YA ERA HORA

*Reactivan diligencias de fosas en Jojutla

Luego de mucho tiempo de escándalo en torno al hallazgo de cientos de cuerpos en fosas irregulares, tanto en el panteón de Tetelcingo de Cuautla como en Jojutla, poco se ha avanzado en la investigación de esos cuerpos depositados en ellas.

Acaso se usó el tema, en su momento, con tintes político-electorales y luego cayó en el olvido. Sólo los familiares de algún desaparecido de cuando en cuando vuelve a denunciar el caso y exigir el cumplimiento de autoridades.

Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, estuvo de visita en Cuernavaca y sostuvo un encuentro con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo; así como con el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante.

Lo interesante es que se anunció que se reiniciarán las diligencias e investigaciones, y se buscará identificar a los cuerpos que se exhumaron con irregularidades y entregarlos a cada familia de las víctimas, si aparece en el padrón nacional de desaparecidos que se está integrando, lo cual nos parece correcto, porque es algo que sigue pendiente.

Pero, si bien es cierto que tanto en Tetelcingo como en Jojutla se ignoraron reclamos de quienes pedían indagar el destino de muchos desaparecidos en el gobierno anterior, queda algo igualmente importante de resolver, castigar a quienes permitieron semejante barbarie con esas fosas comunes.

Es decir, es loable que gobierno estatal y federal le den seguimiento al caso para, al menos, entregar los restos de esos cuerpos a sus familiares; pero hay que ir por los victimarios y poner orden en las instancias competentes.

Ahí hay evidencias de que algunos de los cuerpos fueron muertos a manos de la delincuencia organizada, pero otros parece que fueron crímenes de Estado, que podrían ser víctimas de los cuerpos policiacos por detenciones arbitrarias o casos de tortura.

Dentro de esos casos sospechosos habría que deslindar responsabilidad, y ver quiénes estuvieron a cargo, quiénes fungían como fiscales, incluyendo al actual, que ya estaba en la dependencia y al propio ex gobernador Graco Ramírez.

Así que, si se le escarba, la lumbre podría llegarle al tabasqueño ahora sí.

CRÍMENES, DESAPARICIONES

*Entre la maña y el gobierno

Podemos considerar que la justicia y la legalidad nunca se han aplicado a cabalidad a favor de los ciudadanos.

En este país las leyes están estructuradas de tal forma que los verdaderos delincuentes, aquellos que causan un daño superior, están prácticamente fuera de su alcance porque muchos de ellos son quienes las aplican.

Lo anterior viene al caso porque se acaba de dar fe de cientos de miles de desaparecidos o asesinados desde hace décadas, la mayoría, de los tres sexenios anteriores al actual.

Difícilmente se puede contar con cifras confiables tanto en desaparecidos como en asesinados porque las autoridades siempre maquillaron números; es decir, sí había 10 asesinatos solamente se reportaban oficialmente dos o tres.

Hoy, mediante las redes sociales se pueden tener cifras más cercanas a la realidad, pero años atrás oficialmente se informaba lo que les deba la gana.

¿Y quiénes son los responsables de tan abominables masacres y hechos? por lo menos de unos 15 años a la fecha hay dos actores identificados; el propio gobierno y los grupos del crimen organizado.

Lamentablemente, Morelos es un referente obligado en ambos delitos, en el contexto nacional. Sólo aquí son cientos los cadáveres ubicados en varios puntos y otros que restan, como los que se depositaron irregularmente en las fosas de Tetelcingo en el municipio de Cuautla y en Jojutla, aunque debe haber muchas otras tumbas clandestinas no descubiertas aún.

¿Y a quién le importa? Las instancias «competentes» en la materia lo menos que muestran es voluntad para investigar y eventualmente proceder en contra de los presuntos responsables, aunque casi están a la vista de todos los sátrapas.

Ojalá que las cosas comiencen a cambiar porque como pueblo hemos vivido décadas de injusticia producto de regímenes de gobierno simulando trabajar por los gobernados, pero que sólo han actuado en todo momento en defensa absoluta de sus perversos intereses, incluso de la mano de los delincuentes como hemos visto en varios casos emblemáticos.

Pobre país engañado, traicionado, hurtado y despojado de lo que se supone le pertenece, milagrosamente no ha colapsado.

CUENTAS PENDIENTES

Entre tantas arbitrariedades, heredadas por el ex gobernador Graco Ramírez, está el caso de las fosas de Tetelcingo en los municipios de Cuautla y la de Jojutla.

Cientos de personas no identificadas, desaparecidos, víctimas de la delincuencia y hasta en acciones policiacas, fueron depositadas ahí sin la más mínima consideración y con escasos trámites en algunos casos o irregularidades.

Por más presiones que en su momento se hicieron para obligar al gobierno anterior a permitir revisar los cadáveres, a fin de ver si desaparecidos quedaron ahí, no hubo mucha voluntad.

Hoy, a años de distancia, siguen familiares de algunas víctimas exigiendo justicia con protestas y manifestaciones. Familiares continúan clamando por un acto por parte de las instancias «competentes», como la Fiscalía General y la Comisión de Víctimas, que todo indica es la autoridad más interesada en que esos temas e investigaciones prosperen.

¿Por qué? sencillo, el señor Fiscal Uriel Carmona fue nombrado por el ex gobernador Graco Ramírez, y su compromiso es protegerle las espaldas, en temas tan delicados como éste.

Algunas madres de desaparecidos o asesinados, como María Concepción y Amelia Hernández, Oswaldo Cándido o Liliana Domínguez; con la asesoría de abogados, entre ellos, Octavio Lazcano y Javier Guerrero, denunciaron precisamente que la Fiscalía intenta archivar esos expedientes relacionados con sus hijos.

Incluso, debieron informarse en el sentido de que hay una obligación oficial para la reparación del daño, y sobre todo tendrían que recibir apoyo legal gratuito, en lugar de contratar servicios de abogados particulares. Pero no existe esa disposición, por el contrario hay que litigar contra la propia Fiscalía para que actúe, así de perversas están las cosas con Uriel Carmona.

Este tema muestra con mucha claridad el nulo esfuerzo de algunas instancias para buscar, por lo menos, hacer un pequeño acto de justicia para aquellas familias que sufren el dolor por la pérdida de alguno de sus integrantes.

Cuando acuden a quienes están obligados a acompañarlos en su calvario, a reparar daños morales, económicos o psicológicos; se encuentran que todo es un simulacro.

Vivimos en medio de la podredumbre, porque muchos funcionarios son parte misma de las mafias que tienen sometido a Morelos, y a pesar de que viven con el dinero del pueblo, tienen relaciones de corrupción con los maleantes, logran sumar ganancias, dándole la espalda a la ciudadanía.

La red de la delincuencia organizada ha escalado a los más altos niveles en el ejercicio del poder público; ha sustituido al gobierno en algunas zonas y manda desde dentro de las corporaciones policiacas que están a su servicio, por eso son los que mandan y se mueven con toda la impunidad. Morelos es un estado minado.

Quienes gobernaron la entidad desde hace más de una década, fueron cediendo terreno a los criminales, los dejaron crecer de más y hoy el poder que ostentan es prácticamente superior al de las autoridades formales.

Lo de las fosas es un asunto sin resolver, y eso daría incluso hasta para que Graco fuera a la cárcel, pero para eso dejó a dos fiscales, el General de Justicia y el Anti Corrupción, Juan Salazar Núñez.

Bueno, aún en el Congreso local, el titular de la Entidad Superior de Fiscalización es también gente suya, como la mayoría de los diputados locales ¿cómo la ve?