RECONOCEN VIOLACIONES AL PROTOCOLO Y DIFERENTES VERSIONES EN CASO CUAUTLA

El Gobierno del Estado ofreció está mañana una rueda de prensa para esclarecer los hechos que se registraron el sábado en el municipio de Cuautla, donde presuntamente se había auxiliado a una víctima de secuestro y liberado a los captores.

De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas precisó que no se trató de un caso de secuestro o
privación de la libertad, sino de un conflicto entre particulares «que derivó en hechos violentos y deficientes procedimientos
policiales que ya han sido denunciados».

«Debido a las distintas versiones que de manera inicial circularon en redes sociales y medios de información, y que generaron la intervención de la policía municipal; se desprenden dos narraciones que por sí mismas se
contradicen:

«La primera que hubo un reporte de disparos y presuntas víctimas de secuestro en la Colonia Iztaccihuatl del Municipio de Cuautla (Versión del director Operativo de la Policía Municipal de Cuautla), y segundo una riña entre particulares generada por la compra-venta de un vehículo (versión obtenida del Informe P Hechos)».

Derivado de lo anterior, expuso el funcionario, y de que fueron identificadas contradicciones en los horarios de atención del incidente vía la radio operadora del servicio 911, se estableció de manera clara que hubo presuntas irregularidades en el procedimiento policial municipal.

Ante ello, y el hecho de que evidentemente las discrepancias afectan y vulneran la credibilidad de las corporaciones policiales y de las autoridades en todas las esferas; el Gobierno del Estado de Morelos ha
establecido un seguimiento de los hechos, y de la intervención realizada por la Comisión Estatal de Seguridad en investigación a
cargo de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de Asuntos Internos de la CES.

Hasta ahora realizadas, se establece preliminarmente que personas provenientes del Estado de México acudieron a un taller mecánico ubicado en la colonia Iztaccihuatl del municipio de Cuautla, a buscar a la persona que les vendió un vehículo tipo Bora de color rojo, modelo 2008, para reclamarle porque presentaba fallas mecánicas.

Ante la inconformidad de los compradores, se generó una riña con integrantes del mencionado taller, que dio como resultado
que uno de los compradores provenientes del Estado de México, sacara de su vehículo tipo Aveo, color blanco con una franja azul, un arma tipo AK-47, conocida como cuerno de chivo, con la que amenazó a los trabajadores del taller, siendo un trabajador del mismo taller quien sacó un arma corta con la que amagó y desarmó a los primeros agresores que a su vez habían golpeado a varios familiares del dueño del establecimiento.

Del conflicto suscitado, se solicitó apoyo de la policía uniformada y cuando los elementos municipales llegaron al lugar de los hechos, un grupo de 20 a 25 personas entregaron a los policías a quien portaba el arma larga, persona que presentaba visibles huellas de violencia por haber sido sometido, y también les entregaron el arma corta, lo que contradice la versión pública narrada a los medios de comunicación por el director Operativo de la Policía municipal.

Otra inconsistencia fue detectada en la bitácora de la radio-operadora de la Policía de Cuautla, en la que refiere que el guardia de seguridad de un centro educativo cercano y un velador, reportaron el arribo de tres masculinos con golpes visibles, refiriendo haberse escapado de un lugar donde estaban privados de la libertad, circunstancia totalmente opuesta a lo declarado ante la prensa, en el sentido de que la acción policial se produce por un reporte de disparos de arma de fuego en el recinto ferial.

De igual modo, la radio-operadora de Cuautla reporta al 911 el mismo incidente 25 minutos después de iniciada la operación policial, variando la información al tratarse de dos víctimas varones y una mujer, en tanto que el registro de la bitácora municipal establece, como se ha dicho, que se trataba de tres
masculinos.

Uno de los hombres auxiliados por la policía, refirió ser “víctima de privación de la libertad” y señaló el domicilio donde los tuvieron cautivos, siendo un lote de autos ubicado en la colonia Iztaccihuatl, sitio donde reconoce fueron golpeados y amenazados de muerte. Lo anterior motivó un operativo a cargo de la policía municipal, como quedó registrado en las bitácoras de la estación de radio Cuautla y confirmado públicamente por el director operativo municipal.

Como resultado de esta acción, de acuerdo a la bitácora, a las 15:36 horas realizaron la detención de Miguel “N” y de Karen
“N”, quienes fueron trasladados por los elementos municipales a Torre 21 junto con dos armas de fuego; una larga y una corta,
que indican fueron aseguradas en dicho lote de autos, para su puesta a disposición, argumentando que al arribar a esas instalaciones recibió la orden de llevar a los dos detenidos a sus domicilios y poner a disposición del Ministerio Público a las tres víctimas en la “PGR” de Cuernavaca junto con las armas.

Es necesario destacar que la versión de los hechos plasmada en el Informe Policial Homologado (IPH) entregado ante la Fiscalía
General de la República, difiere de la bitácora de la Policía de Cuautla al no considerarlos como víctimas sino como detenidos, también existe variación en la circunstancias de la detención y se presume que oculta la forma en que elementos municipales irrumpieron de manera ilegal en el inmueble, tal como lo
reconoce en su declaración pública el mando policial.

Tales irregularidades provocaron confusión en la ciudadanía, al divulgarse por el mando policial local una versión de los hechos
con los que presuntamente intenta encubrir actos irregulares en su desempeño policial, entre ellos:

 El allanamiento a una propiedad privada sin orden de cateo ni justificación legal para el ingreso al inmueble.

 Hurgamiento y robo superior a los 700 mil pesos en efectivo, al interior de las diferentes viviendas que conforman el
inmueble.

 Daños en los medios de acceso al predio, a los cuartos y mobiliario que lo conforman.

 Detención de dos personas sin encontrarse en alguna de las hipótesis de flagrancia que contempla la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 Violaciones al debido proceso al no haber cumplido con la implementación de protocolo de primer respondiente y el protocolo de la cadena de custodia.

Lo anterior se desprende tanto en los informes policiales homologados (IPH), actas de entrevista y periciales realizadas en el lugar, lo que nos permite preliminarmente afirmar, que se trata de un presunto abuso de autoridad por parte de la corporación municipal, que deberá investigar el Ministerio Público.

Ante los hechos, la Comisión Estatal de Seguridad dio vista alárea de asuntos internos, a fin de realizar las investigaciones y el análisis de la información que permita determinar el nivel de responsabilidad de quienes realizaron una intervención fuera de la ley y que deriva en el detrimento de la credibilidad y confianza en las autoridades encargadas de garantizar la
seguridad de la ciudadanía.

Adicional a lo anterior, y ante la posible comisión del delito de privación de la libertad, allanamiento y daños, el Gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó al Fiscal General Uriel Carmona Gándara, su intervención a fin de encabezar las investigaciones que correspondan para llegar a la verdad histórica de los hechos y establecer de manera puntual, las responsabilidades tanto de los elementos como de quienes
participaron en la riña, y con ello, se aplique la justicia de conformidad con lo que a derecho corresponda.

Con la finalidad de generar las condiciones para realizar las investigaciones correspondientes, Gamaliel González Ravelo fue separado como Comandante del Mando Coordinado en el Municipio de Cuautla, al tiempo de emitir un oficio en donde se
solicita al Edil, proceda de igual forma con su director operativode seguridad.

«Quiero enfatizar que el gobierno de Morelos, bajo ningún argumento tolerará abusos por parte de corporaciones policiales, que tienen la misión de generar condiciones de
estabilidad social al garantizar una mejor seguridad pública en toda la entidad, y con ello, el desarrollo de las comunidades», dijo el encargado de la gobernabilidad de la entidad.

«No podemos aceptar conductas que contrarias a los preceptos de legalidad con las que deben regirse las corporaciones morelenses y que lejos de hacer prevalecer el estado de derecho, violenten las garantías individuales de la ciudadanía.

«Reprochamos estas acciones y el intento de cubrir actuaciones ilegales que afectan a la sociedad en su conjunto y que entorpecen la procuración y la impartición de justicia», recalcó.

El Gobierno de Morelos habrá de dar puntual seguimiento a este caso y sin distinción alguna, con estricto apego a la legalidad y pugnará ante las autoridades para que se emitan las sanciones que correspondan, sin distinción de personas y con la firme decisión de impartir justicia de manera clara y transparente, y ejercer todo el peso de la ley en contra de quien vulnere la paz y la tranquilidad de los morelenses.

Trátese de quien se trate, tengan la certeza que no habrá impunidad en este ni en ningún caso.

Nada ni nadie por encima de la ley, asumimos la responsabilidad de garantizarlo», concluyó.