ZAPOTITLA; CASI A SALVO

Lo conozco, tiene apoyo

Cuando se consideraba inminente el juicio político y consecuentemente el desafuero del diputado local Marcos Zapotitla Becerro, se logró un amparo que le otorga suspensión definitiva en contra de las acusaciones por una presunta violación; por lo menos eso expuso el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local, José Casas González.

Y si bien el legislador advirtió que impugnará la determinación del Juzgado Quinto de Distrito, acusó al director jurídico del Legislativo, Gerardo Florentino Galindo, de no haber aportado los elementos requeridos al juez; en torno al proceso que se sigue contra el legislador, lo cual deja ver que hay serios actos de corrupción y componendas al interior del Poder Legislativo.

Acorde con lo expuesto por Casas González en sus argumentos y razonamiento del por qué concedió tal beneficio la justicia federal a Zapotitla Becerro, el juez dejó claro que el área jurídica de la cámara de diputados local nunca hizo llegar a tiempo la documentación requerida por la parte acusadora y se debió conceder la razón a Marcos.

Muy difícilmente la impugnación de Pepe Casas podrá revertir por ahora el amparo definitivo y el asunto entrará en un conflicto interno; porque si en verdad Florentino Galindo no cumplió con su responsabilidad a pesar de que contaba con los documentos demandados por el juez, se tendrá que investigar si lo hizo por omisión o con premeditación, alevosía y ventaja, como parece ser.

Pero no es cosa menor, porque estamos hablando de un presunto delito de violación, y es cierto que aún no se le han probado nada a Zapotitla; sin embargo podría ser real y entonces caeríamos en un caso más de impunidad, por complicidades al interior de un poder que debería ser ejemplo de pulcritud y respeto a las leyes.

En primer término se tiene que saber por qué el director jurídico hizo esto, si se trató de una decisión propia o detrás de él hay otros diputados que ordenaron la no entrega de pruebas o lo que haya sido, en contra del aún compañero de la legislatura. Pero, si fue el funcionario el que cometió tal falta pues lo menos que se espera es su destitución.

Qué triste es seguir observando cómo la corrupción obstruye la aplicación de las leyes y permite cualquier atrocidad; sin que ello sea objeto de consecuencias para los responsables. La actual Legislatura no sólo ha sido una decepción y fracaso para los morelenses, por altos niveles de incapacidad e ignorancia en la mayoría de los 20 «representantes populares»; sino que se aprecia que cuando tiene la posibilidad -como ocurrió en la legislatura anterior- se venden por unas cuantas monedas.

A estas alturas y con un proceso electoral a cuestas; dudamos sinceramente que se corrijan los errores en el caso en cuestión y se llegue a las últimas consecuencias, el asunto pinta para ser parte de las decenas de expedientes archivados, no obstante que son producto de gravísimos actos de agresión al pueblo.