Minería: políticas públicas y desarrollo económico

La minería es una actividad que proporciona las materias primas para el funcionamiento de la mayor parte de las industrias. Gracias a la minería podemos contar con muchas comodidades en nuestra vida cotidiana.

La construcción de casas, edificios, la fabricación de aviones, automóviles, celulares, pantallas, medicamentos, equipos médicos, computadoras y una infinidad de productos requieren de los insumos que nos proporciona la minería, y de esa manera acceder a los beneficios y la comodidad que nos ofrecen esos productos.

En el caso del sector agropecuario se requieren los aportes de la minería para cubrir la producción de alimentos que demanda la sociedad. Y prácticamente todos los sectores productivos, ya sea de transformación, producción, comercio, servicios e investigación necesitan de la minería.

En el rubro económico, según datos proporcionados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al cierre de octubre del 2019 la minería en México generó 385 mil trabajos directos y se estima que la minería contribuye en la creación de 2 millones de empleos indirectos.

Hay que mencionar, que distintos estudios económicos confirman que los salarios de la industria minera son 30% superiores al promedio de los salarios que se ofrecen a nivel nacional.

Por su parte, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal informa que el sector minero-metalúrgico en el 2018 representó el 8.2% del PIB Industrial y el 2.4% del PIB nacional.

Como se puede apreciar la minería resulta fundamental para el desarrollo social y económico, y por tal motivo en el contexto de la emergencia de la pandemia del Covid19 el gobierno de México reconoció a esta actividad como esencial.

Para su correcto desempeño la minería tiene que cumplir con un robusto marco jurídico de leyes ambientales y fiscales, y a partir de este marco legal la actual administración pública federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido un conjunto de políticas públicas para garantizar que la minería contribuya al desarrollo de las comunidades y al respeto del medio ambiente.

Es decir, estamos hablando de que la minería es una actividad altamente regulada por el gobierno federal; que para su funcionamiento se tiene que alinear a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo así como al programa sectorial de economía y al programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales, estos programas fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en los meses de junio y julio respectivamente.

No está de sobra mencionar que el sector minero en México también tiene que cumplir con regulaciones internacionales en el tema de los derechos humanos, aspectos del medio ambientales, seguridad, y cuestiones técnicas.

A nivel nacional, en México existen 212 municipios en donde se desarrollan actividades mineras y estos municipios han logrado articularse con los proyectos mineros mediante el establecimiento de acuerdos entre las empresas y las comunidades, para definir e implementar proyectos de desarrollo comunitario, lo que permite hacer partícipe a los habitantes de las comunidades de los beneficios que genera la minería.

En la relación de los proyectos mineros y las comunidades anfitrionas el desarrollo comunitario ha permitido poner en marcha acciones de colaboración que contribuyen de manera directa al beneficio de las comunidades.

En el caso de Morelos el proyecto minero Esperanza, de la empresa Esperanza Silver de México, se ubica en la comunidad de San Agustín Tetlama del municipio de Temixco, y ofrece este novedoso modelo de ganar-ganar.

San Agustín Tetlama y Temixco tienen a su favor que el Proyecto Esperanza se encuentra diseñado en función de un Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable, el cual incorpora todos los aspectos sociales y ambientales que exigen las políticas públicas que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Este Nuevo Modelo de Minería tiene la novedad de que se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

La inversión que tiene prevista realizar la empresa Esperanza Silver de México para sacar adelante este proyecto minero se estima en alrededor de 450 millones de dólares distribuidos en 10 años, con el potencial de generar 1,500 empleos directos y 6,000 empleos indirectos aproximadamente. Además del establecimiento de una red de proveedores locales.

Con estas características la agencia internacional de análisis financiero BNAméricas reconoce que la inversión proyectada en Tetlama a través del Proyecto Esperanza, se encuentra entre los diez proyectos más importantes del país en materia de impulso al desarrollo regional y a la producción de commodities.

La misma agencia BNAméricas confirma que la empresa Esperanza Silver de México ha llevado a cabo una serie de conversaciones con líderes políticos y comunitarios locales en Morelos; para explicar los alcances y beneficios sociales del proyecto.

 La empresa ha ofrecido una serie de ventajas a las comunidades y la intención de un proyecto comunitario a largo plazo que sostenga la economía local.

De concretarse estas inversiones, estaríamos a la expectativa de vislumbrar el polo de desarrollo económico que tanto requiere Morelos.

ESPERANZA SILVER: INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE MORELOS

Ante la crisis y el desolador panorama financiero que se avecina en particular para Morelos las inversiones privadas son oxígeno puro a las economías locales, y un motor para la reactivación de actividades económicas.

Para Morelos, la explotación minera puede ser fundamental para salir del problema económico en que se encuentra pues hay una inversión de gran magnitud en puerta; que ofrece para los sectores productivos del estado y para quienes requieren urgentemente de un empleo bien remunerado, una luz al final del camino.

Tal y como quedó ya establecido la industria minera en México es considerada una actividad esencial, por lo cual las empresas mineras podrán volver a operar y producir, con las medidas sanitarias que aseguren la salud de sus trabajadores.

Por lo anterior, y aunado a la crisis económica que padece Morelos y que se ha agudizado por la contingencia provocada por el coronavirus, cobra especial valor la llegada de la minera Esperanza Silver a la región de Tetlama, poblado del municipio de Temixco. De hecho, esta inversión estimada en 450 millones de dólares, que serán distribuidos en una temporalidad 10 años, es la única que se asoma hacia Morelos como segura, lo que la ubica como un elemento clave para la reactivación del estado.

La subsidiaria de la empresa Alamos Gold Inc. cuenta con la concesión y los permisos necesarios para iniciar operaciones bajo un concepto que la propia empresa ha denominado como “Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable”, ya que promoverá el desarrollo comunitario sustentable con tres ejes: Derechos humanos, Tejido Social y Protección ambiental.

Este Nuevo Modelo de Minería se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, para un crecimiento económico con respeto al medio ambiente y a las comunidades.

Esta inversión, busca transformar una zona marginada con altos índices de analfabetismo, en un polo de desarrollo con empleo directo a personas de la comunidad y zonas aledañas; con un impacto regional a partir de la generación de cadenas productivas, proveedurías que se activarán, y el cumplimiento del pago de impuestos, derechos y servicios que fortalecerán las finanzas públicas estatales y municipales.

Ante esto, vale la pena considerar lo siguiente:

· La minería es una de las actividades más reguladas en nuestro país

· Al concluir el proyecto minero sus expectativas de producción, en el caso del Proyecto Esperanza, se tiene considerado la construcción de un parque turístico temático en Tetlama que sea administrado por las personas de la comunidad; lo que les daría una opción para la continuidad económica.

· La actividad minera no es un cheque en blanco, para que empresas mineras hagan uso indiscriminado y a su criterio del subsuelo mexicano. De acuerdo con la Ley Minera vigente el gobierno federal está facultado para administrar los recursos materiales del Estado por medio de concesiones, que constituyen el derecho de un particular o empresa a explorar y explotar los recursos minerales del subsuelo; siempre y cuando lleguen a un acuerdo, de conformidad con las comunidades ubicadas en la zona.

·   Bloquear la actividad minera no es proteger el medio ambiente y los recursos naturales, en realidad, lo que se hace es frenar oportunidades desarrollo; evitar que cientos de personas obtengan un empleo y que una región se quede condenada a la pobreza y la marginación.