OBISPO CONTRA DESARROLLO DE MORELOS

En julio pasado se cumplieron 160 años de la promulgación de las llamadas “Leyes de Reforma”; con las que el presidente Benito Juárez culminó el proceso legal de separación entre la Iglesia y el Estado, que había iniciado con la expedición de la llamada “Ley Juárez” sobre la administración de justicia el 23 de noviembre de 1855, suprimiendo los fueros eclesiástico y militar en materia civil.

El México contemporáneo no puede entenderse si no es a partir de la reforma juarista. A mediados del siglo XIX separar el Estado y la Iglesia era una exigencia de los tiempos y, en este sentido, el movimiento de Reforma representó un esfuerzo por modernizar el país; tomando como criterio de separación la idea de que todo lo social era competencia del Estado y que la religión era asunto del interior de cada individuo.

Este principio juarista es recogido por nuestra Constitución; que en su artículo 130 mandata la separación de la Iglesia y el Estado, garantiza la libertad de cultos religiosos y señala tajante que la Iglesia no debe ser parte de movimientos políticos. “Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios“.

El CLX aniversario de la expedición de las Leyes de Reforma el año pasado se dio en un marco de respeto y tolerancia a las expresiones religiosas que confluyen en el país; por parte del presidente López Obrador, tolerancia que algunos actores religiosos han confundido con debilidad institucional y que los han animado a una actividad cada vez más protagónica en la vida pública del país en temas políticos e inclusive administrativos, contraviniendo la ley.

Los morelenses aún recordamos al Obispo Ramón Castro y Castro presidiendo la mesa de los entonces posibles candidatos opositores al hijastro de Graco Ramírez al gobierno del estado, u operando políticamente a favor de Cuauhtémoc Blanco en pleno proceso electoral.

Siguiendo las enseñanzas de su superior, recientemente el párroco Abel Guadarrama Guadarrama, coordinador de la Dimensión de Ecología de la Diócesis de Cuernavaca, declaró en contra de diversos proyectos de desarrollo para el estado como la termoeléctrica de Huexca, la mina en la comunidad de Tetlama y otros que representan inversión para la deteriorada economía estatal, y que podrían ser una tangible oportunidad de repunte y de transformación de la realidad de algunas zonas.

Este sacerdote, sin recato, aseguró hace unos días que la Diócesis hará uso del púlpito para oponerse a esos proyectos, y que la Iglesia Católica encabezará esa oposición. Esto en una flagrante y evidente intromisión de la iglesia en asuntos que son de exclusiva competencia del Estado.

Una postura así no puede tomarse sin el permiso del Obispo, jefe de la Iglesia Católica en Morelos, quien una vez más reta a la ley y las instituciones de nuestro país.

Derivado de los frecuentes escándalos de pederastia y abuso sexual por parte de varios de sus ministros, los que inclusive han sido protegidos por la jerarquía eclesiástica, la Iglesia Católica atraviesa un escenario de desgaste, que le ha restado credibilidad y propiciado el crecimiento de otras corrientes religiosas.

Ante ese escenario, es obvio que sus sacerdotes necesitan con urgencia causas para abanderar, y mantenerse en el ánimo de sus feligreses; no los mueve un auténtico “apostolado social” sino la necesidad de mantenerse vigentes ante una feligresía cada vez menos crédula y más renuente a seguir aceptando la palabra de los ministros de culto como “la palabra divina”.

Con toda proporción guardada, la Iglesia Católica se está convirtiendo en el PRI de la vida religiosa de México.

La urgencia por mantener su padrón de fieles no justifica, de manera alguna, que los ministros de la iglesia se entrometan en asuntos que son de la exclusiva competencia del gobierno laico.

Es evidente que a pesar del tiempo transcurrido la iglesia no deja su empeño para recuperar prerrogativas y privilegios del pasado; presionando al poder público o transgrediendo deliberadamente la ley para que persistan situaciones contrarias a los principios de nuestro Estado de Derecho.

Es responsabilidad del gobierno de la República evitar que esos propósitos prosperen, constriñendo a las Iglesias a cumplir con lo que nuestra Constitución mandata, limitando su actividad exclusivamente a los temas de conciencia.

Esperemos que no sucumban las oportunidades de inversión y desarrollo, tan escasas en nuestra entidad, ante el apetito de protagonismo del Obispo Ramón Castro Castro.

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