APRUEBAN JUICIO POLÍTICO CONTRA GRACO

La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos votó -por mayoría- el inicio del juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez Garrido y dos ex secretarios por el desvío de más de 122 millones de pesos, durante el ejercicio 2018.

El diputado José Casas González, presidente de esa comisión legislativa, dijo que el procedimiento de radicación es también contra Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, ex secretario de Fianzas y ex Contralora respectivamente, por la falta de ministración en tiempo y forma de 120 millones a la Fiscalía de Justicia del estado y más de 2 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Casas González explicó que los diputados que integran la comisión llamarán a comparecer en los próximos 15 días a los ex funcionarios; quienes serán notificados conforme marca la ley, para que puedan ejercer su derecho de audiencia.

Posteriormente, después del análisis de las pruebas que presenten tanto los inculpados como la parte acusadora, que en este caso es la Consejería Jurídica del gobierno de Morelos, se elaborará un dictamen que será presentado al pleno para su votación y posteriormente turnado al Poder Judicial de Morelos.

YA ERA HORA

*Reactivan diligencias de fosas en Jojutla

Luego de mucho tiempo de escándalo en torno al hallazgo de cientos de cuerpos en fosas irregulares, tanto en el panteón de Tetelcingo de Cuautla como en Jojutla, poco se ha avanzado en la investigación de esos cuerpos depositados en ellas.

Acaso se usó el tema, en su momento, con tintes político-electorales y luego cayó en el olvido. Sólo los familiares de algún desaparecido de cuando en cuando vuelve a denunciar el caso y exigir el cumplimiento de autoridades.

Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, estuvo de visita en Cuernavaca y sostuvo un encuentro con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo; así como con el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante.

Lo interesante es que se anunció que se reiniciarán las diligencias e investigaciones, y se buscará identificar a los cuerpos que se exhumaron con irregularidades y entregarlos a cada familia de las víctimas, si aparece en el padrón nacional de desaparecidos que se está integrando, lo cual nos parece correcto, porque es algo que sigue pendiente.

Pero, si bien es cierto que tanto en Tetelcingo como en Jojutla se ignoraron reclamos de quienes pedían indagar el destino de muchos desaparecidos en el gobierno anterior, queda algo igualmente importante de resolver, castigar a quienes permitieron semejante barbarie con esas fosas comunes.

Es decir, es loable que gobierno estatal y federal le den seguimiento al caso para, al menos, entregar los restos de esos cuerpos a sus familiares; pero hay que ir por los victimarios y poner orden en las instancias competentes.

Ahí hay evidencias de que algunos de los cuerpos fueron muertos a manos de la delincuencia organizada, pero otros parece que fueron crímenes de Estado, que podrían ser víctimas de los cuerpos policiacos por detenciones arbitrarias o casos de tortura.

Dentro de esos casos sospechosos habría que deslindar responsabilidad, y ver quiénes estuvieron a cargo, quiénes fungían como fiscales, incluyendo al actual, que ya estaba en la dependencia y al propio ex gobernador Graco Ramírez.

Así que, si se le escarba, la lumbre podría llegarle al tabasqueño ahora sí.

¿ESOS SON NUESTROS INVESTIGADORES?

La Fiscalía Anticorrupción logró que un juez de control otorgara la orden de aprehensión en contra del perito Orlando » N», acusado de los delitos de Ejercicio ilícito del servicio público y Delitos cometidos por los servidores públicos. Le informamos ayer de su detención en Jojutla.

Lo delicado del tema es que ese personaje, desde el interior de la Fiscalía General de Justicia, era uno -porque seguro hay más- de los que eliminaban o fabricaban pruebas y evidencias en procesos contra peligrosos delincuentes, y en el caso de las armas se dice que las sustituían por otras casi en desuso, que por lo visto las vendían en el mercado negro a otros delincuentes.

¿Recuerda usted que cuando “Max N”, asesino de dos líderes sindicales priistas que hirió a otras dos personas en el centro de Cuernavaca se dijo que el arma que utilizó el joven se suponía estaba resguardada en la misma Fiscalía? Pues ese perito, se presume, es quien la habría vendido o «entregado» aquella arma.

Lo anterior revela que, desde dentro de la institución, algunos «servidores públicos» estan al servicio de los criminales; lejos de cumplir con su responsabilidad, están ahí para evitar que presuntos culpables de delitos de alto impacto sean arrestados, procesados y hasta les proporcionan las armas con las que andan asesinando en la calle.

La Fiscalía Anticorrupción advierte que la investigación al respecto, por ahora, no lo relaciona directamente con el arma disparada por Max; sin embargo, todo lleva a considerar que sí.

¿O acaso son muchas armas más las que debieran estar en resguardo y andan en manos de asesinos? La Fiscalía general tendría que aclararlo cuanto antes ¿porqué, cómo podemos confiar en ella?.

¿Con este tipo de recursos humanos vamos a cambiar el desempeño de las instituciones? Por favor, el cáncer lo ha invadido todo; por que policías, peritos, agentes del Ministerio Público y hasta altos funcionarios, están metidos con todo en actos de deshonestidad y corrupción.

Como sociedad estamos en la indefensión, y pagando con nuestros impuestos a ratas de dos patas, que son las que se oponen a la transformación del país.