CABEZAS DE LA FISCALÍA, SIN EXÁMENES DE CONTROL

Acusa diputado Casas

Violando las normas elementales en la materia, en su oportunidad, el ex gobernador de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu nombró -en complicidad con la legislatura local anterior- a Uriel Carmona Gándara como Fiscal General de Justicia del estado; no obstante, que se asegura no cuenta con los exámenes de Control y Confianza, requisito “indispensable” para los altos mandos en el área de seguridad, según lo asegura un diputado local.

Quizás usted esté enterado de que la semana pasada se dio a conocer que el señor fiscal estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y otras autoridades a nivel federal, por la presunta comisión de delitos como terrorismo, tráfico de armas y otros asuntos de suma delicadeza que nos ponen en alerta.

También se supo que vía esas instancias se pidió al Congreso de la Unión desarrollar el procedimiento respectivo para retirarle el fuero a fin de que pueda ser procesado por las instancias competentes, al respecto el diputado José Casas González dijo que en caso de que avance el tema será el Congreso local el responsable de concluir el mismo.

Claro, lo anterior a partir de que la UIF inició las indagatorias y pidió a los legisladores federales actuar al respecto; eso es por un lado y por el otro está el asunto de que no presentó resultados de los exámenes de Control y Confianza, requisito que está contemplado en el artículo 111 constitucional y sin él diría el diputado no puede desempeñar un cargo en el que lleva ya varios años.

O sea que el funcionario en referencia está ahí cumpliendo con un compromiso con el ex gobernador para impedir que avancen los procesos legales en su contra y otras investigaciones en contra de ex funcionarios de su sexenio por actos de corrupción. Pero sin ni siquiera cumplir con los requisitos fundamentales para tal efecto, algo muy grave.

Pero no sólo eso, Casas González también asegura que tampoco Adriana Pineda, Fiscal Antisecuestros en la entidad, cuenta con tales exámenes. Entonces esto es un auténtico cochinero, «servidores públicos» que no cuentan con los perfiles para sus respectivos cargos, presuntos delincuentes investigados por la federación y en manos de ellos está el dizque el combate a la delincuencia en todos los sentidos.

Esto no tiene perdón y quienes tenían la responsabilidad de verificar el cumplimiento de normas sobre el asunto son los actuales legisladores locales, pero ahí mismo hay cómplices del fiscal, y han impedido cualquier avance esa materia; el diputado recuerda que al empezar la legislatura se logró sacar el acuerdo para destituir a Uriel Carmona, pero tras haber sido aprobado el punto se congeló en la Junta Política del Congreso.

¿Adivine quién estaba de presidenta de la Junta Política en ese momento? Pues sí, la diputada y dirigente estatal del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, una de las cómplices y colaboradora de Graco.

Si hubiera algo de decencia por parte de la mayoría de los integrantes de la cámara local, y sobre todo compromiso con Morelos; así fuera tarde deberían resolver esto, pero habría que ver cuántos integrantes de dicho «cuerpo colegiado» están en complicidad con el ex gobernador y con el fiscal, que no podría ni haber tomado protesta al cargo sin los exámenes correspondientes y tampoco haber sido ratificado ya en esta Legislatura.

INVESTIGAN AL FISCAL DE MORELOS

La Fiscalía General de la República (FGR) presuntamente inició una carpeta de investigación en contra del Fiscal General de Justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por la comisión de delitos del orden federal.

De acuerdo con información publicada en medios electrónicos hasta el momento, la agencia del Ministerio Público hizo una petición sobre el caso ante el Congreso de la Unión, ya que los legisladores federales tienen la facultad de desarrollar el procedimiento legal para remover de su cargo al funcionario morelense nombrado por el Congreso local de una terna propuesta por el Ejecutivo; procedimiento que se realizó en el sexenio pasado y que no ha podido ser revertido.

La solicitud ingresó presuntamente a la cámara el pasado 14 de diciembre mediante el oficio FGR/SEIDO/UEITA/TU/2092/2020 y está en manos de los legisladores que integran el Sistema de Información Legislativa.

Uriel Carmona Gándara, fue instalado en la Fiscalía de Morelos por el ex gobernador Graco Ramírez Garrido en el sexenio pasado, cuando se modificaron también las disposiciones legales para su nombramiento y permanencia en el cargo, de tal manera que los integrantes del nuevo gobierno no pudieran removerlo.

De acuerdo con medios informativos nacionales, una AMP de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas a través del Sistema de Información Legislativa, para iniciar un procedimiento para «remover la inmunidad o fuero del servidor público», para que pueda ser juzgado.

Hasta ahora, y con el consentimiento de los legisladores locales actuales; que no promovieron la remoción del cargo cuando pudieron, el funcionario ha cumplido cabalmente su encargo -a favor del ex gobernador-, porque al nombrarlo se le otorgaron siete años de inamovilidad al frente de la dependencia en la anterior Legislatura por encargo del entonces mandatario estatal, quien sabía que se intentaría fincar responsabilidades en su contra por los saqueos e irregularidades que cometió en el estado.

Pese a que hay elementos e indicios de sobra para afirmar que el personaje referido no está cumpliendo su responsabilidad en lo que se refiere a la persecución de ex funcionarios de la pasada administración en el ámbito de su competencia; no obstante decenas de denuncias presentadas ante esa instancia contra Graco y ex funcionarios suyos, no se les ha dado curso fortaleciendo la teoría de que tiene un compromiso por protegerlos.

Habrá que esperar entonces para ver cuál es la decisión del Congreso de la Unión en este tema, y si es verdad la investigación en contra suya.

Por su parte, el funcionario emitió un comunicado en el que afirma no haber recibido comunicación al respecto, y se reservó el derecho para no hacer declaraciones sobre el tema por el momento.

CASO ZAPOTITLA: PROCESO ACELERADO

*Y los otros juicios pendientes ¿por qué no?

En unas cuantas semanas la denuncia de una presunta violación por parte del diputado local Marcos Zapotitla Becerro avanzó de forma inusitada, ya pareciera estar puesto para aplicarle juicio político y desafuero en un caso pocas veces visto, y menos por de parte de la Fiscalía General de Justicia del estado que para asuntos distintos aplica criterios y tiempos muy extraños.

Podemos decir que el legislador en mención es la primera víctima electoral hacia el proceso del año que viene; porque con todo lo que ha ocurrido en este caso lo más seguro es que -si tenía aspiraciones de reelección o de buscar otra posición electoral-, pues se le va a ir de las manos y más si lo ponen fuera del Congreso por una decisión de sus compañeros de legislatura.

¿Qué hay detrás de éste asunto? ¿es realmente Zapotitla culpable de lo que se le acusa? y ¿qué importancia tienen en este proceso las declaraciones de la abuela de la supuesta violada, en el sentido de que todo fue una treta? ¿tomará en cuenta la Fiscalía esos elementos o se seguirá derecho, sin ver esos datos? ¿es acaso una consigna y, si es así, de quién o quiénes o de dónde viene?

Y es que igual y si el señor es responsable eso tiene que probarse en los tribunales competentes, pero ¿y si no lo es, y la intención es simplemente privarlo de que siga participando en política y en la comisión de seguridad?

Lo que es cierto es que resulta medio contradictorio que mientras el tema que nos ocupa, en sólo unos cuantos días llegó ya prácticamente al estrangulamiento; mientras en la propia dependencia se tienen decenas de denuncias; muchas de ellas con suficiente sustento como para proceder contra ex funcionarios y ex diputados locales por presuntos actos muy graves de corrupción, incluyendo al ex gobernador Graco Ramírez Garrido.

Es por eso que a DAD le llama mucho la atención el caso; porque pareciera que cuando se quiere se trabaja a marchas forzadas para enjuiciar a alguien, pero cuando se trata de sujetos de probadas perversidades como Graco y su pandilla de forajidos; pareciera más bien haber protección e impunidad en algo que ciertamente afecta a los morelenses en general.

Aquí no vamos a defender al legislador; si la debe que la pague, aunque se supone que se debe de probar primero, lo que sí es que le exigimos al fiscal Uriel Carmona Gándara que aplique el mismo rasero en contra de quienes burlaron al pueblo de Morelos, que cometieron delitos que ya fueron denunciados y se siguen burlando de las leyes más elementales porque nada parece hacer para  que esos expedientes se muevan.

Bueno, sus propios «compañeros» de legislatura ya lo llevan a la guillotina, literalmente hablan de un apresurado desafuero cuando en condiciones normales, de acuerdo con el actuar de la justicia a la mexicana; y no se diga de la morelense con Uriel Carmona a la cabeza, eso tomaría meses o quizás años dependiendo de los márgenes de defensa de los involucrados.

Bueno… muy sencillo, ya el propio recinto legislativo tiene en sus manos las solicitudes de Juicio Político contra Graco y el Juicio de Procedencia contra el alcalde capitalino Antonio Villalobos Adán ¿qué está pasando con ellas? no sabemos nada, muy concretamente del caso contra Villalobos, que parece enfrenta pruebas irrefutables por el robo por cerca de 70 millones de pesos.

¿Por qué a uno le aplican el fast track y a los otros es dan muchas largas? por eso es que para nosotros resulta un tema bastante sospechoso, y pareciera que más bien es un ajuste de cuentas entre grupos políticos antagónicos, que desde ahora y muy anticipadamente a la elección del 2021 se vienen dando “hasta con la cubeta”. Por cierto, el diputado era miembro de la bancada del PES, porque ya se separó ¿no será un golpe político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a través de su partido?

Y si fuera así ¿quiénes están detrás de esa zancadilla? porque si las cosas van por ahí significa que la guerra recién comienza, porque los agredidos no se van a quedar con los brazos cruzados y seguramente responderán por alguna de las vías posibles.

Tristemente, éste es el nivel de debate y de lucha entre contrarios en el ejercicio del poder, no hay compasión cuando de pelear los espacios políticos y de control se trata, y menos se tientan el corazón para hacer daño a quienes consideran adversarios y se aplica aquello de que «el fin justifica los medios», o sea hay que quitar de en medio a quien pueda estorbar a intereses mezquinos. El poder y el dinero envilecen a las personas y más a quienes viven del presupuesto público.

¿POLÍTICOS O ASOCIACIÓN DELICTUOSA?

graco auditoría

Se reagrupan graquistas

Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de haber ética; vergüenza y honestidad; el señor ya habría pedido licencia al menos temporal al cargo, a fin de enfrentar el proceso de forma imparcial y sin recursos de la comuna, porque los señalamientos que se hacen son en parte de carácter personal.

Hasta el momento, el sujeto no ha respondido a los señalamientos por el presunto enriquecimiento inexplicable como procedería; es decir, buscando por lo menos desvanecer los dichos y las pruebas en su contra, y por el contrario sigue intentando hacerse la víctima.

Pero, el colmo de los cinismos, es que desde el Congreso local la diputada del Partido del Trabajo y sus secuaces (Tania Valentina Rodríguez); salgan a pronunciarse por la reelección del conocido como «el tanguitas», en lugar de pedir que se aclaren y esclarezcan las presunciones del delito.

¿Estamos realmente ante políticos o una asociación delictuosa de cuello blanco? se nos antoja que esto último, pero el posicionamiento se entiende perfectamente porque tanto la petista como el “remedo de edil” son parte de una misma pandilla de vividores del presupuesto público, herencia desafortunada del ex gobernador Graco Ramírez Garrido.

Aquí siempre dijimos que el ladrón tabasqueño, para protegerse ante las posibles denuncias que vendrían en cascada en su contra por todo lo que se robó, armó toda una estructura de protección a futuro, dejando a varios funcionarios en cargos clave que podrían protegerle de llegar a ser imputado y otros que en otros cargos le cuidarían las espaldas.

¿Como qué cosas? el nombramiento del Fiscal General de Justicia Uriel Carmona, la integración de un grupo de legisladoras (la mayoría plurinominal porque así era seguro que llegaban), que desde el recinto Legislativo tenían una misión de impedir el avance de cualquier acción de investigación en contra suya, y para sabotear toda intención de echar abajo las “jubilaciones doradas” que ilegalmente otorgó la legislatura anterior a  muchos personajes, gente ligada a esa mafia que como pago buscarán quedar en silencio, y Tania Valentina encabeza al grupo esas «legisladoras progresistas».

Más aún, Villalobos le debe a Graco el haberse sacado la lotería sin siquiera hacer campaña, porque la estrategia electoral fue pensada así; con el propósito de que ellos continuaran controlando la capital del estado, obvio en complicidad de gente sin escrúpulos.

Y como tenemos memoria y todos esos antecedentes, por eso comprendemos perfectamente cuál es el origen y propósito de ese «apoyo», a quien deberá primero probar que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción no es real, y que no compró los dos departamentos de lujo en Acapulco y dos en Cuernavaca, en la plaza Averanda, además de una colección de autos y motos también de lujo.

Pero esos delincuentes ni las apariencias guardan, son tan evidentes que sólo hay que dar un ligero seguimiento a sus posiciones y comportamientos, para saber que siguen amafiados para impedir cualquier avance en la intención de castigar a quienes siguen traicionando al pueblo de Morelos.

Como supuestos «representantes populares» la obligación de las diputadas es defender los intereses colectivos de los morelenses, en contra de toda acción de corrupción, pero como su “modus vivendi” es el mismo, al igual que su perverso origen; pues más bien hacen un frente común para seguir haciendo de las suyas.

Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y mientras como electores no seamos capaces de distinguir entre políticos comprometidos con la sociedad y los depredadores; seguiremos siendo víctimas de esas lacras de demagogos y traicioneros. Por lo tanto, si en verdad queremos un cambio y mejoría hay que cerrarles el paso en las urnas a todos esos enemigos públicos, no hay más.

RESCATAN SECUESTRADO EN CUAUTLA

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro logró el rescate de una persona en la colonia Tepeyac del municipio de Cuautla; luego de que se realizó un operativo coordinado con el apoyo de autoridades federales y estatales.

Como resultado de las acciones tácticas encabezadas por la Fiscalía a través de la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro y la Extorsión y el Grupo Fusión, conformado por agentes estatales y federales apoyados por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional; se logró poner a salvo a una víctima de secuestro y se logró el aseguramiento de una mujer presuntamente relacionada con ilícito.

Durante la madrugada del viernes familiares de un hombre privado de la libertad en la zona oriente de la entidad acudieron a denunciar el hecho, solicitando como pago varios vehículos, por lo que se activaron los protocolos correspondientes; brindando a los familiares la asesoría y el acompañamiento correspondiente para el proceso de negociación y pago.

El Grupo Fusión-UECS, conformado por agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado (CES), realizaron un operativo especial de entrega vigilada de un vehículo automotor.

Derivado de lo anterior, se logró ubicar el predio donde ocultaron la unidad automotriz, por lo que el Grupo Fusión-UECS, apoyados por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron un despliegue táctico en un inmueble ubicado en la Colonia Tepeyac de Cuautla.

Los agentes intervinieron el lugar apoyados por sobrevuelo del helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad, logrando el aseguramiento del vehículo entregado y la detención de quien fue identificada como Kenia Yaret “N” de 25 años de edad, quien presuntamente está relacionada con la privación de la libertad.

A consecuencia del despliegue operativo, la víctima fue abandonada por otros de sus captores en las inmediaciones del inmueble intervenido, para posteriormente quedar a resguardo de las autoridades que lo trasladaron a bordo del helicóptero de la CES a la capital del estado para su atención médica.

La mujer detenida fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, quien integra la carpeta de investigación correspondiente y será en las próximas horas cuando se defina su situación jurídica.

Las autoridades integradas a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz apoyan la articulación de acciones en contra de la delincuencia, garantizando la seguridad y acceso a la justicia para lograr la paz social en el Estado de Morelos

¿Y A DÓNDE VA EL DINERO DEL PUEBLO?

*En Justicia y Seguridad», el mayor derroche

Las condiciones económicas de la absoluta mayoría de los mexicanos son cada vez más precarias,  los cinturones de miseria crecen progresivamente; mientras la delincuencia no encuentra límites y mantiene en zozobra a la población.

Particularmente, en lo que tiene que ver con la prevención del delito, la seguridad y la justicia; pareciera no haber límites en lo que a recursos económicos se refiere, y lo inédito y curioso es que haciendo cuentas y observando los escenarios se antoja que desde hace tres lustros, cada peso que a ello se destina es dinero tirado a la basura, los índices de delitos de toda índole crecen sin control por temporadas.

Hoy, bajo la nueva administración federal, se nos ha informado de cómo desde cúspide del ejercicio del poder en nuestro país se abusó desmedidamente de los recursos naturales, financieros y de bienes de la nación para pasar a manos de políticos desvergonzados; algunos empresarios voraces y desde luego de los mismos capos de la delincuencia, que amasaban riqueza con dinero público, en una alianza de perversidades.

Sobre el tema de la Justicia y la Seguridad un medio informativo nacional se han publicado cifras, datos y fechas que muestran en efecto que este tema sirvió para desviar sumas económicas casi inimaginables, por parte de las administraciones comprendidas entre el 2005 y el 2018.

Interesantísimo artículo firmado por Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, titulado «gastos desmesurados” da resultados catastróficos y refiere que en esos años, anteriormente mencionados, se destinaron 3.5 billones de pesos a la Seguridad, pero el número de delitos creció en un 135.7  % al pasar de 14 a 33 millones de delitos anuales, y un 99 por ciento de impunidad.

Claro, dichas cifras son nacionales, pero si hacemos una revisión de lo que en Morelos ocurrió en esos mismos 13 años, hay una semejanza clara; anualmente el único presupuesto que se duplicaba era el de Justicia y Seguridad, y las cosas continuaban empeorando.

Sí, esas fortunas casi inimaginables no servían de nada ¿entonces cuál era la utilidad para el pueblo de tanto dinero invertido? ¿realmente se canalizaba a esas funciones o, igual que a nivel federal, era una puerta abierta para robar a manos llenas de parte de quienes nos gobernaban?

Aquí, durante el sexenio anterior, se construyeron dizque tres cuarteles policiacos; uno de éstos destinado a una academia de policía que es el único que medio funciona, ubicado en el poblado de Alpuyeca.  

Se gastaron unos 300 millones de pesos, además se edificó un C-5 que, de acuerdo a los discursos, era el último grito de la moda, y con todo lo anterior la delincuencia estaría frita y acabada.

¿Y cuál ha sido el resultado? lo vemos diariamente, más delincuencia y de la “pesada”, no de malandros “de ínfima”; capos y sicarios por todas partes. ¡Ah! y también se habló de la compra de mil 200 videocámaras que serían los ojos mediante los cuales ningún “malandro” escaparía de la ley.

Lo que ahora se documenta es que, como prácticamente todo, esas estructuras fueron para justificar el descarado robo de miles de millones de pesos. Para que termináramos peor que antes en lo que a justicia y seguridad se refiere; porque ni las cámaras han atrapado a los “raterillo de cuarta” que andan por las calles, ni las corporaciones policiacas mejoraron en nada en la famosa Academia de Policía cuyos cursos eran igualmente para desviar dinero.

Pero más allá de todo lo aquí expuesto, como ciudadanos nos seguimos preguntando ¿y en dónde termina el dinero del pago de impuestos de nosotros como contribuyentes? Porque aquel que va a seguridad es un recurso perdido, pero tampoco hay obra pública; los ayuntamientos y el gobierno estatal están endeudados hasta el cuello y a nosotros no nos regresan nada.

Todavía hasta hace unos 25 años se hablaba en las alcaldías de un 60 por ciento de inversión y 40 de gasto corriente; por lo menos así sucedió hasta el trienio de Alfonso Sandoval Camuñas 1994-1997 y hubo mucha obra pública, por algo sigue siendo considerado el mejor alcalde que haya tenido la capital. ¿Y hoy? Nadie, ningún edil quiere decir cuál es la proporción presupuestal que dedica a obras y mantenimiento, y cuánto a gasto corriente.

Pero tampoco hace falta que lo informen, sólo caminando las calles veamos cómo está Cuernavaca, muriendo poco a poco.

Y bajo éstas circunstancias ¿para qué nos sirven los poderes y los tres niveles de gobierno? ¿estaríamos mejor sin ellos? ¿por qué se han multiplicado las instancias gubernamentales a tal grado, que ya no alcanza nuestro dinero para mantener a toda esa burocracia? que además busca perpetuarse en el poder.

Hay que pagar prácticamente por todo, y si no lo hacemos hasta a la cárcel podemos ir a parar, pero lo que les entregamos no lo volvemos a ver; mientras, cada tres o seis años hay nuevos millonarios a expensas de nuestro sacrificio. No obstante, seguimos tolerando a esa bola de ratas, cuyas ambiciones no tienen límites.

LA LIBRA EL FISCAL

*Con aprietos pero…

Nada nuevo se suscitó en la comparecencia del Fiscal General de Justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Si bien hubo cuestionamientos fuertes; de todos modos la libró y seguirá en el cargo por lo que se rumora, porque aunque hace unas dos semanas se hablaba en el recinto Legislativo de su remoción, ahora se afirma que cuenta con «padrinos» que lo apoyan tanto en la actual legislatura como en el gobierno del estado.

Desde luego, se dieron cuestionamientos fuertes como en el caso de la diputada Rosalina Mazari Espín, quien sostuvo que de acuerdo con un análisis y estudio del tema «en Morelos la impunidad alcanza el 99.6 por cierto, o sea que por cada mil delitos que se cometen, especialmente de alto impacto, sólo se resuelve una mínima parte.

Y le recordó que ahora esa dependencia cuenta con mayores recursos económicos, se contrataron más elementos policiacos, se mejoraron salarios y se equipó áreas; lo cual debería reflejarse en mejores resultados.

Ante ello, la diputada le pidió que si no puede con el cargo que renuncie, porque «le ha quedado grande la fiscalía», recalcó la legisladora.

Los diputados morenistas, Javier García Chávez y Alejandra Flores Espinoza, exigieron mayor trabajo y sobre todo generar mecanismos de protección a niños, niños y adolescentes; así como una respuesta más pronta ante los feminicidios, delitos que se han disparado en la entidad, pero disminuido en atención en la unidad especializada.

La también presidenta de la Junta Política  y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, hizo hincapié en que lo más importante en torno a la violencia e inseguridad en Morelos es hacer equipo entre los tres poderes, y los diferentes niveles de gobierno; “porque si no es así las cosas difícilmente cambiarán”.

Por su parte, Marcos Zapotitla Becerro, coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), se quejó de una disminución de las carpetas de judicialización e investigación; ya que en los últimos meses pasaron del 21 al 15 por ciento; lo cual significa que se está dando menos seguimiento a las denuncias.

Esa fue la dinámica que se vivió en la comparecencia, derivada del informe semestral de labores del fiscal, pero que podríamos sostener en nada cambiará los escenarios porque se observa que no hay estrategia clara de prevención ni de persecución del delito en el área de seguridad completa.

Lo más sobresaliente, en lo que toca al fiscal Carmona Gándara, fue que ofreció la creación de una fiscalía especializada para atender los delitos de alto impacto; área que podría estar funcionando en un plazo de seis meses, con lo que -según él- se lograría dar resultados al 100 por ciento en lo que se refiere a la impunidad.

A pesar de que se esperaba que derivado de esta comparecencia surgiera la posibilidad de la revocación del nombramiento del fiscal, la cosa no pasó a mayores, se dice en algunos círculos políticos que es porque Uriel Carmona cuenta con aliados tanto dentro del gobierno estatal como en el recinto legislativo.

Carmona Gándara sostiene no deber ningún favor al ex gobernador Graco Ramírez, y presume por el contrario una cercanía importante con el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, y otros personajes que recientemente se reposicionaron ante el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En lo referente a la actual legislatura se dice que -más a fuerza que de ganas-, un buen número de diputados está con él; porque les han encontrado antecedentes poco honorables en sus historiales.

Bueno, un funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad confió a DAD hace unos días que a través de la fiscal Antisecuestros, Adriana Pineda, se les ha leído la cartilla a algunos legisladores, porque tienen ciertos antecedentes medio delicados, que podrían salir a relucir.

Otros, le han pedido favores a los fiscales tampoco muy decentes, como liberar presuntos secuestradores, y eso los compromete de tal manera que según ciertas opiniones “la fiscalía los tiene amarrados de manos y pies”, por eso el fiscal está “muerto de risa” y desde luego no se va porque la ley lo ampara, dice. ¿Cómo la ve?

«YO NO TRANZO CON LA MAÑA»

* Insiste el gobernador en mal trabajo de fiscalías y TSJ

Luego de la ceremonia del CXCIX aniversario de la Bandera Nacional, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, insistió en que el no negocia con delincuentes y dijo «yo no voy a tranzar con la maña, como en el pasado», y reconoció que el tema de la delincuencia es grave.

El mandatario estatal dijo que «sólo se dispone de unos tres mil policías en estado” más el apoyo de la guardia nacional, por lo que dijo que la fuerza local “es insuficiente para enfrentar a los criminales en todo el estado», aunque pareciera que las detenciones son muchas.

Como en otras ocasiones, se dijo insatisfecho por el desempeño de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y del Poder Judicial del estado en cuanto al procesamiento de los delincuentes.

«Es necesario que ambas instituciones hagan bien su trabajo, porque no es posible que delincuentes, que ya han sido aprehendidos, sean capaces de entrar a un restaurante y llevarse a una persona como en el caso del empresario Adrián Fernández, como si nada».

Y en lo que toca al TSJ expresó: «lo he dicho muchas veces, hay jueces corruptos que se prestan a todo y dejan libres a secuestradores y otros delincuentes peligrosos», hace unos días se dieron cifras.

Pero reiteró que con el apoyo de la Guardia Nacional se seguirá trabajando y habrá que devolverle la paz a Morelos.

¿ESTA VEZ SERÁ EN SERIO?

*Van diputados por los dos fiscales

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Rosalina Mazari Espín, anunció que se ha solicitado la comparecencia del Fiscal General de Justicia del estado, Uriel Carmona Gándara, a fin de que aclare ante el Legislativo el incumplimiento de sus responsabilidades.

Recordó que la Fiscalía cuenta hoy con un buen presupuesto, pero no se ven los resultados esperados, y agregó que «yo estoy proponiendo que valoremos la permanencia en el cargo tanto de Uriel Carmona como del Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, porque se han dedicado a proteger ex funcionarios de los delitos cometidos cuando ocuparon cargos públicos», dijo.

Recordó que para ese cambio se necesita por lo menos 13 de los 20 votos de diputados que integran la legislatura; de tal forma que cabildeará entre sus compañeros para buscar que la propuesta prospere.

Mazari Espín consideró que luego de un año ambos «servidores públicos» están obligados a rendir cuentas, pero estimó que lo más correcto sería que se fueran, y esa decisión le corresponde al Congreso en pleno tomarla, si ellos mismos no lo hacen ante los malos resultados que se ven.

Ojalá que esta vez exista voluntad de la mayoría de diputadas y diputados porque no hace falta mucho talento para darse cuenta que los fiscales son cómplices y protectores de funcionarios del pasado reciente, que desmantelaron prácticamente a la entidad.

Y se entiende, porque ambos fueron colocados ahí por el ex gobernador Graco Ramírez; pero más aún, Uriel tomó el cargo en tiempo del tabasqueño y el otro se desempeñó como Consejero Jurídico y otros cargos en la misma administración.

No tienen la capacidad, ni mucho menos el compromiso con los morelenses, para mantenerse al frente de tan importantes instituciones; por eso es que lo que propone Mazari Espín, es lo más sensato.

Pero para tal efecto, por lo menos deben actuar en bloque 13 diputados, porque sabido es que las siete mujeres integradas en el “Frente Graquista Morelense”, que encabeza Tania Valentina Rodríguez Ruiz, están ahí con el compromiso de protegerle las espaldas a Graco y sus ex colaboradores.

Le harían un enorme favor a Morelos si consiguen echar fuera a Carmona y Salazar Núñez, porque hasta se presume que además están coludidos con grupos de delincuentes en la estrategia del tabasqueño para seguir desestabilizando a la entidad.

ACLARAN PRESUNTA ENTREGA ERRÓNEA DE UN MUERTO

Luego de que el abogado Miguel Ángel Rosete, ex fiscal de la zona oriente de Morelos, realizó una denuncia pública por la presunta entrega errónea de un cadáver a una familia, la Fiscalía General de Justicia del estado desmintió el hecho mediante un comunicado en el que narra paso por paso la identificación que hicieron del cuerpo dos familiares del occiso.

“En relación con la supuesta equivocación en la entrega de un cuerpo en las oficinas de la región oriente de la Fiscalía General del Estado se informa que el 16 de enero pasado se presentaron en las oficinas de la dependencia dos hombres que dijeron ser familiares directos de un hombre localizado la noche del 14 de enero en la colonia centro del municipio de Yautepec, mismo que se determinó en la necropsia de ley que había fallecido por infarto agudo al miocardio.

“Los hombres, quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso, acudieron ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, y ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron -sin temor de equivocarse- el cuerpo como el de su hermano, que fue identificado como Jonathan Martínez Tijera.

“Los hombres presentaron ante el Ministerio Público el acta de nacimiento y se identificaron plenamente, por lo que se hizo entrega del cadáver para cumplir con los requisitos de ley”, se establece en el comunicado.

Adicionalmente se enfatiza que “las condiciones del cuerpo permitían realizar la identificación plena del mismo, debido al poco tiempo transcurrido entre el levantamiento del cadáver y los motivos del deceso, toda vez que las causas de la muerte fueron del orden natural”.

La Fiscalía destacó en el boletín que “esta autoridad no puede generar duda ni cuestionamientos injustificados sobre la identificación plena y libre que realicen las personas sobre cuerpos depositados en los anfiteatros del estado, y mantiene un respeto total a los derechos humanos”. Agrega que hará la recuperación de los restos entregados a la familia de Jonathan Martínez, e iniciará los trabajos correspondientes.

Por su parte Miguel Ángel Rosete, abogado de Felicitas Tijera Carvajal, madre del presunto occiso, informó que la mujer fue notificada hace unos días que su hijo se encontraba recluído en un centro de rehabilitación, por lo que iniciará una demanda por el daño moral y económico vivido, ya que la familia tuvo que endeudarse para sufragar el sepelio y la inhumación de un cadáver, además de los trámites legales que correspondan para cancelar el acta de defunción que ya se les había entregado.