DENUNCIAN Y NIEGAN ACOSO A PERIODISTA

Luego de que el reportero de investigación policiaca, Carlos Quintero, denunció que aparentemente podría ser objeto de una denuncia por el delito de “uso indebido de medios de comunicación”; el gobierno estatal desmintió que exista una investigación en su contra o que pretenda fincar responsabilidad por la difusión de información, y por el contrario anunció que investigará el origen de un documento con membretes oficiales donde se argumenta la averiguación contra el compañero.

“El Gobierno del Estado de Morelos informa que es falso que se pretenda iniciar una denuncia en contra de algún miembro de la comunidad periodística e informa que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento; a fin de investigar el origen de un documento que carece de firma y sello institucional”, detalla en un comunicado.

Además añade: “La actual administración siempre ha mantenido un diálogo abierto y directo con las y los integrantes de los diferentes medios de comunicación, y reitera su firme compromiso con la libertad de expresión. Las y los periodistas, en pleno uso de su derecho constitucional, contribuyen a construir una sociedad democrática y plural; en la que todas las propuestas y señalamientos son atendidos de manera oportuna”.

El reportero de investigación policiaca ha difundido videos que le fueron proporcionados por personal del propio Cereso, o que recabó de redes sociales, acerca de los motines que se han registrado en el penal de Atlacholoaya durante el año, particularmente sobre los motines que se registraron en diversos dormitorios y el área de internamiento del mismo.

Carlos Quintero, periodista

Sin embargo, destaca que la Fiscal Antisecuestros, Adriana Pineda, estaría relacionada con la integración presuntamente de la acusación en contra del reportero. Ya en otras ocasiones hemos hecho referencia a la “influencia” o poder que tiene la funcionaria dentro de la CES y del propio penal morelense, a pesar de sus relaciones y antecedentes.

En el comunicado, el gobierno estatal remata “los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz rechazamos tajantemente algún tipo de presión en contra del gremio periodístico, y pugnamos por el derecho a la información; como una condición necesaria para construir sociedades participativas y democráticas”, concluye.

DEFIENDEN A MAESTRO ARGENTINO

Amigos y ex compañeros de trabajo del catedrático argentino Gabriel Muzzio Arévalo, preso desde hace más de tres años, acusado de abuso sexual en contra de sus hijos, sostuvieron en rueda de prensa que denunció la fabricación de delitos.

Claudia Zapata, Eduardo Robles y Martha Castañeda; sostuvieron que todo comenzó a partir de que Muzzio se divorció de Victoria Riva Palacio Nieto, sobrina del ex gobernador Antonio Riva Palacio López, en el 2016.

Él inició un proceso legal por la custodia de dos hijos que no le permitían ver, y entonces fue cuando la ex cónyuge, apoyada por Carlos Riva Palacio Than, hijo del ex mandatario, lo acusó de abuso sexual.

Cabe recordar que Riva Palacio Than fungía como Secretario de Administración en el gobierno de Graco Ramírez y desde ahí, mencionan los denunciantes, apoyó a Victoria.

«Agentes del Ministerio Público, entre ellos Diana Flores Segura, se prestaron a esa componenda ordenada por Graco, para fincarle 38 años de prisión. Es un hecho más de corrupción de ese desafortunado gobierno», aseveraron.

Claudia Zapata agregó «el profesor de artes de la UAEM apeló la condena, y la respuesta fue sumarle cuatro años más a lo que ya se había resuelto, es decir, 42».

Comentaron que solicitaron ayuda al consulado de Argentina en México y piden intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y exigen al Poder Judicial revisar el caso; para revocar la condena y restaurar la justicia en favor de Gabriel Muzzio.