CORRUPCIÓN EN CUERNAVACA

¿Todos embarrados?

A menos que haya componendas -y jure usted que en eso andan- el alcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos Adán debería ser destituido y posiblemente sea encarcelado por los delitos de penosa corrupción que se le atribuyen.

Ya el Subsecretario de Protección Civil capitalino, Gonzalo Barquín Granados, se quedó tras las rejas por el mismo presunto delito de cohecho, agravado con el de amenazas, por haber precisamente enviado una amenaza al empresario que denunció el caso..

Sin embargo; lo extraño es que a pesar de esos vergonzantes sucesos, pareciera que en el Ayuntamiento no hay Cabildo, y sobre todo regidores de oposición, porque hasta el momento no escuchamos voces de quienes conforman ese «cuerpo colegiado» conformado por representantes de diversos partidos que exijan justicia y la aplicación de la ley, en contra de quienes han abusado del pueblo desde el poder.

Y mire que nos encontramos en tiempos electorales; cuando este tipo de personajes vividores del presupuesto aprovechan cualquier falta de sus adversarios partidistas para hacerlo notar ante la ciudadanía y hasta para exagerar y llamar mucho la atención y la curiosidad de los ciudadanos, es extraño que estén muy calladitos y lo anterior los hace sospechosos de complicidad.

¿Es que acaso todos están embarrados de podredumbre junto con el edil? sobre este tema sí se levantan algunas expresiones, pero externas y en especial, de algunos de quienes fueron inmisericordemente despedidos por parte de la comuna, y ellos sostienen que la absoluta mayoría de los regidores están “embarrados hasta el cuello” y comprometidos con el edil; porque para hacer sus tranzas el «lobo» los comprometió y salpicó.

Los datos refieren que cada miembro del cabildo cuenta con una serie de familiares, amigos y recomendados dentro de las nóminas, y desde luego en las posiciones mejor pagadas; de tal manera que cuando se dio el despido masivo hace unos meses -igual que hoy- que el edil está a punto de irse tras las rejas y han guardado silencio sepulcral.

Sinceramente no vemos ninguna otra razón como para que parezcan mudos y entonces, estaríamos evidenciando que aquello es una podredumbre competa y que todos le vienen rascando al presupuesto, por eso no hay dinero ni para medio remendar algunas calles y avenidas que están intransitables.

Vergüenza ajena dan esos dizque «representantes del pueblo», pues no obstante lo anterior, como es recurrente, la mayoría desea seguir colgados del presupuesto y buscan ir a otro cargo de elección o a su reelección, cuando, igual que su patrón el Villalobos, tendrían que correr la misma suerte por lacras como él.

Pero si así se aprecia el cabildo de Cuernavaca; juzgue usted lo que pasa en el Congreso local, tampoco vemos alguna reacción y demanda de que se persigan los actos de deshonestidad, como si fuera de lo más natural lo que está pasando de llegar al extremo de que se le restrinja el paso a las instalaciones del Ayuntamiento a un alcalde.

Del mismo modo, hay señales desafortunadas de que buena parte de los diputados estarían protegiendo al “remedo de alcalde”, ya sea por intereses políticos o económicos.

¿Cómo vamos a acabar con tanta perversidad? cuando los órganos responsables de vigilar el buen uso de los recursos del pueblo están metidos en el ajo, tanto el Cabildo como el Poder Legislativo son quienes deben garantizar que los recursos producto del pago de nuestros impuestos sean canalizados -sobre todo- para generar obras y ofrecer calidad en la prestación de los servicios, pero vea usted lo que ocurre; son parte misma del cáncer malvado de la corrupción.

Se lo hemos dicho aquí reiteradamente, ahí en la cámara hay un grupito de diputadas que encabezadas por Tania Valentina Rodríguez Ruiz forman parte de un clan de protectores del ex gobernador Graco Ramírez, y que al edil lo dejó ahí el tabasqueño al meter la mano en esa parte de la alianza de la 4T.

Pero hay más legisladores; la cosa es que parecen estar en las mismas circunstancias porque además no sólo no han demandado a las instituciones competentes aplicar mano dura a esas ratas que han abusado del erario de la capital de Morelos y han pretendido extorsionar a empresarios; sino que tampoco le han dado curso al Juicio de Responsabilidad que tienen pendiente en el Congreso contra Villalobos y el Juicio Político contra Graco.

Qué desafortunado escenario estamos viviendo, todo indica que ni la Cuarta Transformación (4T) logrará modificar las cosas, y entonces estamos fritos ¿No le parece?.

CONGRESO, TRABAJO SUPERFLUO

Jubilaciones doradas, juicios…

Pretextando inactividad colectiva con base en la pandemia del coronavirus el poder Legislativo local ha «trabajado» en cosas muy superficiales y de poca trascendencia social; a pesar de que hay asuntos verdaderamente importantes y que son reclamo popular, como el caso de sanción y cancelación de las jubilaciones doradas concedidas ilegalmente durante la legislatura pasada.

¿Qué decir de las dos solicitudes de juicio? el Político en contra del ex gobernador Graco Ramírez Garrido por presuntos y escandalosos actos de corrupción, y el de Responsabilidades en contra del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán; por presuntos desvíos millonarios.

En el último caso hasta pareciera que tienen sustento aquellas acusaciones en el sentido de que el mediocre alcalde sobornó al fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez, y al juez que lleva el caso de una denuncia en Atlacholoaya con cuatro millones de pesos a cada uno como se dice.

Y sí así fuera ¿por qué no pensar que a algunos diputados que integran la Comisión de Gobernación y Gran Jurado también se les llegó al precio? por eso podría ser que el tema se quedó ahí; cuando en principio parecía que estaban dispuestos a avanzar de manera acelerada en los procedimientos y ahora ya ni se habla de ellos.

Habría que preguntarle al presidente de esa comisión el diputado José Casas González qué está ocurriendo, el hombre nos parece que es honesto y no pensamos que acceda a tranzas y componendas; sin embargo, sí es sospechoso que pasen las semanas y no se diga nada sobre el ex gobernador y su pupilo Villalobos en torno a los procesos que tienen al menos en el Congreso de Morelos.

Tampoco se escucha mucho sobre el tema de las “jubilaciones doradas”, y como que en éste asunto y el de los juicios los legisladores le han aplicado demasiada calma para que arrecie el proceso electoral 2021 y todo quede en el pasado; todo mundo está ya involucrando en las campañas y se olvidan de otras cosas más trascendentes.

Por cierto, habría que ver que tanta verdad hay en lo que dijera recientemente el ex coordinador de delegaciones federales en Morelos, Hugo Erick Flores Cervantes; en el sentido de que el gobierno estatal envió una serie de propuestas al Congreso para generar programas de apoyo económico a diversos sectores de la actividad productiva y empresarial del estado, para reactivar la economía. Porque la cámara no los ha abordado aun siendo asuntos fundamentales.

¿En verdad tendrá algo de cierto esto? si es así ¿por qué los diputados no los han promovido para que se pueda incentivar a empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, campesinos y a quienes lo requieran? de no discutirlos pronto en el Congreso sería ir en contra del desarrollo de su propio estado, y eso es bastante grave.

La verdad es que la actual Legislatura nunca logró estar a la altura de las expectativas que ellos mismos generaron con el nuevo gobierno, tienen una enorme deuda de trabajo con el pueblo de Morelos que confió en ellos, y no vemos cómo a éstas alturas y cuando algunos de ellos piensan ya en la reelección u otro cargo, que puedan retribuirle algo a la población para convencerla.

APRUEBAN DIPUTADOS “ESCUELAS AL AIRE LIBRE”

Los diputados integrantes del Congreso aprobaron un punto de acuerdo para proponer y exhortar a la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y la Secretaría de Educación estatal que al cambio de semáforo sanitario a verde se implemente un programa adicional denominado “Escuela al aire libre”.

La diputada por el Partido Nueva Alianza, Blanca Nieves Sánchez Arano, hizo la propuesta con la intención que se implementen más medidas de seguridad sanitarias, adicionales a las que ya prevén las autoridades sanitarias federales.

El Congreso del estado aprobó el punto de acuerdo para que una vez que el semáforo epidemiológico cambie a color verde se considere la puesta en marcha del programa “Escuelas al Aire Libre” y así evitar el riesgo de contagio de Covid-19 entre los estudiantes.

Al hacer uso de la tribuna Sánchez Arano recordó que “las llamadas Escuelas al Aire Libre surgieron en Alemania y Bélgica en 1904 y en Estados Unidos en 1907” tras la pandemia por la enfermedad de Tuberculosis durante la segunda década del Siglo XX; enfermedad que mató a uno de cada siete personas en Europa y Estados Unidos. Esta modalidad coadyuvó para “garantizar el regreso a clases a los niños de forma segura”.

La legisladora expuso que con la implementación de esa estrategia se tuvo un descenso en las estadísticas de letalidad y de contagio de los estudiantes, lo que no ocurrió en las escuelas que mantuvieron a los alumnos dentro de los salones de clases.

“La puesta en marcha de Escuelas al Aire Libre en nuestra entidad puede ser el detonante que traiga beneficios en la triada educación-salud-bienestar”, puntualizó.

La legisladora argumentó que ante el riesgo latente de enfrentar una “sindemia”; es decir la combinación de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes en Morelos en la temporada de invierno, aunado a un eventual cambio de semáforo epidemiológico, puede agravar las condiciones de atención a la salud en la entidad.

ZAPOTITLA ¿JUSTICIA O PERVERSIDAD?

Desde el comienzo de la actual legislatura local los diputados y diputadas han mantenido una delicada polarización que les ha impedido ofrecer resultados en materia legislativa a los morelenses; y es notoria la presencia de grupos antagónicos que se han dedicado más a cuidar intereses propios y de perversos personajes del reciente pasado, que los de sus «representados».

Lejos de actuar con prudencia y en busca de consensos con el fin de ofrecer un trabajo siquiera regular, algunos legisladores descaradamente evidenciaron que tenían dueño, y que habían llegado ahí para proteger hasta el límite de sus posibilidades a sus «padrinos políticos»; en ese sentido sigue operando un grupillo de diputadas “mangoneadas” por Tania Valentina Rodríguez, diputada y dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Morelos, pero que trasmite evidentemente instrucciones del ex gobernador Graco Ramírez.

Ese bloque de diputadas ha buscado impedir hasta ahora que prosperen las denuncias contra abusos y corruptelas de ex funcionarios, tales como “jubilaciones doradas” y presuntas acciones de rapiña de ex diputados, y se aprecia que son los mismos que están detrás de la intención de ajustarle las cuentas al legislador Marcos Zapotitla Becerro, a quien se le señala como presunto responsable de un acto de violación.

Hace unos días ese grupo de diputadas, precisamente encabezadas por Tania Valentina, impidieron ingresar al pleno del recinto legislativo a Zapotitla Becerro exigiendo su desafuero y expulsión de la Legislatura, y lo peor es que en la causa feminista se sumaron otras diputadas.

El sólo hecho de que apareciera ahí la Rodríguez Ruiz es clara señal de  que puede haber «mano negra» detrás, es decir, huestes de Graco.

Aquí no defenderíamos, ni lo haremos jamás, a alguien que hubiera cometido un delito tan grave como es la violación; eso sería inmoral, sin embargo entendemos que hasta ahora por la vía de la ley y el proceso legal que se le sigue, no se le ha podido comprobar nada, y entonces pudiera más bien tratarse de un ajuste de cuentas e intereses de otra naturaleza.

Si a Zapotitla por las vías conducentes se le llega a probar el delito aquí mismo exigiríamos que se le pusiera tras las rejas; luego de desaforarlo, pero primero se tiene que tener los elementos suficientes como para que eso aconteciera, y seguimos insistiendo en que el expediente avance y no obstante que está en manos del fiscal graquistas, Uriel Carmona Gándara, no vemos avance alguno.

Y llama la atención que sin haberse llegado a un dictamen en la materia, las legisladoras actúen de esa manera; porque el Congreso y quienes integran la legislatura tienen en todo momento que velar por la justicia, la legalidad y el derecho; hacer lo contrario, significa que ni siquiera saben la responsabilidad que tienen ¿no le parece?

Se nos antoja entonces que lo que vemos en torno al diputado Marcos es un asunto meramente político, lleva ya tintes electorales y la lucha es por la búsqueda de debilitar algunas corrientes partidistas reflejadas en el recinto legislativo; con miras hacia las elecciones del 2021, y entonces, a éste legislador le ha tocado “bailar con la más fea”.

YA SIENTE “LUMBRE EN LOS APAREJOS”

*Intenta Villalobos tráfico de influencias

Presa de sus propios errores y actos de corrupción el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, busca desesperadamente evitar ser sometido a juicio y llamado a cuentas frente a los tribunales correspondientes; y a decir de abogados que asesoran a ex empleados agraviados por las acciones de presuntos delitos por parte de las autoridades municipales viene tocando puertas del gobierno federal.

Villalobos fue relacionado con la causa penal número JC/874/2020 por el delito de cohecho, presuntamente cometido en agravio de Cristian Isaías Contreras Luna y su hermano José Alberto, además de un intento de extorsión.

Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción fijó fecha para realizar la audiencia de la formulación de la imputación para el 11 de de noviembre. Sobre este tema los abogados Enrique Paredes Sotelo y Juan Manuel Cuéllar, quienes llevan el caso de los agraviados, afirman que Villalobos ha estado acudiendo a la Ciudad de México a buscar apoyo de algunas dependencias del gobierno federal, a fin de ser protegido de la restricción de salir del país prisión ee posible sustracción de la justicia, lo cual, consideraron, es un tráfico de influencias.

Sabedores de las intenciones del alcalde, también las presuntas víctimas pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no impedir el correcto y legal desarrollo de la denuncia, ya en manos del juez de control y en una misiva enviada a través de la Dirección de Atención Ciudadana de la presidencia, dicen confiar en las instituciones.

«Sabemos y aplaudimos la posición de su gobierno en el sentido de que no se tolerará acto de corrupción alguno y en que antes que todo, se aplicará la justicia y la Ley con rigor en contra de quienes la infrinjan, sin embargo, nos abriga el temor de que alguien de la federación, se preste a esta clase de componendas».

Refiere parte del texto enviado a presidencia.

Paredes Sotelo dijo que ya se obtuvo una respuesta al respecto y ésta fue en el sentido de que no habrá impunidad y el juez de la causa deberá proceder conforme a las pruebas y elementos a que haya lugar; es decir, se dijo confiado en que la federación no intervendrá en favor del presidente municipal.

Cabe recordar que no se trata únicamente de esta denuncia; los abogados recordaron que por despidos injustificados de trabajadores, ya se han presentado más de 100 y se irán sumando porque son cerca de 500 los agraviados y en el Congreso local, hay otro expediente solicitado por la fiscalía anticorrupción a fin de iniciarle a Villalobos un juicio de responsabilidades por presunto desvío de recursos públicos del orden de los 70 millones de pesos.

Por eso el edil siente que «la lumbre le llega a los aparejos», intenta el apoyo de alguna instancias federal a fin de lograr impunidad, pero los asesores legales de quienes se han visto agredidos por él, vienen igualmente buscando mecanismos para evitar que el juez de la causa sea presionado para no actuar conforme a derecho.

PIDEN PRORROGAR VERIFICACIÓN VEHICULAR

La diputada local Alejandra Flores Espinoza planteó la necesidad de ampliar los plazos del calendario de verificación vehicular, ante la falta de capacidad, desorden y la corrupción que existe en los verificentros que cuentan con servicio en el estado.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para implementar prórrogas en el cumplimiento del calendario de verificación vehicular; correspondiente al segundo semestre de este 2020, debido a la falta de capacidad de los verificentros para atender a todos los automóviles matriculados en Morelos y los que provienen de otros estados.

Durante la última sesión ordinaria de Pleno la diputada Alejandra Flores propuso el punto de acuerdo ante la necesidad de ampliar los plazos para el cumplimiento del programa hasta el 2021,  ya que con la emergencia sanitaria existe un mayor desorden en los centros de verificación. La propuesta fue secundada por el legislador José Casas González, ya que han sido reportadas diversas irregularidades.

La legisladora recordó que el pasado 15 de julio el gobierno estatal autorizó el reinicio del programa de verificación vehicular, después de que se suspendió en marzo pasado por la pandemia de covid-19.

Con la reanudación de las actividades en los verificentros se estableció también que el servicio se otorgaría con previa cita y respetando las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la Secretaría de Salud.

«Sin embargo, desde el primer día de apertura en los Centros de Verificación Vehicular, lejos de prevalecer el orden y atender los protocolos de salud, se ha registrado un evidente caos, desorganización y denuncias por la venta de hologramas y citas para verificar, además de la insuficiencia de capacidad», manifestó la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Explicó que en todo el estado sólo existen cinco verificentros;  dos en Cuernavaca y uno en cada municipio de Jiutepec, Emiliano Zapata y Cuautla. Esto, dijo, sólo confirma la evidente falta de capacidad para atender a cerca de 600 mil vehículos emplacados en la entidad.

Dicho desorden en los centros de verificación añadió la diputada Flores Espinoza, no sólo ha provocado la molestia de los automovilistas por la pérdida de tiempo que registran en cada visita, sino que también se ha prestado a actos de corrupción, «al grado de pagar dinero para que sean agendados para una cita o por adelantarlos en la fila e incluso la venta de hologramas hasta por 1500 pesos para los vehículos que no pasan los estándares en la verificación».

En tal razón, la legisladora pidió también que la Secretaría de Desarrollo Sustentable informe al Congreso del estado de las acciones que se han emprendido para inhibir dichos actos de corrupción.

De acuerdo con el decreto de expedición del programa de Verificación Vehicular, publicado el pasado 1 de julio, la Secretaría de Desarrollo Sustentable está facultada para suspender la realización de la verificación vehicular en uno o ambos semestres, este último ante la imposibilidad material en la prestación del servicio, como actualmente sucede.

Por ello, en el acuerdo de Pleno, que se aprobó por mayoría de los legisladores, se planteó que la prórroga se amplíe hasta el próximo 2021.

CASO ZAPOTITLA: PROCESO ACELERADO

*Y los otros juicios pendientes ¿por qué no?

En unas cuantas semanas la denuncia de una presunta violación por parte del diputado local Marcos Zapotitla Becerro avanzó de forma inusitada, ya pareciera estar puesto para aplicarle juicio político y desafuero en un caso pocas veces visto, y menos por de parte de la Fiscalía General de Justicia del estado que para asuntos distintos aplica criterios y tiempos muy extraños.

Podemos decir que el legislador en mención es la primera víctima electoral hacia el proceso del año que viene; porque con todo lo que ha ocurrido en este caso lo más seguro es que -si tenía aspiraciones de reelección o de buscar otra posición electoral-, pues se le va a ir de las manos y más si lo ponen fuera del Congreso por una decisión de sus compañeros de legislatura.

¿Qué hay detrás de éste asunto? ¿es realmente Zapotitla culpable de lo que se le acusa? y ¿qué importancia tienen en este proceso las declaraciones de la abuela de la supuesta violada, en el sentido de que todo fue una treta? ¿tomará en cuenta la Fiscalía esos elementos o se seguirá derecho, sin ver esos datos? ¿es acaso una consigna y, si es así, de quién o quiénes o de dónde viene?

Y es que igual y si el señor es responsable eso tiene que probarse en los tribunales competentes, pero ¿y si no lo es, y la intención es simplemente privarlo de que siga participando en política y en la comisión de seguridad?

Lo que es cierto es que resulta medio contradictorio que mientras el tema que nos ocupa, en sólo unos cuantos días llegó ya prácticamente al estrangulamiento; mientras en la propia dependencia se tienen decenas de denuncias; muchas de ellas con suficiente sustento como para proceder contra ex funcionarios y ex diputados locales por presuntos actos muy graves de corrupción, incluyendo al ex gobernador Graco Ramírez Garrido.

Es por eso que a DAD le llama mucho la atención el caso; porque pareciera que cuando se quiere se trabaja a marchas forzadas para enjuiciar a alguien, pero cuando se trata de sujetos de probadas perversidades como Graco y su pandilla de forajidos; pareciera más bien haber protección e impunidad en algo que ciertamente afecta a los morelenses en general.

Aquí no vamos a defender al legislador; si la debe que la pague, aunque se supone que se debe de probar primero, lo que sí es que le exigimos al fiscal Uriel Carmona Gándara que aplique el mismo rasero en contra de quienes burlaron al pueblo de Morelos, que cometieron delitos que ya fueron denunciados y se siguen burlando de las leyes más elementales porque nada parece hacer para  que esos expedientes se muevan.

Bueno, sus propios «compañeros» de legislatura ya lo llevan a la guillotina, literalmente hablan de un apresurado desafuero cuando en condiciones normales, de acuerdo con el actuar de la justicia a la mexicana; y no se diga de la morelense con Uriel Carmona a la cabeza, eso tomaría meses o quizás años dependiendo de los márgenes de defensa de los involucrados.

Bueno… muy sencillo, ya el propio recinto legislativo tiene en sus manos las solicitudes de Juicio Político contra Graco y el Juicio de Procedencia contra el alcalde capitalino Antonio Villalobos Adán ¿qué está pasando con ellas? no sabemos nada, muy concretamente del caso contra Villalobos, que parece enfrenta pruebas irrefutables por el robo por cerca de 70 millones de pesos.

¿Por qué a uno le aplican el fast track y a los otros es dan muchas largas? por eso es que para nosotros resulta un tema bastante sospechoso, y pareciera que más bien es un ajuste de cuentas entre grupos políticos antagónicos, que desde ahora y muy anticipadamente a la elección del 2021 se vienen dando “hasta con la cubeta”. Por cierto, el diputado era miembro de la bancada del PES, porque ya se separó ¿no será un golpe político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a través de su partido?

Y si fuera así ¿quiénes están detrás de esa zancadilla? porque si las cosas van por ahí significa que la guerra recién comienza, porque los agredidos no se van a quedar con los brazos cruzados y seguramente responderán por alguna de las vías posibles.

Tristemente, éste es el nivel de debate y de lucha entre contrarios en el ejercicio del poder, no hay compasión cuando de pelear los espacios políticos y de control se trata, y menos se tientan el corazón para hacer daño a quienes consideran adversarios y se aplica aquello de que «el fin justifica los medios», o sea hay que quitar de en medio a quien pueda estorbar a intereses mezquinos. El poder y el dinero envilecen a las personas y más a quienes viven del presupuesto público.

DEJA DIPUTADO AL PES PARA NO PERJUDICARLO

El diputado local Marcos Zapotitla Becerro anunció que se separará del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), ya que la acusación en su contra ha servido como medida de presión para obtener una posición política. “No permitiré que se utilice el linchamiento social como moneda de cambio en la negociación de designación de encargos”, argumentó el legislador.

Marcos Zapotitla hizo pública su decisión para evitar el linchamiento público al instituto político a causa de las acusaciones que pesan sobre su persona; sin embargo, su defensa jurídica advirtió que no solicitará licencia al cargo de diputado, para hacer valer el principio de la presunción de inocencia.

«Existe una clara intención de los partidos políticos contrarios al gobierno actual de perjudicar al PES y utilizar el linchamiento social como “moneda de cambio y de negociación para que cedan en la designación de encargos”, dijo al referirse al proceso de nuevos magistrados del Poder Judicial, que ha iniciado la LIV Legislatura.

“Lo hago consciente en mi gratitud por el respaldo que siempre me brindó la dirigencia de ese partido, desde luego que estoy en buenos términos con ellos; tan es así que aquí se encuentra la representación de esa dirigencia y del partido ante el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana”, explicó.

Por su parte, su representante legal Cipriano Sotelo Salgado, explicó que la defensa que encabeza ha evaluado de forma responsable que “el diputado no va a pedir licencia, porque se lo he sugerido.

«No va a pedir licencia porque el delito que se le imputa es un delito grave e implicaría ir a dejarlo el penal de Atlacholoaya, y eso no lo vamos a hacer. Se tiene que respetar la presunción de inocencia y si es responsable, tendrá que afrontar las consecuencias, pero si no lo es, no podemos prejuzgarlo anticipadamente”, recalcó el abogado.

Sotelo Salgado detalló que el momento procesal de la solicitud de juicio de procedencia para el desafuero del diputado se encuentra en su primera fase, donde la Fiscalía General ha presentado y ratificado dicha solicitud ante el Congreso del Estado, y aún falta un segundo momento en que la Mesa Directiva deberá turnarla a la Junta Política y de Gobierno del Legislativo que deberá valorar y en todo caso, enviarla a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

“En la Comisión de Gobernación es donde nosotros podremos participar y hacer valer nuestra posición jurídica. Mientras tanto, la denuncia penal está detenida hasta que no se resuelva la solicitud de desafuero”.

Durante la rueda de prensa que ofreció para dar a conocer la actualidad del proceso, el diputado Marcos Zapotitla recibió las muestras de solidaridad y de respaldo de un grupo de pobladores de Tetelcingo y de diversas comunidades de Morelos, que arribaron en caravana al Congreso de estado, seguramente convocados por el legislador.

LO QUE FALTABA

*Perversión sexual en el Congreso

El diputado local Marcos Zapotitla Becerro se enfrenta a un problema mayúsculo; se le acusa ante la Fiscalía General de Justicia por el presunto delito de violación en contra de una fémina que aparentemente labora o laboraba en la propia cámara; la denuncia ya está en manos de las autoridades competentes y habrá que esperar a ver cuál es el curso de éste expediente.

Los señalamientos los hizo el asesor legal de la presunta agraviada, de la que por obvias razones sólo se dio sus iniciales: R .G. T. y en el documento se pidió al Fiscal Uriel Carmona Gándara «evaluar si es necesario o no presentar una solicitud de declaración de formación de causa ante el Congreso local».

Ello, para que los legisladores emitan «una declaratoria de procedencia contra Zapotitla, y pueda ser procesado penalmente en caso de probarse el delito en referencia».

Sólo eso les faltaba a los integrantes de ese cuerpo colegiado, que tengan entre sus filas un compañero que deba ser desaforado a fin de que no tenga esa protección, y se le lleve ante un juez de control que igual y acabe tras las rejas.

Ha sido desafortunado el paso de muchos personajes por la cámara de diputados; el desempeño no sólo ha sido mediocre sino que han caído en hechos que presumen delitos muy graves; no sólo en lo que toca a la probable violación, sino a acciones que despiertan sospechas respecto a los legisladores que han sido vinculados con la delincuencia organizada.

Se ha generado recientemente un escándalo en torno al senador Ángel García Yañez, precisamente por decires que se han mencionado desde hace años; que el hombre está detrás de grupos de mañosos que se dedican a la distribución de enervantes, secuestro y robo de autos pero, desde la legislatura morelense pueden aparecer dos o tres más con esos antecedentes.

Bueno, ya conoce usted los antecedentes de la dirigente del Partido del Trabajo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien ha impulsado desde esa plataforma candidaturas como la de Alfonso Miranda Gallegos, tío del capo conocido como «El Carrete», y quien fue de diputado local y alcalde de Amacuzac; quienes ahora están en un reclusorio de alta seguridad por delitos contra la salud, al igual que su primo, que era secretario general del Ayuntamiento que dejó acéfalo Miranda Gallegos por su detención.

Como se puede ver, ahí están y muy visibles sujetos coludidos con la maña, y se menciona también a otra diputada del mismo partido, quien al menos en una ocasión fue baleada cuando se trasladaba en su vehículo en una carretera de la zona oriente de Morelos. Otros legisladores han sido vinculados también con una balacera en un antro de la zona norte de Cuernavaca, o al menos sus ayudantes o “asesores” en el Congreso local.

PROPONE FLORES LEY DE JUICIO POLÍTICO

Durante la sesión ordinaria, que se llevó a cabo a inicio de semana, la diputada Alejandra Flores Espinoza presentó ante el Congreso de Morelos una iniciativa de ley con el objetivo castigar específicamente a los servidores públicos que lleven a cabo actos u omisiones, en perjuicio de los intereses de los ciudadanos; o bien establecer precisiones al procedimiento que se sigue para el juicio político.

Este es uno de los pendientes de la LIV Legislatura para establecer con claridad las bases, los sujetos y el procedimiento de responsabilidad política que prevé la Constitución Política local, precisó.

«El Juicio Político es una de las figuras que se encuentra comprendida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917; siendo que el Constituyente acordó que el Congreso de la Unión expidiera a la mayor brevedad posible una ley sobre responsabilidad de todos los funcionarios y empleados de la Federación; determinando como faltas oficiales todos los actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos, aún cuando hasta entonces no hubieran tenido el carácter de delitos», explicó.

La iniciativa establece que la responsabilidad política tiene dos finalidades: la de asegurar que los servidores públicos desempeñen sus funciones apegándose al orden jurídico que los rige y la de aplicar el sistema democrático instaurado por el Constituyente Federal, al crear un procedimiento que permita remover e incluso inhabilitar a cualquier servidor público que no cumpla adecuadamente el encargo que se le confirió.

La nueva ley propuesta por la legisladora integra 40 artículos en los que se señalan cuáles son los actos u omisiones para sustentar un juicio político, así como las sanciones; siendo el Congreso del estado el encargado de iniciar el procedimiento y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el jurado de sentencia, como dicta hoy el procedimiento.

«Como integrante del grupo parlamentario de Morena uno de los postulados de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es que en una democracia el pueblo pone y el pueblo quita”, por tanto un servidor público que deje de observar el orden jurídico debe de ser sometido a juicio político, y ser responsable políticamente de sus actos y omisiones», manifestó la diputada Flores Espinoza.