VAN CONTRA EX SECRETARIA DEL DIF DE ELENA CEPEDA

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició un procedimiento penal en contra de la secretaria particular de la ex presidenta del Sistema DIF en el sexenio de Graco Ramírez, Josefina “N”, por los delitos de Uso de Documento Falso, Abuso de Autoridad y Fraude Procesal; para obtener una “pensión dorada” de casi 19 mil pesos mensuales.

La ex funcionaria, denunciada por el gobierno estatal actual que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue imputada presuntamente porque ingresó documentación falsa para sustentar su pensión por jubilación de edad avanzada; con lo que obtuvo un pago mensual de casi 19 mil pesos que equivale al 55% de su último salario.

No obstante, Josefina “N”, quien a fines del 2012 ingresó a laborar como secretaria particular adscrita a la Presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos a cargo de Elena Cepeda de León esposa del gobernador que iniciaba su gestión, Graco Ramírez Garrido Abreu, presentó el 5 de abril del 2017 al Congreso de Morelos una solicitud para tramitar su pensión por cesantía y edad avanzada a su favor, acreditando 10 años de servicio efectivo al servicio del gobierno, pero con al menos un documento apócrifo (falso).

La ahora imputada presuntamente manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con 61 años de edad así como 10 años de servicio efectivo en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata y el DIF Morelos; para obtener su pensión con una constancia laboral expedida con fecha 21 de marzo de 2017 por Jorge Villa Hernández, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.

El citado documento certificaba que la imputada había causado alta laboral en dicho municipio el 14 de enero de 1994 y había renunciado al cargo del día 15 de febrero del año 2000; pero durante la investigación se cotejó con el propio curriculum vitae de la imputada que había trabajado como Directora Administrativa de Grupo Urbec S.A. de C.V. de 1992 a 2001.

Por su parte el Congreso de Morelos en el decreto número tres mil ciento cuarenta y ocho aprobó en sesión ordinaria, iniciada el día 7 de junio y concluida el día 10 de julio de 2018 (unos días después de la elección estatal donde perdió el PRD la gubernatura), se concedió pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Josefina “N”, sin realizar la investigación suficiente sobre los documentos presentados.

Por tal motivo, el Congreso de Morelos actual -ahora con mayoría de Morena- inició una denuncia contra Josefina “N”, ante la Fiscalía Anticorrupción; y se abrió la carpeta de investigación con número FECC/071/2019 que derivó en la imputación realizada por el agente del Ministerio Público. La autoridad solicitó a la jueza de la causa que como medida cautelar en contra de Josefina “N” se imponga la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), a fin de que no se evada de la justicia, y se fijaron 72 horas para llevar a cabo la audiencia de vinculación.

¿Y A DÓNDE VA EL DINERO DEL PUEBLO?

*En Justicia y Seguridad», el mayor derroche

Las condiciones económicas de la absoluta mayoría de los mexicanos son cada vez más precarias,  los cinturones de miseria crecen progresivamente; mientras la delincuencia no encuentra límites y mantiene en zozobra a la población.

Particularmente, en lo que tiene que ver con la prevención del delito, la seguridad y la justicia; pareciera no haber límites en lo que a recursos económicos se refiere, y lo inédito y curioso es que haciendo cuentas y observando los escenarios se antoja que desde hace tres lustros, cada peso que a ello se destina es dinero tirado a la basura, los índices de delitos de toda índole crecen sin control por temporadas.

Hoy, bajo la nueva administración federal, se nos ha informado de cómo desde cúspide del ejercicio del poder en nuestro país se abusó desmedidamente de los recursos naturales, financieros y de bienes de la nación para pasar a manos de políticos desvergonzados; algunos empresarios voraces y desde luego de los mismos capos de la delincuencia, que amasaban riqueza con dinero público, en una alianza de perversidades.

Sobre el tema de la Justicia y la Seguridad un medio informativo nacional se han publicado cifras, datos y fechas que muestran en efecto que este tema sirvió para desviar sumas económicas casi inimaginables, por parte de las administraciones comprendidas entre el 2005 y el 2018.

Interesantísimo artículo firmado por Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, titulado «gastos desmesurados” da resultados catastróficos y refiere que en esos años, anteriormente mencionados, se destinaron 3.5 billones de pesos a la Seguridad, pero el número de delitos creció en un 135.7  % al pasar de 14 a 33 millones de delitos anuales, y un 99 por ciento de impunidad.

Claro, dichas cifras son nacionales, pero si hacemos una revisión de lo que en Morelos ocurrió en esos mismos 13 años, hay una semejanza clara; anualmente el único presupuesto que se duplicaba era el de Justicia y Seguridad, y las cosas continuaban empeorando.

Sí, esas fortunas casi inimaginables no servían de nada ¿entonces cuál era la utilidad para el pueblo de tanto dinero invertido? ¿realmente se canalizaba a esas funciones o, igual que a nivel federal, era una puerta abierta para robar a manos llenas de parte de quienes nos gobernaban?

Aquí, durante el sexenio anterior, se construyeron dizque tres cuarteles policiacos; uno de éstos destinado a una academia de policía que es el único que medio funciona, ubicado en el poblado de Alpuyeca.  

Se gastaron unos 300 millones de pesos, además se edificó un C-5 que, de acuerdo a los discursos, era el último grito de la moda, y con todo lo anterior la delincuencia estaría frita y acabada.

¿Y cuál ha sido el resultado? lo vemos diariamente, más delincuencia y de la “pesada”, no de malandros “de ínfima”; capos y sicarios por todas partes. ¡Ah! y también se habló de la compra de mil 200 videocámaras que serían los ojos mediante los cuales ningún “malandro” escaparía de la ley.

Lo que ahora se documenta es que, como prácticamente todo, esas estructuras fueron para justificar el descarado robo de miles de millones de pesos. Para que termináramos peor que antes en lo que a justicia y seguridad se refiere; porque ni las cámaras han atrapado a los “raterillo de cuarta” que andan por las calles, ni las corporaciones policiacas mejoraron en nada en la famosa Academia de Policía cuyos cursos eran igualmente para desviar dinero.

Pero más allá de todo lo aquí expuesto, como ciudadanos nos seguimos preguntando ¿y en dónde termina el dinero del pago de impuestos de nosotros como contribuyentes? Porque aquel que va a seguridad es un recurso perdido, pero tampoco hay obra pública; los ayuntamientos y el gobierno estatal están endeudados hasta el cuello y a nosotros no nos regresan nada.

Todavía hasta hace unos 25 años se hablaba en las alcaldías de un 60 por ciento de inversión y 40 de gasto corriente; por lo menos así sucedió hasta el trienio de Alfonso Sandoval Camuñas 1994-1997 y hubo mucha obra pública, por algo sigue siendo considerado el mejor alcalde que haya tenido la capital. ¿Y hoy? Nadie, ningún edil quiere decir cuál es la proporción presupuestal que dedica a obras y mantenimiento, y cuánto a gasto corriente.

Pero tampoco hace falta que lo informen, sólo caminando las calles veamos cómo está Cuernavaca, muriendo poco a poco.

Y bajo éstas circunstancias ¿para qué nos sirven los poderes y los tres niveles de gobierno? ¿estaríamos mejor sin ellos? ¿por qué se han multiplicado las instancias gubernamentales a tal grado, que ya no alcanza nuestro dinero para mantener a toda esa burocracia? que además busca perpetuarse en el poder.

Hay que pagar prácticamente por todo, y si no lo hacemos hasta a la cárcel podemos ir a parar, pero lo que les entregamos no lo volvemos a ver; mientras, cada tres o seis años hay nuevos millonarios a expensas de nuestro sacrificio. No obstante, seguimos tolerando a esa bola de ratas, cuyas ambiciones no tienen límites.

VINCULAN A EX FUNCIONARIA POR PENSIÓN DORADA

La Fiscalía Anticorrupción consiguió la vinculación a proceso de una ex funcionaria más, acusada de fraude procesal y abuso de autoridad; por haber solicitado su pensión por 23 años de servicio.

Se trata de Denya “N”, ex funcionaria del Congreso de Morelos, quien presentó aparentemente documentación falsa para acreditar más años de servicio público, en específico documentación falsificada del municipio de Ocuituco.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción formuló imputación luego de que el Congreso local presentó varias denuncias en contra de ex funcionarios, cuyos expedientes de jubilación registraban inconsistencias.

La presunta responsable Denya Flores Rendón, fue candidata a presidenta municipal de Tepoztlán por el PRD en las elecciones del año pasado, y tramitó su jubilación para dejar el cargo de ex directora de Recursos Humanos del Congreso local.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la vinculación a proceso por el delito de fraude procesal, ya que la Fiscalía presentó los elementos suficientes para acreditar los cargos, además solicitó que se fije como medida cautelar la firma periódica de la inculpada, ya que se presume podría evadirse.

El Congreso de Morelos presentó casi un centenar de denuncias por la improcedencia de pensiones otorgadas al final del sexenio del ex gobernador Graco Ramírez Garrido, ya que varios ex funcionarios tanto del Ejecutivo como del Congreso local, estos últimos incluso relacionados con los ex funcionarios -como la esposa del ex secretario de Gobierno-, recibieron jugosas pensiones con cargo al erario, basados en documentos falsos o fabricados irregularmente.

EMITE CNDH RECOMENDACIÓN POR DELITOS DEL MANDO ÚNICO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer una recomendación en contra del Gobierno de Morelos, para que investigue los hechos registrados el 30 de noviembre del 2017 en el municipio de Temixco y en el que perdieron la vida seis personas, entre ellos dos menores de edad, por la comisión de varios delitos como el allanamiento de morada, uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria de personas, alteración de indicios, tratos crueles y degradantes, entre otros.

Dichas conductas fueron atribuídas a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad que se encontraba a cargo en ese entonces de Alberto Capella, encargado de seguridad en el último periodo del ex gobernador Graco Ramírez, quien en su momento justificó la actuación de sus subordinados por tratarse presuntamente de una peligrosa banda de delincuentes.

La recomendación dirigida al gobernador Cuauhtémoc Blanco y el Fiscal General de Justicia del estado, Uriel Carmona Gándara, identificada con el número 21VG/2019, fue dada a conocer ayer y dentro de sus conclusiones considera que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, durante el operativo realizado en la colonia Rubén Jaramillo del municipio conurbado a Cuernavaca, por elementos policiales adscritos al Mando Único.

Tras su investigación, la CNDH confirmó que: “el personal de la Comisión Estatal de Seguridad incurrió en allanamientos; detenciones arbitrarias en agravio de 7 personas incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 6 personas contemplando dos menores de edad; trato cruel e inhumano y/o degradante derivado de las lesiones ocasionadas a 4 personas también contra otros 2 infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público y colocación deliberada del arma de fuego e indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima”, refiere en sus conclusiones.

Al Gobierno estatal (entonces al frente de Graco Ramírez) se le atribuye la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes en dicha entidad; a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas.

Asimismo a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad, las irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa, instruidas contra los elementos policiales que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017 en Temixco, Morelos.