AUDITARÁ EL CONGRESO A CUERNAVACA

Diputados de la LIV Legislatura local aprobaron iniciar una auditoría especial al Ayuntamiento de Cuernavaca, luego de las denuncias que se han presentado en contra del alcalde capitalino, Antonio Villalobos Adán.

Ante los posibles desvíos que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Morelos en el Ayuntaiento, los legisladores votaron a favor el inicio de una revisión especial a las finanzas municipales correspondientes a un año y medio de ejercicio, revisión que habrá de revisar la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso, a solicitud del diputado José Casas González.

El legislador presentó el punto de acuerdo por el que se instruye al órgano auditor del Poder Legislativo para revisar el ejercicio fiscal 2019 y el primer semestre del 2020; con la finalidad de detectar presuntas irregularidades en la que hubieran incurrido la administración que encabeza Antonio Villalobos, luego que se ha declarado en insolvencia para seguir enfrentando la administración de Cuernavaca, por lo que ha solicitado un empréstito.

Casas González dijo que se debe revisar la conducta en el ejercicio del gasto público municipal, en las finanzas públicas y el gasto corriente; así como la existencia de pasivos o los incumplimientos para el pago de obligaciones y la deuda pública del municipio.

Lamentó que a pesar de la situación que se registra en las arcas municipales que se ve reflejada en la falta de obra pública y el descuido de Cuernavaca, el alcalde haya incrementado la nómina del Ayuntamiento para cumplir sus compromisos políticos; y ahora quiera solicitar préstamos.

Cuestionó también que los miembros del Cabildo pidan préstamos personales sin importar la situación financiera del ayuntamiento y hasta los recortes de personal de base y de confianza que se pretenden en esta época de pandemia.

Por su parte el presidente municipal de Cuernavaca reconoció en una sesión de cabildo que sí solicitó un amparo por las actuaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción en su contra, pero dijo estar confiado en que la ley se aplicará correctamente y se confirmará su inocencia.

El edil dijo en entrevista hace unos días que los señalamientos en su contra fueron hechos por un ex trabajador del Ayuntamiento que fue despedido, por lo que hizo declaraciones en su contra argumentando enriquecimiento ilícito.

JUBILACIONES DORADAS

*Nunca es tarde

Entre los compromisos que hicieron a sus posibles electores algunos de los entonces aspirantes a diputados locales en la elección del 2018, estuvo aquél de desarticular toda una red de perversión y robo que armó el entonces gobernador Graco Ramírez y la bancada local de legisladores en esa época; en lo que tiene que ver con lo que se denominó «jubilaciones doradas» que se registraron desde la mitad del sexenio pasado y sobre todo al final.

Si bien es cierto que algunos de los que lograron llegar al recinto legislativo, como en el caso de José Casas González, buscaron empujar el cumplimiento de esas ofertas populares; el propósito jamás logró prosperar en los primeros meses de la actual legislatura, porque el tabasqueño había dejado garantizada su protección en la nueva legislatura, o sea la actual, con un grupo de siete diputadas -la mayoría que llegó al cargo por la vía plurinominal- que son afines a él, que siguen defendiéndolo hasta con las uñas, encabezadas por Tania Valentina del PT y otras de partidos menores que se aliaron.

A pesar de que para disimular se permitieron a inicios de la legislatura algunos avances menores, en el grueso de los casos más escandalosos; simplemente los expedientes se empantanaron, desaparecieron o se actuó mal y ahí se intentaron congelar, porque había beneficiados muy cercanos al ex mandatario perredista Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y hasta familiares de estos ex diputados y funcionarios de su gabinete.

Tras lo más pesado de la pandemia por el COVID-19 que nos ha tenido paralizados el asunto pareciera cambiar, sobre todo porque ahora (desarticulado por riñas internas el grupo de legisladoras y desaparecidos varios grupos parlamentarios) Casas González fue instalado como presidente de la comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y fue él quien revivió las denuncias y expedientes.

Reunió información que desde el principio debió recabarse respecto de una serie de «chicanadas”, falsos documentos de antigüedad laboral; de salarios y cargos de los «recomendados” y otros vicios imperdonables que se presentaron para solventar las solicitudes de jubilación anticipada,

Pues sí, ahora sí el señor legislador integró una serie de pruebas con las que presentó ayer las denuncias ante las instancias competentes con el respaldo de la Dirección Jurídica del propio Poder Legislativo y con la exigencia de que la Fiscalía General de Justicia de Morelos y la de Anticorrupción; ahora sí le den prioridad a este caso, para que se suspendan en primera instancia los pagos irregulares de jubilación que se han venido haciendo y hasta exigiendo por ex funcionarios, quienes incluso se ampararon de algunas actuaciones realizadas anteriormente sin el rigor suficiente, como queriendo que se echaran abajo fácilmente.

Lo que se explica, es que las cantidades a los «agraciados» van desde los 20 mil, hasta los 90 mil pesos mensuales por pago de jubilaciones, que en su conjunto representan cerca de ocho millones de pesos al mes, que se paga del presupuesto anual a esos “jubilados dorados” que no cumplían la mayoría de los casos con la edad mínima establecida para acceder al beneficio, los años de trabajo desempeñado en el gobierno estatal, incluso ni siquiera en algunos casos con antecedentes laborales en el área.

Como presidente de la comisión, Casas González, tiene más facultades e injerencia directa para reclamar atención al asunto; una vez que entregó las pruebas documentales de los falsos expedientes que se armaron.

Y aquí, no sólo se trataría de anular esos actos de corrupción en cuanto al pago se refiere que es un quebranto patrimonial para el Estado; sino que se fincarían otras responsabilidades como el tema de la falsificación documental, donde están coludidos algunos ex presidentes municipales del trienio anterior, ex diputados como los ya denunciados Beatriz Vicera, Hortensia Figueroa, Julio Espín, Francisco Navarrete y Silvia Irra, esta última ex presidenta de la Comisión del Trabajo y que se prestaron a todo.

De avanzar las cosas habría responsabilidad legal contra presuntos beneficiarios, ex funcionarios, ex diputados y ex alcaldes; que tendrán que ser llamados ante los tribunales de justicia, y de encontrarse culpables proceder con las penas a que haya lugar por diversos delitos.

Entre esos indeseables que “se despacharon con todo” están ex funcionarios y trabajadores del Congreso como la ex Directora de Recursos Humanos y de Administración, quienes fungían como secretarias particulares tanto de Graco como de su esposa Elena Cepeda, quien fuera Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, esposas de ex legisladores y amigos de algunos de ellos; y el caso de Julio Espín Navarrete que, como manejaba al edil de Puente de Ixtla a su antojo, de ahí y otros municipios se expidieron varias constancias falsas de antigüedad laboral.

Todo un grupo mafioso, ojalá no quede impune este caso, porque la verdad es mucha la rapiña y la ofensa en contra de la sociedad morelense, no nos merecemos esto, a los rufianes hay que llevarlos a cuentas.

TERMINAR CON LA «MAFIOCRACIA»

*Lo que necesita México

Qué interesante descripción de Eduardo Buscaglia, presidente del Instituto de Atención Ciudadana, respecto de la gravísima situación que vive México; en torno a la delincuencia y la corrupción, en los más altos niveles político, económico y social.

El hombre parece tener muy clara la película que revela por qué vivimos en medio de un entorno realmente macabro, con un monstruo de perversidad de mil cabezas que nos ha venido empujando hacia escenarios verdaderamente catastróficos; que amenazan con la destrucción del propio país.

Se refiere a este fenómeno como «la Mafiocracia» y advierte que mientras no se logre desmantelar esa red en la que conviven políticos de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de gobierno, con grupos o asociaciones «ciudadanas» que también abonan a la maldad y que, a su vez, son quienes alimentan a la delincuencia organizada; la nación se seguirá hundiendo.

Estima que nos encontramos en una oportunidad histórica de ir desvaneciendo las estructuras de ese entramado de perversidad que está detrás de la trata de blancas, del tráfico de órganos humanos, del exterminio de líderes y luchadores sociales, de los secuestros y asesinatos cotidianos.

Se refiere a obras de Astorga, de Carlos Flores; historias de polvo y sangre que dan cuenta de una delincuencia organizada de Estado e internacional, que nació desde el gobierno y que tiene cinco componentes: políticos del gobierno federal, gobernadores, diputados, senadores, la política en general y empresarios.

Recuerda los casos de personajes actualmente en proceso penal por presunciones de complicidad con la delincuencia de alto impacto como el de Genaro García Luna, en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, o de Emilio Lozoya en la administración de Enrique Peña Nieto, y asume que no se puede disociar a éstos ex funcionarios que cometieron delitos con los entonces ex presidentes de la República, necesariamente Calderón y Peña deben ser investigados.

Jueces, sicarios y policías están incluidos y hay que atacar de arriba hacia abajo. No puede haber causa penal contra Lozoya sin que se abra una contra Peña. Es delincuencia organizada y política. Toda causa por corrupción política es delincuencia organizada.

Cuando se acusa a alguien como García Luna o Lozoya, se está acusando a toda una red, que es la que posibilita toda clase de acciones contrarias al Estado de derecho. Deben ser maxi procesos, causas penales en red contra esas mafias.

La descripción que hace Buscaglia es muy importante porque da una idea clara de la dimensión que en nuestro país ha alcanzado la maldad desde el ejercicio del poder público, nos dice que es desde la misma Presidencia de la República desde donde se cometen esos delitos de lesa humanidad, y cual empresas transnacionales comercializan la compra-venta de personas y cualquier otra atrocidad casi inimaginable.

Por lo que hay una especie de reacción casi en cadena; que busca impedir el avance de investigaciones sobre personajes clave en la red de la «Mafiocracia»; dado que pone en riesgo a personajes que llegaron a encumbrarse en la cúspide del poder y que desde ahí, asumiéndose como «redentores sociales», eran los que realmente llevaron a México al desafortunado escenario en el que estamos.

VINCULAN A EX FUNCIONARIA POR PENSIÓN DORADA

La Fiscalía Anticorrupción consiguió la vinculación a proceso de una ex funcionaria más, acusada de fraude procesal y abuso de autoridad; por haber solicitado su pensión por 23 años de servicio.

Se trata de Denya “N”, ex funcionaria del Congreso de Morelos, quien presentó aparentemente documentación falsa para acreditar más años de servicio público, en específico documentación falsificada del municipio de Ocuituco.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción formuló imputación luego de que el Congreso local presentó varias denuncias en contra de ex funcionarios, cuyos expedientes de jubilación registraban inconsistencias.

La presunta responsable Denya Flores Rendón, fue candidata a presidenta municipal de Tepoztlán por el PRD en las elecciones del año pasado, y tramitó su jubilación para dejar el cargo de ex directora de Recursos Humanos del Congreso local.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la vinculación a proceso por el delito de fraude procesal, ya que la Fiscalía presentó los elementos suficientes para acreditar los cargos, además solicitó que se fije como medida cautelar la firma periódica de la inculpada, ya que se presume podría evadirse.

El Congreso de Morelos presentó casi un centenar de denuncias por la improcedencia de pensiones otorgadas al final del sexenio del ex gobernador Graco Ramírez Garrido, ya que varios ex funcionarios tanto del Ejecutivo como del Congreso local, estos últimos incluso relacionados con los ex funcionarios -como la esposa del ex secretario de Gobierno-, recibieron jugosas pensiones con cargo al erario, basados en documentos falsos o fabricados irregularmente.

ESAF NO ESCAPÓ; ALEJANDRA FLORES

La terrible herencia de corrupción que dejó la legislatura local continúa dando de qué hablar.

Al respecto, la diputada local de Morena, Alejandra Flores, recordó que una revisión minuciosa que se viene desarrollando a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) mostró ya algunas irregularidades.

Cuando llamó a ex personal del área para programar su liquidación llegaron más de 20 presuntos empleados que nadie conocía, ni dónde trabajaban; evidentemente eran aviadores. Pero, pero advirtió que esa no es la única inconsistencia que se aprecia de la auditoría a ese organismo.

En lo referente a las auditorías a los presidentes municipales, que entregaron una propuesta al Congreso solicitando incremento de sus participaciones para el Presupuesto 2020, Flores Espinosa manifestó que la Comisión de Hacienda aún no entrega el documento del dictamen, pero descartó cualquier aumento de impuestos a la sociedad para tal efecto.

«El compromiso con el pueblo ha sido no cargarle más la mano a la gente, y buscaremos soluciones alternativas porque, ciertamente, los Ayuntamientos están casi en quiebra y requieren más recursos también», recordó.

EMPIEZA CAÍDA DE “PENSIONES DORADAS”

La Fiscalía Anticorrupción formuló imputación en contra de la ex Directora de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica de la administración del ex gobernador Graco Ramírez, por uso de documentos falsos para obtener una pensión.

Esta pareciera la primer “pensión dorada” que en verdad pudiera caer, luego de que hace casi un año se presentaron varias denuncias en contra de ex funcionarios de la pasada administración que consiguieron pensionarse sin cumplir los requisitos que marca la ley.

Las imputaciones contra Anahí “N”, también esposa del último secretario de Gobierno en la administración pasada, son también por abuso de autoridad y fraude procesal; ya que la ex funcionaria de 32 años presentó a todas luces documentos falsos para alcanzar una pensión al 50% por ejercicio en el servicio público con un sueldo de 45 mil pesos mensuales.

El viernes 11 de Octubre se realizó la audiencia de ley, en la cual la Fiscalía Anticorrupción aportó más de 33 datos de prueba en contra de la ex funcionaria.

El juez otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso, en la cual, tras la presentación de los datos de prueba, la argumentación del Ministerio Público y el debate correspondiente, podrá dar elementos al juzgador para determinará la situación jurídica de la imputada.

«GRACO DEBERÍA ESTAR VINCULADO»: BECERRA

 Fiscalía Anticorrupción: «todo lo fundamentado ha prosperado»

En torno a los presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración anterior, incluido el ex gobernador Graco Ramírez, continúa el debate entre funcionarios de la administración estatal y la Fiscalía Anticorrupción.

El asesor gubernamental en materia de delitos de corrupción, Gerardo Becerra Chávez Hita, insistió en que «con todos los elementos que se tienen a la mano; es para que Graco estuviera vinculado a proceso; sin embargo, hay obstáculos a fin de que las denuncias logren avanzar».

«La mayoría de ex funcionarios, incluyendo el tabasqueño, actuaron como delincuentes, pero no son tontos, cuidaron todo para evitar tener problemas a futuro. En el caso del ex mandatario, sí hay oficios, comunicados, órdenes por escrito que lo involucran en diversas responsabilidades por desvío de recursos», aseguró.

Recordó que sólo en torno a la construcción del estadio de fútbol Agustín «coruco» Díaz de Zacatepec, la obra se infló a más de 400 millones de pesos; aunque podría ser mucho más, pero no dejaron siquiera constancia de cuánto se gastó totalmente, según ellos por que fue inversión.

Luego explicó que, respecto a la contratación de espectáculos y artistas, “ya platicamos con algunos de ellos como Manuel Mijares, y nos reportan que él cobró un millón 500 mil pesos por su concierto, pero a la empresa Magnum que fue la intermediaria le pagaron 14 millones de pesos ¿cómo está eso?».

Becerra Chávez insistió que se ha detectado que en obras se inflaron costos, se fijaron moches y se agregaron sobre precios que, en algunos casos, duplicaban los costos reales, pero las investigaciones van lento.

Precisó que es la Fiscalía General de la República donde sí se muestran algunos avances en las carpetas de investigación contra Graco, pero en lo local es un problema, por la falta de voluntad de las instancias correspondientes, aseguró Becerra Chávez de Hita.

Sobre el mismo tema y luego de señalamientos de la Consejería Jurídica de gobierno estatal, a través de un comunicado oficial, la Fiscalía Anticorrupción respondió: «esta instancia no es omisa como se afirmó».

«Esta instancia, hace un respetuoso exhorto a fin de que la Consejería Jurídica haga públicos los escritos que asegura fueron entregados al titular de esta instancia -Juan Salazar Núñez- en los que se le pide judicializar algunas carpetas de investigación».

Aclaró que «no se tiene registro alguno de la recepción de una petición al respecto, y por lo tanto no se puede responder con base en algo inexistente».

Por la tarde aseguró que “cuando las denuncias tienen sustento y llevan pruebas, se ha procedido conforme a derecho. Por ello, ex funcionarios de diversos niveles del gobierno pasado ya se encuentran bajo proceso legal”, concluyó.

VAN 9 INHABILITADOS

César Santana Nava, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, dio a conocer que en lo que va de la presente administración han inhabilitado a nueve servidores públicos por diversas irregularidades y delitos durante su gestión.

El funcionario estatal, dijo que en total suman 31 sanciones aplicadas en lo que va del año, las cuales han derivado en la inhabilitación de los nueve funcionarios, además del inició de algunas denuncias en el ámbito penal.

El informe, fue publicado en el portal de Transparencia del gobierno estatal y menciona a los siguientes ex funcionarios públicos sancionados con inhabilitación este año: Bernardo Pliego Pliego, Felipe Rodolfo Sedano Reynoso, Héctor Fernando Rangel Castañeda, José Luis Reyes Macedo, Judith Peña Flores, Mercedes Magali Portes Flores Lara, Raúl Flores Espinosa, Rebeca Fragoso Malacara y Walter León Ortiz.

Estas sanciones, son las de mayor nivel que se han aplicado en contra servidores públicos, además de otras que van después de la inhabilitación, como la suspensión de funciones, la destitución del cargo y las multas.

Santana Nava, informó que aún existen auditorías pendientes que se realizan a dependencias de la pasada administración, y sobre las cuales aún falta dictaminar.

¿CÓMO DAR EL PRIMER PASO?

Este país, del cual como morelenses somos parte, pareciera no tener remedio en lo que se refiere a la corrupción, la injusticia y la democracia.

Quienes durante muchas décadas acumularon inmensas riquezas a costa del esfuerzo de millones, son el principal obstáculo en la búsqueda de soluciones al tema.

No podemos negar que el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha cometido errores, como ser humano está expuesto a eso, pero sigue mostrando acciones que debieran ser apoyadas por toda la sociedad, sobre todo en lo relacionado con la corrupción y robo descarado a la nación.

Eso parecería lo más lógico y natural, sin embargo, no es así.

Viene exhibiendo y tomando medidas contra decenas de políticos depredadores, que sin escrúpulo ni remordimiento saquearon el erario vía las instituciones, desde los que estaban al frente de la presidencia, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y surgen voces en contra.

Va sobre quienes atentan contra el patrimonio nacional con el robo de gasolina (huachicol) y esos delincuentes, con descaro, hasta se enfrentan al Ejército. Pero lo preocupante es que existen aquellos que lo aplauden y lo fomentan.

Bueno, en este momento se intenta hacer prosperar normas para evitar en lo sucesivo facturas falsas, como las detectadas a partir de empresas fantasmas, mediante las cuales se desviaron miles de millones de pesos.

Increíble, panistas, priistas y perredistas se oponen.  ¿Qué quieren? Que no se destruyan esos andamiajes con lagunas en la ley para que sigan atracando en el futuro, porque luchan por regresar al poder y seguir en lo suyo.

¿Qué clase de mexicanos son esos? Traidores a la patria y al pueblo.

Y no son fáciles de vencer, porque aunque no tienen el poder, sí el dinero que nos han robado para financiar campañas de desprestigio, sobre todo contra los esfuerzos por combatir la corrupción y el crimen.

Lo hemos dicho, nos han hecho más daño esos políticos de rapiña que los delincuentes, porque los primeros lo hacen desde las instituciones y amafiados con los segundos.

Fueron ellos quienes le dieron vida al monstruo de “la maña” y hoy ambos siguen del mismo lado; buscando descarrilar el proyecto de AMLO.

Morelos enfrenta un escenario similar, batalla a morir entre poderes y grupos.

¿Por amor a la justicia, la legalidad y el beneficio para el pueblo? Desde luego que no, todo va en función de sus ilimitadas ambiciones de poder y de riqueza, es la triste realidad.

ASEGURAN QUE HAY DENUNCIAS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

Los beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que se manifestaron el lunes bloqueando varios puntos de acceso a la capital morelense, amagaron con llevar a cabo otra movilización la mañana miércoles, nuevamente con cierres que incluirían la autopista del Sol a partir de las 8 de la mañana, en demanda de la destitución del encargado del mismo, Miguel Ángel Rabadán.

Informaron también que ya se presentaron quejas en la Auditoría Superior de Fiscalización,  la Secretaría de Bienestar federal y otras instancias federales; por el presunto desvío de los recursos del programa y la presión para que se afilien a Morena.

Insistieron en que también se encuentra involucrado el titular del Banco del Bienestar a nivel nacional, Rabindranath Salazar Solorio, ex senador por Morelos, cuyos ayudantes incluso han enviado mensajes de whatsapp a los jóvenes.

Durante la rueda de prensa que ofrecieron los muchachos, acompañados del representante legal de una de las empresas señaladas por presuntas irregularidades, IWET Concept de México, Oscar Fuentes Benítez, se dijo que la firma cuenta con todos los registros de la constitución legal de la compañía que opera desde hace varios años.

El abogado negó que se esté haciendo una operación política desde la firma, ya que el socio que ha sido señalado por manejos partidistas, ya no es miembro de la directiva desde hace varios años.

De acuerdo con lo que dieron a conocer, suman 100 jóvenes trabajadores a cargo de esa empresa, por lo que negó que se les pidan “comisiones” o que «se rasure» el salario que perciben por parte del programa federal.

Miguel Àngel Rabadán explicó que tanto IWET Concept como Dic Jiménez se encuentran bajo investigación por denuncias sobre el presunto «moche» que se hacía de los pagos de los jóvenes, además de que aparentemente no realizaban ninguna capacitación y simplemente eran firmas fantasma para dar de alta a los beneficiarios del programa.