*Nunca es tarde
Entre los compromisos que hicieron a sus posibles electores algunos de los entonces aspirantes a diputados locales en la elección del 2018, estuvo aquél de desarticular toda una red de perversión y robo que armó el entonces gobernador Graco Ramírez y la bancada local de legisladores en esa época; en lo que tiene que ver con lo que se denominó «jubilaciones doradas» que se registraron desde la mitad del sexenio pasado y sobre todo al final.
Si bien es cierto que algunos de los que lograron llegar al recinto legislativo, como en el caso de José Casas González, buscaron empujar el cumplimiento de esas ofertas populares; el propósito jamás logró prosperar en los primeros meses de la actual legislatura, porque el tabasqueño había dejado garantizada su protección en la nueva legislatura, o sea la actual, con un grupo de siete diputadas -la mayoría que llegó al cargo por la vía plurinominal- que son afines a él, que siguen defendiéndolo hasta con las uñas, encabezadas por Tania Valentina del PT y otras de partidos menores que se aliaron.
A pesar de que para disimular se permitieron a inicios de la legislatura algunos avances menores, en el grueso de los casos más escandalosos; simplemente los expedientes se empantanaron, desaparecieron o se actuó mal y ahí se intentaron congelar, porque había beneficiados muy cercanos al ex mandatario perredista Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y hasta familiares de estos ex diputados y funcionarios de su gabinete.
Tras lo más pesado de la pandemia por el COVID-19 que nos ha tenido paralizados el asunto pareciera cambiar, sobre todo porque ahora (desarticulado por riñas internas el grupo de legisladoras y desaparecidos varios grupos parlamentarios) Casas González fue instalado como presidente de la comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y fue él quien revivió las denuncias y expedientes.
Reunió información que desde el principio debió recabarse respecto de una serie de «chicanadas”, falsos documentos de antigüedad laboral; de salarios y cargos de los «recomendados” y otros vicios imperdonables que se presentaron para solventar las solicitudes de jubilación anticipada,
Pues sí, ahora sí el señor legislador integró una serie de pruebas con las que presentó ayer las denuncias ante las instancias competentes con el respaldo de la Dirección Jurídica del propio Poder Legislativo y con la exigencia de que la Fiscalía General de Justicia de Morelos y la de Anticorrupción; ahora sí le den prioridad a este caso, para que se suspendan en primera instancia los pagos irregulares de jubilación que se han venido haciendo y hasta exigiendo por ex funcionarios, quienes incluso se ampararon de algunas actuaciones realizadas anteriormente sin el rigor suficiente, como queriendo que se echaran abajo fácilmente.
Lo que se explica, es que las cantidades a los «agraciados» van desde los 20 mil, hasta los 90 mil pesos mensuales por pago de jubilaciones, que en su conjunto representan cerca de ocho millones de pesos al mes, que se paga del presupuesto anual a esos “jubilados dorados” que no cumplían la mayoría de los casos con la edad mínima establecida para acceder al beneficio, los años de trabajo desempeñado en el gobierno estatal, incluso ni siquiera en algunos casos con antecedentes laborales en el área.
Como presidente de la comisión, Casas González, tiene más facultades e injerencia directa para reclamar atención al asunto; una vez que entregó las pruebas documentales de los falsos expedientes que se armaron.
Y aquí, no sólo se trataría de anular esos actos de corrupción en cuanto al pago se refiere que es un quebranto patrimonial para el Estado; sino que se fincarían otras responsabilidades como el tema de la falsificación documental, donde están coludidos algunos ex presidentes municipales del trienio anterior, ex diputados como los ya denunciados Beatriz Vicera, Hortensia Figueroa, Julio Espín, Francisco Navarrete y Silvia Irra, esta última ex presidenta de la Comisión del Trabajo y que se prestaron a todo.
De avanzar las cosas habría responsabilidad legal contra presuntos beneficiarios, ex funcionarios, ex diputados y ex alcaldes; que tendrán que ser llamados ante los tribunales de justicia, y de encontrarse culpables proceder con las penas a que haya lugar por diversos delitos.
Entre esos indeseables que “se despacharon con todo” están ex funcionarios y trabajadores del Congreso como la ex Directora de Recursos Humanos y de Administración, quienes fungían como secretarias particulares tanto de Graco como de su esposa Elena Cepeda, quien fuera Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, esposas de ex legisladores y amigos de algunos de ellos; y el caso de Julio Espín Navarrete que, como manejaba al edil de Puente de Ixtla a su antojo, de ahí y otros municipios se expidieron varias constancias falsas de antigüedad laboral.
Todo un grupo mafioso, ojalá no quede impune este caso, porque la verdad es mucha la rapiña y la ofensa en contra de la sociedad morelense, no nos merecemos esto, a los rufianes hay que llevarlos a cuentas.
