VAN CONTRA EX SECRETARIA DEL DIF DE ELENA CEPEDA

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició un procedimiento penal en contra de la secretaria particular de la ex presidenta del Sistema DIF en el sexenio de Graco Ramírez, Josefina “N”, por los delitos de Uso de Documento Falso, Abuso de Autoridad y Fraude Procesal; para obtener una “pensión dorada” de casi 19 mil pesos mensuales.

La ex funcionaria, denunciada por el gobierno estatal actual que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue imputada presuntamente porque ingresó documentación falsa para sustentar su pensión por jubilación de edad avanzada; con lo que obtuvo un pago mensual de casi 19 mil pesos que equivale al 55% de su último salario.

No obstante, Josefina “N”, quien a fines del 2012 ingresó a laborar como secretaria particular adscrita a la Presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos a cargo de Elena Cepeda de León esposa del gobernador que iniciaba su gestión, Graco Ramírez Garrido Abreu, presentó el 5 de abril del 2017 al Congreso de Morelos una solicitud para tramitar su pensión por cesantía y edad avanzada a su favor, acreditando 10 años de servicio efectivo al servicio del gobierno, pero con al menos un documento apócrifo (falso).

La ahora imputada presuntamente manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con 61 años de edad así como 10 años de servicio efectivo en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata y el DIF Morelos; para obtener su pensión con una constancia laboral expedida con fecha 21 de marzo de 2017 por Jorge Villa Hernández, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.

El citado documento certificaba que la imputada había causado alta laboral en dicho municipio el 14 de enero de 1994 y había renunciado al cargo del día 15 de febrero del año 2000; pero durante la investigación se cotejó con el propio curriculum vitae de la imputada que había trabajado como Directora Administrativa de Grupo Urbec S.A. de C.V. de 1992 a 2001.

Por su parte el Congreso de Morelos en el decreto número tres mil ciento cuarenta y ocho aprobó en sesión ordinaria, iniciada el día 7 de junio y concluida el día 10 de julio de 2018 (unos días después de la elección estatal donde perdió el PRD la gubernatura), se concedió pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Josefina “N”, sin realizar la investigación suficiente sobre los documentos presentados.

Por tal motivo, el Congreso de Morelos actual -ahora con mayoría de Morena- inició una denuncia contra Josefina “N”, ante la Fiscalía Anticorrupción; y se abrió la carpeta de investigación con número FECC/071/2019 que derivó en la imputación realizada por el agente del Ministerio Público. La autoridad solicitó a la jueza de la causa que como medida cautelar en contra de Josefina “N” se imponga la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), a fin de que no se evada de la justicia, y se fijaron 72 horas para llevar a cabo la audiencia de vinculación.

JUBILACIONES DORADAS

*Nunca es tarde

Entre los compromisos que hicieron a sus posibles electores algunos de los entonces aspirantes a diputados locales en la elección del 2018, estuvo aquél de desarticular toda una red de perversión y robo que armó el entonces gobernador Graco Ramírez y la bancada local de legisladores en esa época; en lo que tiene que ver con lo que se denominó «jubilaciones doradas» que se registraron desde la mitad del sexenio pasado y sobre todo al final.

Si bien es cierto que algunos de los que lograron llegar al recinto legislativo, como en el caso de José Casas González, buscaron empujar el cumplimiento de esas ofertas populares; el propósito jamás logró prosperar en los primeros meses de la actual legislatura, porque el tabasqueño había dejado garantizada su protección en la nueva legislatura, o sea la actual, con un grupo de siete diputadas -la mayoría que llegó al cargo por la vía plurinominal- que son afines a él, que siguen defendiéndolo hasta con las uñas, encabezadas por Tania Valentina del PT y otras de partidos menores que se aliaron.

A pesar de que para disimular se permitieron a inicios de la legislatura algunos avances menores, en el grueso de los casos más escandalosos; simplemente los expedientes se empantanaron, desaparecieron o se actuó mal y ahí se intentaron congelar, porque había beneficiados muy cercanos al ex mandatario perredista Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y hasta familiares de estos ex diputados y funcionarios de su gabinete.

Tras lo más pesado de la pandemia por el COVID-19 que nos ha tenido paralizados el asunto pareciera cambiar, sobre todo porque ahora (desarticulado por riñas internas el grupo de legisladoras y desaparecidos varios grupos parlamentarios) Casas González fue instalado como presidente de la comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y fue él quien revivió las denuncias y expedientes.

Reunió información que desde el principio debió recabarse respecto de una serie de «chicanadas”, falsos documentos de antigüedad laboral; de salarios y cargos de los «recomendados” y otros vicios imperdonables que se presentaron para solventar las solicitudes de jubilación anticipada,

Pues sí, ahora sí el señor legislador integró una serie de pruebas con las que presentó ayer las denuncias ante las instancias competentes con el respaldo de la Dirección Jurídica del propio Poder Legislativo y con la exigencia de que la Fiscalía General de Justicia de Morelos y la de Anticorrupción; ahora sí le den prioridad a este caso, para que se suspendan en primera instancia los pagos irregulares de jubilación que se han venido haciendo y hasta exigiendo por ex funcionarios, quienes incluso se ampararon de algunas actuaciones realizadas anteriormente sin el rigor suficiente, como queriendo que se echaran abajo fácilmente.

Lo que se explica, es que las cantidades a los «agraciados» van desde los 20 mil, hasta los 90 mil pesos mensuales por pago de jubilaciones, que en su conjunto representan cerca de ocho millones de pesos al mes, que se paga del presupuesto anual a esos “jubilados dorados” que no cumplían la mayoría de los casos con la edad mínima establecida para acceder al beneficio, los años de trabajo desempeñado en el gobierno estatal, incluso ni siquiera en algunos casos con antecedentes laborales en el área.

Como presidente de la comisión, Casas González, tiene más facultades e injerencia directa para reclamar atención al asunto; una vez que entregó las pruebas documentales de los falsos expedientes que se armaron.

Y aquí, no sólo se trataría de anular esos actos de corrupción en cuanto al pago se refiere que es un quebranto patrimonial para el Estado; sino que se fincarían otras responsabilidades como el tema de la falsificación documental, donde están coludidos algunos ex presidentes municipales del trienio anterior, ex diputados como los ya denunciados Beatriz Vicera, Hortensia Figueroa, Julio Espín, Francisco Navarrete y Silvia Irra, esta última ex presidenta de la Comisión del Trabajo y que se prestaron a todo.

De avanzar las cosas habría responsabilidad legal contra presuntos beneficiarios, ex funcionarios, ex diputados y ex alcaldes; que tendrán que ser llamados ante los tribunales de justicia, y de encontrarse culpables proceder con las penas a que haya lugar por diversos delitos.

Entre esos indeseables que “se despacharon con todo” están ex funcionarios y trabajadores del Congreso como la ex Directora de Recursos Humanos y de Administración, quienes fungían como secretarias particulares tanto de Graco como de su esposa Elena Cepeda, quien fuera Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, esposas de ex legisladores y amigos de algunos de ellos; y el caso de Julio Espín Navarrete que, como manejaba al edil de Puente de Ixtla a su antojo, de ahí y otros municipios se expidieron varias constancias falsas de antigüedad laboral.

Todo un grupo mafioso, ojalá no quede impune este caso, porque la verdad es mucha la rapiña y la ofensa en contra de la sociedad morelense, no nos merecemos esto, a los rufianes hay que llevarlos a cuentas.

Da el grito Graco entre rechiflas y mentadas

En medio de múltiples mentadas de madre y demás denuestos, el aún gobernador Graco Ramírez dio el grito de independencia en el palacio de gobierno de la capital de Morelos, sin la representación de los demás poderes que integran el Gobierno del Estado.

Desfachatadamente Graco Ramírez salió en el balcón principal del palacio de gobierno a dar el grito independencista, acompañado de su mujer Elena Cepeda, la secretaría de Educación, Beatriz Ramírez y demás cercanos del gobernador saliente.

En este último acto protocolario conmemorativo de nuestra independencia nacional, se preveía que Graco Ramírez diera el grito en el municipio de Yautepec, a fin de evitar enfrentar las expresiones de rechazo que en la plaza de armas de Cuernavaca se pudieran dar.

El ambiente en la sede del ejecutivo estatal fue de pesar, pues los pocos que acudieron lo hicieron obligados y hubo muchos que de plano optaron por omitir la orden de asistir y no se presentaron.

Hasta los adornos patrios se robaron, confirma Jorge Michel

Sumidos en el desprestigio, el repudio y la condena pública por su mal proceder, el gobernador Graco Ramírez y la mayoría de sus colaboradores andan ya a salto de mata y hasta de los festejos patrios se han desentendido.

Siguen sentando precedente histórico casi en todo lo malo, porque a pesar de que ya entramos al mes de septiembre, no hay un sólo adorno alusivo a la gesta independentista, ni los tradicionales en el palacio de gobierno, como en todo el primer cuadro capitalino; lo cual es toda una costumbre y podríamos decir, hasta obligación oficial.

Al cuestionar al respecto al titular de Hacienda, Jorge Michel Luna, respondió que con la bandera izada en el asta de la plaza de armas “era suficiente decoración”; como si se tratara de un mero asunto decorativo el protocolo pertinente.

Se han robado todo Graco Ramírez, Elena Cepeda y todos sus secuaces que integran o integraron su gabinete para el despacho del poder ejecutivo, y ya no tienen ni para los adornos de las fiestas patrias, sin duda que son unos sátrapas, que sólo tienen como prioridad no dejar ni un alfiler en las arcas estatales; del amor y respeto que debieran tener a la patria, ya ni hablamos.

Debe investigarse enriquecimiento de la familia Ramírez Cepeda y anexas

Si bien es cierto que desde el gobierno estatal, Graco Ramírez y su pareja Elena Cepeda, hacen hasta lo imposible para intentar heredarle el trono a su hijo y cómplice Rodrigo Gayosso Cepeda, la lucha del autodenominado “Gayo” parece ser a estas alturas totalmente estéril.

Y es que el abanderado de PES-Morena-PT, Cuauhtémoc Blanco Bravo sigue punteando las encuestas y su principal discurso sigue siendo ir contra los corruptos que aún despachan en el Poder Ejecutivo del estado.

Si lo anterior llegara a suceder, no por ajuste de cuentas o revanchismo, sino por justicia social, se deberá profundizar en una investigación a fin de deslindar responsabilidades acerca del presunto aunque evidente enriquecimiento ilícito de los tres arriba mencionados.

A nivel de percepción, se insiste en torno a que con dinero público, Graco, Elena y Gayosso han adquirido bienes por el equivalente a miles de millones de pesos, algunos cientos, en el propio estado, aunque las mayores sumas e inversiones estarían en el extranjero. Aquí se mencionan adquisiciones con el uso de prestanombres.

Por ejemplo, prolifera la versión sobre la compra de cerca de cinco mil metros cuadrados con residencia incluida, de la que fuera propiedad de la señora Purita Prieto, quien fuera una de las principales concesionarias de la Coca-Cola, por parte de Elena Cepeda, vía Antonio Erazo, por algo así como 140 millones de pesos. Erazo es uno de los constructores más favorecidos por Rodrigo Gayosso en esta etapa de saqueo que se vive en Morelos.

De Graco se habla de cuantiosas inversiones en el ramo inmobiliario, en Puebla. El hijastro, metido en el lavado de dinero mediante aplicación de moches en contratos de obras públicas y ahora resulta que igualmente sería el propietario de la empresa responsable de los comedores de escuelas de tiempo completo mediante la venta de los paquetes alimenticios.

Lo antes señalado son minucias frente al alcance de todos los negocios y hasta trasferencia de depósitos bancarios en el extranjero y compra de bienes en el continente europeo. Es decir, una cuantiosa fortuna a partir del robo del dinero del pueblo, por eso quieren prolongar el mandato con el hijo, para evitar la cárcel y mantenerse en la impunidad.

Gayosso, el candidato impuesto por Graco

gayosso graco

En un acto de imposición y sometimiento en el que por temor o por conveniencia los hombres y mujeres de “izquierda” lo avalaron, Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo de Elena Cepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez, se ungió formalmente como el candidato del PRD a la gubernatura del estado.

Cínicamente Gayosso Cepeda dijo estar confiado en que su partido habrá de mantener la gubernatura que hoy detenta su padre. “Tenemos el apoyo y el respaldo de la sociedad por todo el trabajo realizado”, afirmó entre murmullos discordantes de sus “correligionarios”.

De acuerdo a varios asistentes al VIII Congreso estatal del PRD, que pidieron conservar su anonimato, al interior del partido y del propio gobierno del estado existe una marcada percepción entre la militancia y la burocracia no dorada, en el sentido de que el electorado en Morelos dará la espalda al emitir su voto a este proyecto electoral que carga sobre sus hombros el enorme hartazgo y decepción contra Graco Ramírez, por los excesos de corrupción e ineficacia de su gobierno.

Desde luego que todos los que ocupan las principales posiciones de la estructura de los poderes ejecutivo y legislativo, fundamentalmente, hablan de que la continuidad será una realidad y poco tienen de qué preocuparse.
Rodrigo Gayosso ha construido a partir del respaldo del gobernador Graco Ramírez y del acceso pleno a los recursos públicos, por medio de una red financiera que abarca todas las áreas de recaudación y de administración de las distintas dependencias gubernamentales, todo un andamiaje electoral, dilapidando recursos económicos para sumar actores políticos de cierto liderazgo, a fin de robustecer la membresía “progresista”.

También ha dispuesto de estrategias de miedo para intimidar a opositores al gobierno y a su partido, pues cuenta con el brazo ejecutor del estado, que representan la Fiscalía de Justicia y la Comisión Estatal de Seguridad.
Así es como el PRD en Morelos enfrentará a sus oponentes electorales en una justa que será tan inequitativa como infructuosa para el partido que aún tiene el poder.

El presupuesto como negocio familiar

Hay indicios claros de que no solo en la familia de sangre del gobernador Graco Ramírez se realizan grandes negocios al amparo del erario público, sino también entre miembros de su familia política, tal es el caso de sus consuegros, Agustin Pérez Salazar y Armando Prida.

Sin duda quien lleva mano en prácticamente todos los temas de compras y erogaciones presupuestales del gobierno del estado, es el hijastro Rodrigo Gayoso Cepeda, hoy aspirante del PRD al gobierno del estado.

Pero la lista es muy larga de quienes meten mano en los temas de adquisiciones, licitaciones, compras, ventas y demás operaciones que se realizan en toda la estructura de la actual administración estatal.

Gayoso colocó en todas y cada una de las áreas administrativas de las diversas secretarías que integran el despacho del poder ejecutivo del estado, a incondicionales suyos a fin de tener control absoluto sobre todos los movimientos financieros. Además de modificar la ley respectiva para crear una entidad descentralizada que sirviera de filtro único para todo el tema de adquisiciones, planeada y estructurada por Alberto Barona Lavín, a la postre secretario de administración, hoy notario público.

Así fue que el gobernador Graco Ramírez designó a los socios de Gayoso como titulares de las áreas de administración, recursos materiales y finanzas de todas las secretarías del despacho, entre ellos Andrik Ruiz de Chávez, en Salud; Sergio Beltrán Toto, en Obras Públicas; Juan Carlos Peniche, en seguridad pública; entre otros muchos dedicados todos a lo mismo: hacer del presupuesto público un negocio familiar.
Agustin Pérez Salazar, papá de María Fernanda Pérez Salazar Esquerra, esposa de José Domingo Ramírez Cepeda, hijo del matrimonio actual, pasó de ser un modesto propietario de una óptica llamada Miraré, a un muy próspero proveedor de insumos de todo tipo al gobierno de su consuegro, para lo cual diseñó e implementó todo un andamiaje de comercializadoras diversas con las que factura millones y millones de pesos.

Otro consuegro de Graco Ramírez y Elena Cepeda de León es el poblano Armando Prida quien, de acuerdo a la auditoría practicada en 2014 a los recursos solicitados por el gobernador Ramírez –2 mil 806 millones de pesos–, para las obras de remodelación del estadio de fútbol Agustín “Coruco” Díaz, se destinaron 400 millones directamente a tres empresas, una de ellas es la firma A y PP Constructores SA de CV, propiedad de Prida Huerta.

Otros familiares incorporados a la nómina del gobierno del estado son su nuera, Mónica Reyes Fuchs, pareja sentimental de Pablo Ernesto Ramírez Garrido Durón, hijo del primer matrimonio de Graco Ramírez; la excónyuge de Graco, Olga Durón Viveros, quien fue nombrada en febrero de 2013 coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión, con un sueldo mensual de 64 mil 375 pesos con 16 centavos.

Otro de los familiares del gobernador que opera en su administración es su primo hermano, Rafael Bolívar Garrido, que desempeña el cargo de subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, por el cual gana un sueldo mensual de 59 mil 327 pesos con 42 centavos.

Otro beneficiado con las delicias del poder es Javier Pérez Durón, sobrino de su exesposa, actual Fiscal General de Morelos, con un sueldo mensual de 80 mil pesos.

La lista incluye a Ricardo Olmos, primo de Elena Cepeda, presidenta del DIF, quien se desempeña como subdirector de Recursos Materiales de ese descentralizado

¿SERAN TAN DESPIADADOS Y PERVERSOS?

despensas dif

Atendiendo a una denuncia ciudadana, damos fe de supuestos nuevos hechos delictivos relacionados con el decomiso de despensas por parte del sistema estatal DIF y su titular, Elena Cepeda, que inició con el terremoto del pasado ‪19 de septiembre‬ del 2017.

La queja de vecinos refiere que a partir del día 22 de ese mes de septiembre, comenzaron a llegar miles de esos paquetes a una bodega ubicada en el número siete de la calle Aurora, de la colonia Maravillas, al norte de Cuernavaca, muy cerca de las sedes alternas de los diputados locales.

Las referencias de los que viven en la zona son en el sentido que la diputada local, Beatriz Vícera Alatriste, rentó la bodega para que personal al mando de Elena Cepeda almacene ahí los víveres que debieron de haber sido distribuidos entre los damnificados y que ahora están siendo repartidos, presuntamente como apoyo de la precampaña de su hijo, Rodrigo Gayoso Cepeda.

Las imágenes confirman que casi a diario llegan muchas personas, sobre todo mujeres y esperan a que un enviado de la presidenta del DIF llegue para que les entregue las despensas. Se afirma que son miles de paquetes, que están cubiertos en la parte superior por láminas a fin de que no se puedan obtener fotografías aéreas.

Desde luego que las personas pidieron omitir sus nombres por lo delicado del asunto, pero sostienen que ahí se encuentra parte del robo de insumos que perpetró el gobierno de Graco Ramírez derivado de apoyos que enviaron de otras entidades.

Exigimos de las instancias competentes iniciar una investigación al respecto, para que se sancione tan reprochable actuar. Y Vícera Alatriste tendría también que ofrecer alguna explicación porque es cómplice y operadora de esa rapiña despreciable.