sus deplorables acciones delincuenciales.

Lamentablemente, al interior de la sociedad hay quienes a pesar del daño que uno como gobernador y otro como edil hicieron al estado y al ayuntamiento, aún los defienden o justifican.

Claro, lo menos que se puede intuir es que se trata de beneficiados de sus trapacerias, porque igual hay que decirlo; un considerable número de personas viven de la corrupción y quisieran que esos vividores siguieran gobernando, no obstante el enorme daño que causaron.

El tema viene al caso porque el fin de semana Agüero fue arrestado por la policía al oponerse a la clausura de su antro denominado «Arrachelas», por no estar en regla.

El delincuente de cuello blanco no ha entendido que ya no tiene a su cómplice y «padrino» Graco Ramírez, con quien obviamente tenía negocios sucios e inconfesables, y por lo tanto le aplicaron la ley.

Fue una falta administrativa, y con el pago de la multa quedó libre; sin embargo, es muy posible que al corto plazo llegue al penal, pero ahora sí por muchos años.

Conforme a lo hasta ahora revisado respecto a su administración, en Jiutepec hay un desfalco al erario cercano a los 800 millones de pesos, se calcula.

Aunque igual y todavía cuenta con protectores como los fiscales, General de Justicia, Uriel Carmona y Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, puestos ahí para proteger a los ladrones con los que operó Graco.

Es triste ver como desde el Congreso local también «se ampara y protege» a esos mercenarios políticos, contra los que debiera haber más contundencia.

Y no es cuestión de venganza; en el caso de Graco y Agüero se trata de justicia al pueblo, porque los miles de millones de pesos que se robaron eran parte de los impuestos pagados por los contribuyentes.