Consejo “Ciudadano” de Seguridad, la comparsa

El Consejo Ciudadano de Seguridad que nació supuestamente para evaluar y contribuir al esquema policial y de prevención del delito del Gobierno del Estado, desde una perspectiva autónoma y vecinal, hoy se ha convertido en mera comparsa oficial que legitima decisiones y procedimientos gubernamentales en materia de seguridad pública a cambio de un abultado presupuesto para el pago de su abultada y dorada nómina.
Primero fue el restaurantero Harry Nielsen quien fungió como presidente del consejo, pasando de noche y atendiendo a la expectativa oficial de docilidad y frustrando la de quienes desde la sociedad morelense creían tener una voz que se hiciera escuchar y exigiera al gobierno mayores y mejores resultados para combatir la creciente inseguridad.
Posteriormente, a partir del mes de enero del 2015 fue designado el comerciante de autos usados Rafael Rueda Moncalián, quien siempre se ostentó como un experto en el tema de seguridad, aunque en la práctica resultó un protagónico y sedicente.
El actual CCS tuvo como base la estructura reducida que operaba el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Prevención del Delito que la Coparmex Morelos creó e impulsó con éxito en el gobierno del panista Marco Adame, aunque apenas llegó Graco Ramírez a la gubernatura se encargó de su extinción y para ello ideó una nueva estructura burocrática integrada a la secretaría general de gobierno que denominó Consejo Ciudadano de Seguridad.
O sea que los “ciudadanos” que laboran en la dependencia de gobierno cobran como funcionarios de la “Nueva Visión”.
Aquello parece ser más bien una especie de bolsa de trabajo y de colocaciones para gente cercana a Rueda Moncalián, a fin de dar empleo a recomendados, sin generar beneficio alguno y mucho menos abonar en un proyecto que también debe su existencia a la presión social que obligó a su creación.
Y no se crea que se trata de algo pequeño, son muchos los que «trabajan» ahí y se gastan el millonario presupuesto, que sumado a todo lo que se destina al terreno de justicia y seguridad, llegan a miles de millones de pesos.
Lamentablemente, como ciudadanos vivimos casi en medio del fuego cruzado, mientras esos «elefantes blancos» se gastan el dinero de nuestros impuestos de la manera más descarada, porque no nos dan nada a cambio.
Mucho se habló de un órgano que gozaría de autonomía y sobre todo, que incluiría a figuras sociales con historial de lucha a favor del pueblo. Una mera utopía.
Tan sólo de la renta del inmenso local que ocupan, se erogan cientos de miles de pesos al año, sin contar los onerosos salarios de quienes ahí colaboran o simulan colaborar.
De hecho hay un agente del ministerio público del fuero común ahí comisionado, que trata a la gente que llega a solicitar su atención, peor que los que se desempeñan en la Fiscalía General del Estado, y eso estimado lector, ya es mucho decir.