VAN CONTRA EX SECRETARIA DEL DIF DE ELENA CEPEDA

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició un procedimiento penal en contra de la secretaria particular de la ex presidenta del Sistema DIF en el sexenio de Graco Ramírez, Josefina “N”, por los delitos de Uso de Documento Falso, Abuso de Autoridad y Fraude Procesal; para obtener una “pensión dorada” de casi 19 mil pesos mensuales.

La ex funcionaria, denunciada por el gobierno estatal actual que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue imputada presuntamente porque ingresó documentación falsa para sustentar su pensión por jubilación de edad avanzada; con lo que obtuvo un pago mensual de casi 19 mil pesos que equivale al 55% de su último salario.

No obstante, Josefina “N”, quien a fines del 2012 ingresó a laborar como secretaria particular adscrita a la Presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos a cargo de Elena Cepeda de León esposa del gobernador que iniciaba su gestión, Graco Ramírez Garrido Abreu, presentó el 5 de abril del 2017 al Congreso de Morelos una solicitud para tramitar su pensión por cesantía y edad avanzada a su favor, acreditando 10 años de servicio efectivo al servicio del gobierno, pero con al menos un documento apócrifo (falso).

La ahora imputada presuntamente manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con 61 años de edad así como 10 años de servicio efectivo en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata y el DIF Morelos; para obtener su pensión con una constancia laboral expedida con fecha 21 de marzo de 2017 por Jorge Villa Hernández, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.

El citado documento certificaba que la imputada había causado alta laboral en dicho municipio el 14 de enero de 1994 y había renunciado al cargo del día 15 de febrero del año 2000; pero durante la investigación se cotejó con el propio curriculum vitae de la imputada que había trabajado como Directora Administrativa de Grupo Urbec S.A. de C.V. de 1992 a 2001.

Por su parte el Congreso de Morelos en el decreto número tres mil ciento cuarenta y ocho aprobó en sesión ordinaria, iniciada el día 7 de junio y concluida el día 10 de julio de 2018 (unos días después de la elección estatal donde perdió el PRD la gubernatura), se concedió pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Josefina “N”, sin realizar la investigación suficiente sobre los documentos presentados.

Por tal motivo, el Congreso de Morelos actual -ahora con mayoría de Morena- inició una denuncia contra Josefina “N”, ante la Fiscalía Anticorrupción; y se abrió la carpeta de investigación con número FECC/071/2019 que derivó en la imputación realizada por el agente del Ministerio Público. La autoridad solicitó a la jueza de la causa que como medida cautelar en contra de Josefina “N” se imponga la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), a fin de que no se evada de la justicia, y se fijaron 72 horas para llevar a cabo la audiencia de vinculación.

EX SECRETARIO DE GRACO INDICIADO POR EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO

La Fiscalía Anticorrupción imputó al ex titular de la Secretaría de Turismo en el sexenio pasado en Morelos, Jaime “N” como presunto responsable de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, luego de que instruyera el pago del doble del costo original de un concierto, presuntamente a favor de la Beneficencia Pública.

Con más de 20 datos de prueba, este miércoles la dependencia logró la imputación ante un juzgado local   a que el ex secretario de Turismo presuntamente aprobó el pago millonario a tres empresas de las denominadas «fachada»; por la organización, contratación y presentación en concierto de los artistas Emmanuel y Mijares el 17 de mayo del 2014 en agravio del gobierno de Morelos.

De acuerdo con la información presentada el concierto que fue organizado por el gobierno estatal a través de operadoras de eventos tuvo un costo sobrevalorado, ya que en otros estados, el mismo espectáculo tuvo un precio cuatro veces menor.

La Fiscalía Anticorrupción imputó al ex funcionario debido a que presuntamente éste aprobó de forma irregular un pago de más de 12 millones de pesos para el concierto “Tour Amigos”, muy por encima de lo que se cotizó en otras entidades.

Como medida cautelar el ex funcionario no podrá salir del país y tiene prohibido acercarse a las oficinas de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, de acuerdo con la determinación de la jueza que conoció la causa penal JC/1207/2019, presentada por el actual gobierno estatal.

Entre los datos de prueba que se presentaron se estableció que la contratación de las empresas intermediarias para la contratación del espectáculo se hizo sin licitación y por instrucción directa, además de que se pagó mucho más que en el Estado de Puebla y otros; donde los cantantes cobraron tan sólo dos millones 400 mil pesos.

En tanto, de acuerdo con el testimonio del representante artístico de los cantantes, el costo por el concierto en Morelos incluyendo producción, logística, mobiliario, seguridad y más, es máximo 6 millones de pesos; mientras que en el caso de Morelos sólo fue contratado el espectáculo, la empresa intermediaria únicamente pagó un millón 740 mil pesos incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La jueza otorgó 144 horas para la realización de la audiencia de vinculación a proceso.

¿ES ESTO POSIBLE?

*Por eso estamos como estamos

Hace unos días llegó a DAD un material informativo en torno a que Ever Felipe Velarde Corrales, quien fuera secretario particular de Rodrigo Gayosso Cepeda, el hijastro del ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido es actualmente «titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado; a cargo de Uriel Carmona Gándara.

Y se especifica que «poco antes de que el tabasqueño terminara su sexenio, él mismo ordenó que se le asignara ahí, para que le cuidara las espaldas en lo sucesivo»; sin que contara siquiera con cédula profesional porque no contaba con título; no obstante, que lo marca el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del estado de Morelos.

Éste sujeto se tituló bajo el número 11791303 hasta el año pasado, es decir, ya durante esta administración -como licenciado en derecho-, pero asumió esa posición un año y medio antes; y bueno, a pesar de que hay una serie de denuncias muy bien respaldadas en contra de Graco éste sujeto se sigue riendo y hasta logró un amparo contra el juicio político en su contra, que es analizado ya en el Congreso local para buscar su apelación.

No desistimos en nuestras afirmaciones en el sentido de que tanto el fiscal general, Uriel Carmona Gándara como el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, están ahí para atorar cualquier intento de procedencia de las denuncias en contra de quien fuera su jefe -así se trate de delitos graves- y no para salvaguardar los intereses de los morelenses, de ahí que las cosas en materia de justicia estén de plano de cabeza y sólo se dé curso a aquello que incluso puede empañar la imagen del gobierno actual o revertirse en su contra.

Lo preocupante es que individuos como Ever Felipe Velarde continúen ahí, amparados por el propio Uriel Carmona, impidiendo cualquier avance en contra de la “rata mayor”; sin que nadie de quienes pueden desmantelar esa banda de delincuentes haga nada, y nos referimos a la actual legislación local.

Porque si bien es cierto que los cómplices del corrupto Graco, los diputados anteriores, le hicieron un trabajo completo modificando leyes para que los fiscales y otros funcionarios se perpetuaran en el cargo sin mayor preocupación, los «representantes populares» de hoy si fueran leales al pueblo ya habrían dado reversa a la norma, para por lo menos poder removerlos del cargo como en otra ocasión se hizo en gobiernos muy corruptos como lo fue el de Veracruz o Quintana Roo, donde se sacaron a los cómplices del gobierno saliente que les pretendían cubrir las espaldas.

¿Por qué no lo hacen aquí si es públicamente sabido que no atienden al interés de la entidad y su población? eso es lo que no comprendemos, aunque también sabemos que “grácula” igualmente colocó a media docena de diputadas locales que encabezadas por Tania Valentina Rodríguez, han reventado toda intención de aplicar la ley para sancionar el descarado robo a los morelenses por ejemplo con las “pensiones doradas”.

Pero aún así hay 14 diputados más, que por lo menos deberían simular que no están comprometidos con esa “banda de indeseables”, pero no vemos nada de trabajo y los años pasan y se les acaba el tiempo, y los delitos cometidos pueden prescribir. Tal vez eso es a lo que le apuestan todos, pero nosotros nos negamos a aceptarlo porque sería francamente inmoral.

Pero el caso de Ever es muy significativo, y nos comprueba que la situación que seguimos padeciendo en el estado sobre la corrupción, es una omisión de responsabilidades e impunidad de consumados delincuentes, es consecuencia directa de que las fiscalías operan contra el interés superior de nuestro territorio, y muy al contrario cuando pueden le echan un poquito más de leña al fuego, para sabotear la acción de la justicia. ¿No es acaso para escandalizarse? pero así están las cosas.

LOS CIUDADANOS LOS QUIEREN EN LA CÁRCEL

*Juicio a Graco y a Villalobos

Todo parece indicar que al ex gobernador Graco Ramírez Garrido ahora sí le dio escalofrió con el juicio político en su contra, que avanza en el Congreso local. No sólo se presentó personalmente a entregar la respuesta a esa demanda; sino que solicitó un amparo ante un juzgado federal de Distrito.

Para que el “marrullero” tabasqueño se tomara la molestia de venir hasta acá para intentar defenderse y además ampararse, es porque ahora sí siente que «la lumbre le llega a los aparejos», y eso significa que a pesar de los comparsas con los que cuenta en el Congreso local la mayoría de los 20 legisladores sí estarían aprobando la procedencia del juicio político.

Sobre este tema, el diputado local José Casas González señaló que «de todos modos, en el caso del amparo, éste no suspendería el proceso en la cámara, “vamos a continuar con él y la semana que entra se reúne la Comisión de Gobernación y Gran Jurado valorar y votar el asunto».

Agregó «hasta donde conocemos del proceso del juicio político sí hay pruebas y elementos para que esto llegue a un término esperado», destacó que en el mismo expediente se contemplan dos de sus ex funcionarios; el ex secretario de Hacienda Jorge Michel Luna y la ex contralora Adriana Flores Garza; ésta última aún no contesta la demanda y tiene un plazo que está por vencer, veremos a ver si lo hace.

Del mismo modo Casas González recordó que también en la Cámara de Diputados se da curso al juicio de procedencia en contra del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Consideró que «para que esa fiscalía haya solicitado éste procedimiento es porque cuenta con pruebas sólidas contra el alcalde; aunque aún desconozco a detalle en qué términos viene porque todavía no llega a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado; pero se entiende que igual que el procedimiento contra Graco trae los elementos suficientes para desaforar a Villalobos y aplicarle la ley, es decir deponerlo del cargo».

Ambos personajes merecen ser llevados ante la justicia porque se han comportado de la manera más ruin; robando al pueblo de Morelos de forma descarada en el caso del tabasqueño, y arruinando Cuernavaca en lo referente a Villalobos.

“No se puede ni se debe permitir que «busca fortunas» como esos sigan de forma descarada robando «a ojos vistos», sin consecuencias. Deben tener un escarmiento a fin de que en lo sucesivo los políticos actúen con más responsabilidad” ¿No le parece?

«PIRATAJE», HERENCIA MALDITA

*Hay denuncia contra Messeguer

Con motivo de las elecciones de julio del 2018 y por instrucciones seguramente del entonces gobernador Graco Ramírez Garrido, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos (SMyTM)  entregó en promedio 10 mil permisos «piratas» a empresarios del transporte público, a cambio de que votaran por la candidatura al gobierno estatal de su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda.

Fueron varios secretarios de la dependencia como Jorge Messeguer Guillén, el carga maletas del tabasqueño, y otros, quienes cumplieron la disposición a través de «dirigentes» del ramo como Víctor Mata Alarcón, Noé Sandoval y un sujeto conocido como «el cuervo»; a quien posteriormente se supone que ejecutaron, porque entre los supuestos beneficiados de esos permisos había gente amafiada o como quien dice “mañosos”, que al verse engañados se la cobraron.

A más de dos años de dichas acciones los juzgados correspondientes han negado a más de 200 transportistas «piratas” amparos, a fin de seguir «trabajando» sin los permisos respectivos, y la instrucción del gobierno del estado hacia la SMyTM, a cargo de Víctor Mercado Salgado, es no ceder a tales pretensiones y detener -vía operativos-, a esas unidades que circulan fuera de la ley.

Derivado de los amparos solicitados, esos concesionarios que se prestaron a los actos de corrupción amenazan nuevamente con salir a manifestarse; bloquear calles y avenidas como ya lo hicieron en dos ocasiones al inicio de la contingencia, para presionar por algo que es un delito y por lo cual deberían ser los primeros en denunciar que los engañaron e iniciar procesos legales.

Es decir, Víctor Lara, Víctor Mata Alarcón, Noé Sandoval y algunos otros lidercillos del sistema estatal del transporte del estado ya comienzan a moverse; cuando les debería dar pena lo que hicieron, afortunadamente el hijastro del ex gobernador perdió estrepitosamente y con ello se evitó que esos más de 10 mil permisos fueran regularizados; porque ese era el pacto a cambio del voto.

Pero por tales circunstancias Messeguer Guillén fue ya denunciado y otros cómplices como David Martínez y otro ex secretario del ramo; aquí la pregunta es ¿por qué no ha sido llamado este personaje ante los tribunales competentes para que aclare los delitos cometidos? las faltas son graves, y las consecuencias tendrían que ser igualmente fuertes.

Le decíamos que son muchos los involucrados, como en el caso de Mauro y César Yáñez y a todos ellos se les debe llamar a cuentas; lo interesante es que la advertencia de la SMyTM mantendrá vigentes los operativos para ir localizando a esas unidades, distribuidas en toda la entidad y que siguen ofreciendo un servicio sin cumplir con las normas que marca la materia.

NOTIFICAN JUICIO POLÍTICO A GRACO RAMÍREZ

El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado, José Casas González, dio a conocer hoy que fue notificado del juicio político que se incuó en su contra el ex Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu.

En una conferencia de prensa con medios de comunicación el legislador explicó que el secretario técnico de la comisión acudió al domicilio del ex mandatario para dejar la notificación, por lo que el ex funcionario perredista acusado de ejercicio indebido del servicio público deberá responder legalmente máximo en 15 días.

José Casas recordó que la solicitud de juicio político fue interpuesta por el Consejero Jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, también es en contra de la ex titular de la Secretaría de Hacienda, Adriana Flores Garza; de quien su domicilio difiere del señalado en autos, además de que Jorge Michelle Luna, quien también ocupó el mismo cargo fue notificado personalmente la mañana de este miércoles.

Con dicho procedimiento, el ex gobernador perredista tiene 15 días hábiles para contestar la denuncia; donde deberá designar un domicilio y un abogado para recibir notificaciones, y en caso de no contestar se perderá el derecho a la presentación de pruebas a su favor.

Con dicho avance, el diputado refrendó su compromiso con la justicia y de llevar al ex mandatario morelense a responder al pueblo por lo que hizo durante su administración.

QUE TANIA QUIERE SER GOBERNADORA

¿Los Miranda y “El Carrete» al poder?

Por los beneficios y ventajas que obtienen la mayoría de quienes incursionan en la política, así sea de aprendices, buscan perpetuarse en cargos de «representación popular»; aunque sus acciones sean en contra de los intereses de sus representados.

Hay otra señal clara que distingue a los improvisados de los formados en el trabajo político; los primeros se vuelven arrogantes, prepotentes, insensibles; además sienten que están tocados por los dioses y que todo mundo los debe elogiar y caravanear, se marean en el primer tabique.

Pero prácticamente todo aquel o aquella que por voluntad popular, apoyo de partido o por circunstancias coyunturales de la política llega a ocupar algún espacio en las estructuras del poder público, busca a toda costa seguir ahí; por la buena o por la mala.

La seriedad, la ética y el compromiso social han perdido importancia para esa casta de vividores del presupuesto; porque salvo raras excepciones, no se les puede llamar de otra manera y buscarán continuar con una vida de placeres a costa de la miseria y la marginación colectiva y ese el caso de la diputada local del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Ahora esa señora nos anticipa -y muy a destiempo- que quiere ser gobernadora, y para tal efecto contenderá en las elecciones del 2024; a pesar de que aún no vamos ni a las elecciones intermedias de julio del año que viene.

Francamente, es una ofensa para el electorado y un despropósito político, porque la «legisladora» se ha dedicado a desarrollar un «trabajo» sucio en contra de los morelenses; defendiendo intereses mezquinos de una pandilla de ladrones que encabezó el ex gobernador Graco Ramírez Garrido, y no obstante eso hoy advierte que desea «gobernar» la entidad.

Si se tratara de un personaje honorable y comprometido con las causas populares, en éste espacio apoyaríamos el proyecto con todo, pero basta con recordar algunos, sólo algunos antecedentes de su pasado, para darse cuenta de que es un enemigo público y, que el sólo hecho de que busque ser gobernadora, es una cachetada al pudor; la decencia y el honor de los morelenses.

La señora llegó al PT usando artimañas poco decentes, se hizo «amiga» o pareja, como quiera llamarle, de quien fuera el líder estatal petista durante muchos años: Rigoberto Lorence López y lo despojó del mando una vez que logró algo de poder acusándolo de malos manejos e irregularidades, porque él la promovió en cargos como regidora de Cuernavaca y diputada local en legislaturas anteriores.

El hombre está muy lastimado por esa alta traición; se encuentra enfermo hasta donde se tiene información, casi no camina o lo hace con dificultad, por lo tanto no tiene casi de dónde agarrar para vivir. Por los años que sirvió a ese partido, considera que tiene derecho a un apoyo económico de la dirigencia nacional, pero la Tania se ha encargado de bloquearlo y mal informar a la dirigencia nacional para que no lo apoyen.

Ella se juntó con él luego de haber sido pareja de un hijo del ex senador Fidel Demédicis Hidalgo, que fue así como llegó primero al PRD, a quien igualmente traicionó, pero ya iba con premeditación, alevosía y ventaja con el fin de quedarse al frente del PT, sus orígenes laborales empezaron con su colaboración con la panista Margarita Alemán en el Congreso local.

Una vez con el control del PT, fue quien promovió candidaturas de individuos que presuntamente se dedican a actividades ilícitas como Alfonso Miranda Gallegos, actualmente sujetos a proceso penal por delitos contra la salud.

Ese tal Miranda, que fuera legislador local y alcalde de Amacuzac -por decisión de Tania Valentina-, porque ella le dio la candidatura; es tío de quien también purga penas en prisión por delincuencia organizada, varios asesinatos y secuestros; conocido como cabecilla del cártel de “Los Rojos» y apodado “El carrete».

Así que ya se imagina usted, seguramente cuando llegara a gobernar Morelos el secretario de gobierno sería precisamente Miranda Gallegos; “El carrete», o igual el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, y de ahí toda la rama de delincuentes y familiares de ellos tendrían cargos esenciales en la administración, y como elementos policiacos para que nos cuiden pues a los que integran la célula de los rojos.

¡Sería una chulada de gobierno, y la reina pues imagínese, pensando ya en aspirar a la presidencia de la República! finalmente “soñar no cuesta nada” y en un mundo y entorno de perversión, maldad y ambiciones desmedidas, todo es posible sabiendo qué componendas hacer.

Lo increíble es que aún quienes conocen algo de su escabroso pasado todavía `le den coba´ y hasta le aplaudan sus desplantes y locuras, en lugar de advertir a la sociedad de lo tenebroso que es pensar en algo tan descabellado como eso; y quienes así actúan también van contra los intereses superiores de su estado y de su gente.

¡Ah¡ pero, ya viene respaldada de figuras de la misma calaña como el hijastro de Graco, Rodrigo Gayosso, con lo poco que queda del PRD; porque `batean por el mismo lado´, por el mismo que el remedo de alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, con quien se apoyan mutuamente y en fin, toda esa sarta de corruptos en torno a la presencia del tabasqueño.

Pero dice un dicho que «Dios no les da alas a los alacranes», tenemos que comenzar a combatir como electores a ese tipo de «aves de mal agüero»; porque por eso estamos como estamos, si no aprendemos a distinguir entre servidores públicos y alimañas, nos seguirá yendo `como en feria´ ¿No lo cree así?

¿POLÍTICOS O ASOCIACIÓN DELICTUOSA?

graco auditoría

Se reagrupan graquistas

Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de haber ética; vergüenza y honestidad; el señor ya habría pedido licencia al menos temporal al cargo, a fin de enfrentar el proceso de forma imparcial y sin recursos de la comuna, porque los señalamientos que se hacen son en parte de carácter personal.

Hasta el momento, el sujeto no ha respondido a los señalamientos por el presunto enriquecimiento inexplicable como procedería; es decir, buscando por lo menos desvanecer los dichos y las pruebas en su contra, y por el contrario sigue intentando hacerse la víctima.

Pero, el colmo de los cinismos, es que desde el Congreso local la diputada del Partido del Trabajo y sus secuaces (Tania Valentina Rodríguez); salgan a pronunciarse por la reelección del conocido como «el tanguitas», en lugar de pedir que se aclaren y esclarezcan las presunciones del delito.

¿Estamos realmente ante políticos o una asociación delictuosa de cuello blanco? se nos antoja que esto último, pero el posicionamiento se entiende perfectamente porque tanto la petista como el “remedo de edil” son parte de una misma pandilla de vividores del presupuesto público, herencia desafortunada del ex gobernador Graco Ramírez Garrido.

Aquí siempre dijimos que el ladrón tabasqueño, para protegerse ante las posibles denuncias que vendrían en cascada en su contra por todo lo que se robó, armó toda una estructura de protección a futuro, dejando a varios funcionarios en cargos clave que podrían protegerle de llegar a ser imputado y otros que en otros cargos le cuidarían las espaldas.

¿Como qué cosas? el nombramiento del Fiscal General de Justicia Uriel Carmona, la integración de un grupo de legisladoras (la mayoría plurinominal porque así era seguro que llegaban), que desde el recinto Legislativo tenían una misión de impedir el avance de cualquier acción de investigación en contra suya, y para sabotear toda intención de echar abajo las “jubilaciones doradas” que ilegalmente otorgó la legislatura anterior a  muchos personajes, gente ligada a esa mafia que como pago buscarán quedar en silencio, y Tania Valentina encabeza al grupo esas «legisladoras progresistas».

Más aún, Villalobos le debe a Graco el haberse sacado la lotería sin siquiera hacer campaña, porque la estrategia electoral fue pensada así; con el propósito de que ellos continuaran controlando la capital del estado, obvio en complicidad de gente sin escrúpulos.

Y como tenemos memoria y todos esos antecedentes, por eso comprendemos perfectamente cuál es el origen y propósito de ese «apoyo», a quien deberá primero probar que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción no es real, y que no compró los dos departamentos de lujo en Acapulco y dos en Cuernavaca, en la plaza Averanda, además de una colección de autos y motos también de lujo.

Pero esos delincuentes ni las apariencias guardan, son tan evidentes que sólo hay que dar un ligero seguimiento a sus posiciones y comportamientos, para saber que siguen amafiados para impedir cualquier avance en la intención de castigar a quienes siguen traicionando al pueblo de Morelos.

Como supuestos «representantes populares» la obligación de las diputadas es defender los intereses colectivos de los morelenses, en contra de toda acción de corrupción, pero como su “modus vivendi” es el mismo, al igual que su perverso origen; pues más bien hacen un frente común para seguir haciendo de las suyas.

Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y mientras como electores no seamos capaces de distinguir entre políticos comprometidos con la sociedad y los depredadores; seguiremos siendo víctimas de esas lacras de demagogos y traicioneros. Por lo tanto, si en verdad queremos un cambio y mejoría hay que cerrarles el paso en las urnas a todos esos enemigos públicos, no hay más.

JUBILACIONES DORADAS

*Nunca es tarde

Entre los compromisos que hicieron a sus posibles electores algunos de los entonces aspirantes a diputados locales en la elección del 2018, estuvo aquél de desarticular toda una red de perversión y robo que armó el entonces gobernador Graco Ramírez y la bancada local de legisladores en esa época; en lo que tiene que ver con lo que se denominó «jubilaciones doradas» que se registraron desde la mitad del sexenio pasado y sobre todo al final.

Si bien es cierto que algunos de los que lograron llegar al recinto legislativo, como en el caso de José Casas González, buscaron empujar el cumplimiento de esas ofertas populares; el propósito jamás logró prosperar en los primeros meses de la actual legislatura, porque el tabasqueño había dejado garantizada su protección en la nueva legislatura, o sea la actual, con un grupo de siete diputadas -la mayoría que llegó al cargo por la vía plurinominal- que son afines a él, que siguen defendiéndolo hasta con las uñas, encabezadas por Tania Valentina del PT y otras de partidos menores que se aliaron.

A pesar de que para disimular se permitieron a inicios de la legislatura algunos avances menores, en el grueso de los casos más escandalosos; simplemente los expedientes se empantanaron, desaparecieron o se actuó mal y ahí se intentaron congelar, porque había beneficiados muy cercanos al ex mandatario perredista Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y hasta familiares de estos ex diputados y funcionarios de su gabinete.

Tras lo más pesado de la pandemia por el COVID-19 que nos ha tenido paralizados el asunto pareciera cambiar, sobre todo porque ahora (desarticulado por riñas internas el grupo de legisladoras y desaparecidos varios grupos parlamentarios) Casas González fue instalado como presidente de la comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y fue él quien revivió las denuncias y expedientes.

Reunió información que desde el principio debió recabarse respecto de una serie de «chicanadas”, falsos documentos de antigüedad laboral; de salarios y cargos de los «recomendados” y otros vicios imperdonables que se presentaron para solventar las solicitudes de jubilación anticipada,

Pues sí, ahora sí el señor legislador integró una serie de pruebas con las que presentó ayer las denuncias ante las instancias competentes con el respaldo de la Dirección Jurídica del propio Poder Legislativo y con la exigencia de que la Fiscalía General de Justicia de Morelos y la de Anticorrupción; ahora sí le den prioridad a este caso, para que se suspendan en primera instancia los pagos irregulares de jubilación que se han venido haciendo y hasta exigiendo por ex funcionarios, quienes incluso se ampararon de algunas actuaciones realizadas anteriormente sin el rigor suficiente, como queriendo que se echaran abajo fácilmente.

Lo que se explica, es que las cantidades a los «agraciados» van desde los 20 mil, hasta los 90 mil pesos mensuales por pago de jubilaciones, que en su conjunto representan cerca de ocho millones de pesos al mes, que se paga del presupuesto anual a esos “jubilados dorados” que no cumplían la mayoría de los casos con la edad mínima establecida para acceder al beneficio, los años de trabajo desempeñado en el gobierno estatal, incluso ni siquiera en algunos casos con antecedentes laborales en el área.

Como presidente de la comisión, Casas González, tiene más facultades e injerencia directa para reclamar atención al asunto; una vez que entregó las pruebas documentales de los falsos expedientes que se armaron.

Y aquí, no sólo se trataría de anular esos actos de corrupción en cuanto al pago se refiere que es un quebranto patrimonial para el Estado; sino que se fincarían otras responsabilidades como el tema de la falsificación documental, donde están coludidos algunos ex presidentes municipales del trienio anterior, ex diputados como los ya denunciados Beatriz Vicera, Hortensia Figueroa, Julio Espín, Francisco Navarrete y Silvia Irra, esta última ex presidenta de la Comisión del Trabajo y que se prestaron a todo.

De avanzar las cosas habría responsabilidad legal contra presuntos beneficiarios, ex funcionarios, ex diputados y ex alcaldes; que tendrán que ser llamados ante los tribunales de justicia, y de encontrarse culpables proceder con las penas a que haya lugar por diversos delitos.

Entre esos indeseables que “se despacharon con todo” están ex funcionarios y trabajadores del Congreso como la ex Directora de Recursos Humanos y de Administración, quienes fungían como secretarias particulares tanto de Graco como de su esposa Elena Cepeda, quien fuera Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, esposas de ex legisladores y amigos de algunos de ellos; y el caso de Julio Espín Navarrete que, como manejaba al edil de Puente de Ixtla a su antojo, de ahí y otros municipios se expidieron varias constancias falsas de antigüedad laboral.

Todo un grupo mafioso, ojalá no quede impune este caso, porque la verdad es mucha la rapiña y la ofensa en contra de la sociedad morelense, no nos merecemos esto, a los rufianes hay que llevarlos a cuentas.

DECISIONES EN PUERTA

A propósito de la reunión con Sánchez Cordero

Si bien es cierto que las entidades federativas son las responsables directas de generar las condiciones de armonía y tranquilidad para vivir en paz, armonía y desarrollo; algunos aspectos sólo se pueden resolver mediante el apoyo del gobierno federal.

Por las circunstancias de como heredó el gobierno estatal el mandato, es indispensable que la Federación coadyuve en muchos rubros; desde luego, el más importante referente al combate a la delincuencia que no parece dar tregua.

Morelos vive desde hace buen rato una confrontación de poderes que impide caminar hacia adelante y seguir sentando las bases para un mejor futuro, porque hay fuerzas perversas muy bien articuladas que siguen jalando hacia atrás. Con propósitos malvados, de rencores y de revanchas, y ahí es necesario un pequeño empujoncito para desarticular a quienes; identificados con el pasado están haciendo daño.

Por lo que hemos sabido la reunión de 13 legisladores locales con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tendrá repercusiones casi inmediatas en lo que toca al esfuerzo por someter a los enemigos de Morelos, y si es cierto, las primeras señales aparecerán en torno al Poder Judicial local.

Esta decisión, se confirmó con algunos de los legisladores asistentes, tendrá repercusiones en las dos fiscalías, General de Justicia y Anticorrupción. Incluso, en lo que se refiere a la composición de los grupos al interior de la cámara local, se darán algunos movimientos.

Es decir, el grupo minoritario, las mujeres diputadas afines a Graco Ramírez, ex gobernador, sufrirían merma, facilitando las cosas para que en el futuro inmediato el Poder Legislativo tenga manera de avanzar en el trabajo que le corresponde.

De tener algo de verdad esta versión, pues el tabasqueño pudiera quedar ya amputado de las dos manos y de una pierna; como le dijimos ayer, lo que le limitaría mucho para poder seguir generando acciones de ingobernabilidad.

Un punto distinto a la grilla, igualmente abordado con Sánchez Cordero, fue el relacionado con los problemas financieros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), e incluso se comprometió a mandar el subsecretario de gobernación en unos días, para dialogar con las autoridades universitarias y darles a conocer el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre el tema, para comenzar a resolver esos fuertes conflictos económicos. Algo de lo que públicamente no se dijo de ese encuentro.