BUSCARÁN AMPARO INTERNACIONAL

Jorge Zapata González, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata nacido en esta entidad, afirmó que la mayor parte de los campesinos de ejidos del oriente de Morelos rechazan la operación de la planta termoeléctrica construida por los gobiernos federales anteriores, y que pretende comenzar a operar el gobierno actual.

Luego de que esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y varios integrantes de su gabinete dieran a conocer las condiciones generales que consideran han arreglado para que la termoeléctrica entre en operación, como es la resolución de varios juicios de amparo presentados por los campesinos y pobladores, desmintió que haya un acuerdo con el pueblo.

Zapata González dijo que el presidente tiene “mal sus datos”, ya que 32 ejidos son los que tendrían que otorgar su autorización y no 22 como lo manejaron en la rueda de prensa mañanera, además de las propiedades que también se encuentran involucradas y que pertenecen al municipio de Ciudad Ayala, precisamente lugar de nacimiento de “El Caudillo del Sur”.

El representante agrario dijo que los propietarios de la tierra están dispuestos a recurrir a las instancias internacionales, ya que permanece la inconformidad con el proyecto, que pone por delante de los intereses de los campesinos los compromisos con empresas extranjeras que fueron concesionadas y contratadas de manera irregular, violentando las leyes nacionales que rigen los usos y costumbres.

Todavía en julio pasado los campesinos sostuvieron encuentros con representantes del gobierno federal para manifestarles su oposición al proyecto, pero aparentemente el fallo en contra a los amparos promovidos habrían cambiado la apertura de la autoridad ante las peticiones de los ejidatarios.

MINERÍA QUE DA ESPERANZA A MORELOS

La minería está muy lejos de ser una actividad que se deje en manos de empresas que por sí solas determinen qué, cuándo y cómo desarrollarla. Muy por el contrario, es una actividad en extremo regulada; que por los riesgos y usos que conlleva ha mejorado tecnológicamente, y no ha quedado exenta de exigencias de respeto al entorno ambiental y a las comunidades anfitrionas.

En nuestro país está regulada por el gobierno federal. Y es este ámbito el que ha determinado que la minería es para México una actividad esencial y prioritaria, para la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Además es importante resaltar que varios de los protocolos sanitarios para la reanudación de la industria y la dinámica empresarial, tuvieron su origen en la minería; pues al ser de las primeras actividades en reanudarse en esta contingencia por el Covid-19 fue de las que les tocó crear el protocolo de protección a favor de los trabajadores mineros, dando como resultado muy pocos contagios comparado con otras actividades.

Quien supervisa la actividad minera en el país es la Secretaría de Economía, y lo hace a través de la Subsecretaría de Minería, hoy a cargo de Francisco José Quiroga Fernández; quien en esta coyuntura es el responsable de que las minas operen con seguridad para los trabajadores y las comunidades, de que se respete la sana distancia y todos los protocolos sanitarios dictados por las autoridades de Salud.

También es el encargado de vigilar que haya apoyo a las comunidades anfitrionas, respeto al medio ambiente y, sobre todo, que haya armonía entre trabajadores y empresarios, y de estos con las autoridades locales.

Por ello cobra relevancia que el subsecretario Francisco Quiroga, máxima autoridad minera en el país, haya confirmado en días recientes que el Proyecto Esperanza invertirá en la comunidad de Tetlama, Morelos, 450 millones de dólares; detonando cadenas de valor, procesos productivos y la generación de mil 500 empleos directos y al menos 6 mil indirectos, con impacto a favor de todo el estado.

El subsecretario dijo que conoce el Proyecto Esperanza y que lo acompañará como lo hace con toda la actividad minera en el país; lo cual será para Morelos oxígeno puro en su reactivación económica.

El funcionario destacó el trabajo que la empresa canadiense Álamos Gold ha realizado en Sonora, y fue enfático en señalar que no es que el gobierno federal esté a favor de una empresa en particular sino que está a favor de los proyectos que han cumplido con las normas y han mostrado que son social y ambientalmente responsables.

Inversiones como la que planea la empresa minera Esperanza Silver a mediano y largo plazo son ideales, pues más allá del desarrollo económico que dejará en Morelos; se planea generar en la comunidad de Tetlama un entorno que permita ser un detonante para la autogeneración de recursos de esa población.

ASESINAN A EX FUNCIONARIO DE PEÑA INVESTIGADO POR DESVÍO

El gobierno de Morelos confirmó que una de las cinco personas asesinadas ayer por la tarde en un domicilio en la colonia residencial Las Brisas del municipio de Temixco se trata de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

El ex funcionario federal que fue acribillado junto con varios familiares (otros dos hombres y dos mujeres) en su casa de descanso, es parte de una investigación que se realiza a nivel federal desde hace varios años, luego de que fue señalado junto al ex Secretario General del PRI, Alejandro Gutiérrez, de facilitar y transferir más de 250 millones de pesos del erario en la época del ex presidente Peña Nieto a cuentas del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, para financiar campañas electorales de varios estados.

De acuerdo con los hechos, que inicialmente se atribuían a un ataque entre bandas del crimen organizado por la forma en que operaron, un grupo armado de al menos cuatro hombres entraron en el domicilio ubicado en la calle Brisas del Pacífico, donde dejaron muertas a cinco personas y otras tantas que se encontraban en el lugar pero resultaron ilesas.

Gamboa Lozano fue asesinado a balazos y después del ataque que fue reportado a minutos de ocurrido, se localizó en la carretera México- Acapulco el vehículo compacto en el que huyeron los perpetradores, pero hasta el momento se desconoce su hay detenidos o indicios.

Al lugar llegó incluso el fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, quien supervisó el levantamiento de indicios.

Por los hechos se activó el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio informó la Fiscalía estatal, en virtud de que perdieron la vida en el lugar dos mujeres y tres hombres, quienes fueron localizados en pasillo de acceso y en una zona de comedor en jardín del inmueble.

Se realizó el levantamiento de los cuerpos sin vida de quienes fueron identificados como Ricardo “N” de 44 años, Edgar “N” de 37 años, Miriam “N” de 43 años y Patricia “N” de 60 años de edad, quienes presentaron lesiones provocadas por armas de fuego.

Investigaciones preliminares refieren que las víctimas eran procedentes de la Ciudad de México y utilizaban un inmueble para descanso de fines de semana como su lugar de residencia temporal, ya establecieron ahí su estadía de seguridad sanitaria desde la contingencia del Covid19.

Derivado del despliegue policial y de la Guardia Nacional se localizó el automotor abandonado en el kilómetro 84 de la carretera federal México-Acapulco a la altura del Municipio de Temixco, mismo que fue asegurado y trasladado al área de servicios periciales para el estudio correspondiente.

La Fiscalía General del Estado informó que realiza en coordinación con autoridades estatales y federales las pesquisas correspondientes para agotar todas las líneas de investigación, sin descartar ningún elemento que permita el esclarecimiento de los hechos de violencia.

DERECHOS Y JURISDICCIONES

Desde que vivimos la contingencia provocada por el coronavirus Covid-19 han surgido diversas reflexiones y cuestionamientos sobre hasta dónde llegan nuestros derechos como ciudadanos y la jurisdicción de las autoridades federales, estatales y municipales; en un periodo extraordinario de tiempo declarado como emergencia.

Vemos a alcaldes -principalmente- aunque también a algunos gobernadores; tomando determinaciones e implementando restricciones como incluso la prohibición al derecho del libre tránsito, al ejercicio de las actividades lícitas para ganarse la vida, la portación obligatoria de los cubrebocas aún en vía pública o el vehículo, etc. etc.

Esto nos ha hecho consultar a varios especialistas en el Derecho para argumentar que en efecto muchas de esas determinaciones son irregulares y hasta anticonstitucionales, y no corresponden a los ámbitos de su competencia o que la ley y la situación de emergencia les confiere.

Si bien es cierto, como nos comentó el doctor Jorge Morales Barud, que la situación que vivimos es tan inédita y que tal vez por primera vez se aplican algunas atribuciones de emergencia como el establecimiento de un Consejo Nacional de Seguridad Sanitaria; también lo es que hay una inquietud válida por apoyar o incluso rigorizar las medidas que se han implementado a nivel federal, y por eso vemos gobernadores que adelantaron la suspensión de clases o de actividades.

Sin embargo, el reciente fallo de un Tribunal Colegiado de Circuito en Oaxaca, a favor de un amparo promovido por una organización no gubernamental para defender los derechos de los comerciantes indígenas a vender sus productos en la capital del estado para subsistir; bajo la amenaza de que serían encarcelados y sometidos al pago de una sanción monetaria, podría sentar un precedente para la autoregulación de otro tipo de autoridades.

No estamos en contra de que los gobiernos municipales y estatales participen en la supervisión y hasta imposición de medidas que ayuden al cumplimiento de las disposiciones del Consejo Nacional de Salud, pero eso es muy distinto a que violentando derechos quieran imponer medidas restrictivas que incluso vayan por encima de los derechos y garantías individuales del ciudadano.

Si no existieran los diferentes ámbitos de competencia ¿qué sería de todos aquellos que no tienen dinero ni manera de estar pagando los cubrebocas que pretende exigir el alcalde de Cuernavaca a los ciudadanos que caminan por las calles o entran a un establecimiento a comprar víveres?

¿Esa autoridad que exige el cumplimiento de una disposición tiene la obligación de proporcionar -los tapabocas en este caso- para que los ciudadanos puedan cumplir con su disposición?

Creo que esta época de contingencia la experiencia deberá dejarnos muchas reflexiones como ciudadanos; para pensar en quién nos debe representar como autoridad local, en pueblos y colonias, en el municipio, estado y la federación.

¿Qué características debe reunir un político que llega a un puesto público, no sólo por su preparación académica sino también por su “don de gente”, de empatía para con sus conciudadanos, porque sobre todo no deben de olvidar que son eso “conciudadanos” que temporalmente tienen un cargo público que no los hace dueños de la verdad absoluta y que tienen que respetar un orden establecido y sólo hacer aquello para lo que tienen facultades y les permite la ley. ¿No lo cree?

DECRETO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Ayer por la tarde se publicó el decreto firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dar a conocer medidas de austeridad y modificaciones operativas que se llevarán a cabo en el ámbito del Poder Ejecutivo; con la finalidad de enfrentar la emergencia sanitaria causada por el Covid19.

De acuerdo con el documento, el titular del Ejecutivo hace 11 compromisos para reducir los recursos que se utilizarían este año en la operación y el gasto público programable; con lo cual se implementaría la canalización de recursos públicos para garantizar la continuidad de los programas sociales del Estado.

Habrá que ver principalmente cómo se cumple el compromiso de generación de empleo y si los altos funcionarios del gobierno federal se amparan o no con respecto a la reducción de una prestación contemplada en la ley como son los aguinaldos, como ya lo vimos antes con los ministros y magistrados del ámbito del Poder Judicial.

Además, a simple vista, el documento carece de una argumentación legal que lo sustente, lo que lo hace aún más débil.

Adicionalmente, vimos también la publicación ya del acuerdo que reduce los tiempos fiscales que deben otorgar los concesionarios de Radio y Televisión al Estado, donde nuevamente no hay una argumentación jurídica y solamente se toma la decisión, sin consultar en este caso a los otros poderes.

CHINA, PRIMERA EN SUPERAR CONTINGENCIA

Salvo China que hace unos días superó la pandemia provocada por el coronavirus conocido como Covid-19, el resto del mundo sigue inmerso en un escenario incierto, en el caso de México estamos por entrar en la tercera etapa; que es cuando los contagios se disparan en aumento y se enfrentan las peores consecuencias sanitarias, la sugerencia es ajustarse a las instrucciones médicas de las autoridades de salud.

A medida que el número de personas que han dado positivo se eleva la población parece empezar a tomar conciencia y a mantenerse en sus hogares. Se menciona ya, después del fin de semana pasado, que el 60 por ciento de los mexicanos han dejado de salir a sitiotras concurridos, y acaso acuden a proveerse de insumos alimenticios para sus necesidades básicas.

Eso, en cuanto a la parte de salud se refiere, pero por lo que se puede ya valorar; pudiera ser el aspecto económico el que genere más consecuencias complicadas, sobre todo en el sector comercio, de prestación de servicios y del transporte.

En éste último rubro ya han surgido voces que advierten de una drástica reducción de ingresos, el presidente de la Federación Auténtica del Transporte en Morelos, Dagoberto Rivera Jaimes, hace una especie de apología de lo que se está viviendo y, lo más preocupante para los permisionarios, es que una buena parte de los empresarios tiene deudas con instituciones bancarias y su pregunta es ¿cómo le harán para continuar cubriendo esos compromisos, así sean sólo los intereses?

Pero lo más estresante es la situación de los operadores del volante; ellos no tienen prestaciones sociales en su mayor parte o su totalidad y tampoco seguro médico, ni garantía de permanencia en el empleo. Igual que los taxistas, la concesión es de unos -que casi siempre son pequeños empresarios que se han hecho de varias concesiones- y los choferes son los que manejan y entregan una cuota diaria al propietario de la unidad, lo que les queda después de juntar esa cantidad es para ellos y a veces no les queda nada, tiene que compensar los días malos con otros mejores y eso es lo que llevan a sus casas. Ahí sí que está complicado.

Pero, para donde volteamos a ver es lo mismo; la mayoría de los negocios pequeños y medianos está casi muriendo, no hay consumo, a menos que sean de insumos alimenticios o de higiene, de otra manera nadie se arrima, y los compromisos se multiplican.

Si tienen empleados está peor, hay que pensar en recorte de personal o en enviar a algunos de ellos a descansar, sin goce de salario.

¿Y cómo enfrentará la contingencia el trabajador? esa sigue siendo la interrogante, porque son demasiados los que viven al día y aguantar un mes o más sin ingresos es imposible, ellos son quienes aún considerando que podrían contagiarse siguen saliendo a buscar el pan de cada día, por eso es muy urgente que como se viene haciendo en otras naciones, entre ellas Estados Unidos, aquí en México también el gobierno ponga en marcha más programas de ayuda a la población en general.

Claro, nuestros vecinos del norte tienen posibilidades de destinar miles de millones de dólares para tal efecto; en nuestro país el mayor conflicto es que ya la mitad de la población vivía casi en la miseria. ¿Cómo poder enfrentar ésta contingencia?

Nos vienen tiempos muy estresantes; los daños que éste fenómeno tanto en lo que toca a pérdidas humanas como en el quebranto económico; ya lo decían ayer en la declaratoria de emergencia es impredecible, aunque podría durar hasta un año y medio para recuperarnos.

Y el coronavirus no distingue razas, estatus social, color, nacionalidad como lo dijo el vecino gobernador de Puebla; es parejo con todos y frente a él no existen privilegios, la mejor manera de enfrentarlo es respetar las reglas emitidas por las instituciones de salud, de otra manera, sufriremos mucho más las consecuencias.

¿Y A DÓNDE VA EL DINERO DEL PUEBLO?

*En Justicia y Seguridad», el mayor derroche

Las condiciones económicas de la absoluta mayoría de los mexicanos son cada vez más precarias,  los cinturones de miseria crecen progresivamente; mientras la delincuencia no encuentra límites y mantiene en zozobra a la población.

Particularmente, en lo que tiene que ver con la prevención del delito, la seguridad y la justicia; pareciera no haber límites en lo que a recursos económicos se refiere, y lo inédito y curioso es que haciendo cuentas y observando los escenarios se antoja que desde hace tres lustros, cada peso que a ello se destina es dinero tirado a la basura, los índices de delitos de toda índole crecen sin control por temporadas.

Hoy, bajo la nueva administración federal, se nos ha informado de cómo desde cúspide del ejercicio del poder en nuestro país se abusó desmedidamente de los recursos naturales, financieros y de bienes de la nación para pasar a manos de políticos desvergonzados; algunos empresarios voraces y desde luego de los mismos capos de la delincuencia, que amasaban riqueza con dinero público, en una alianza de perversidades.

Sobre el tema de la Justicia y la Seguridad un medio informativo nacional se han publicado cifras, datos y fechas que muestran en efecto que este tema sirvió para desviar sumas económicas casi inimaginables, por parte de las administraciones comprendidas entre el 2005 y el 2018.

Interesantísimo artículo firmado por Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, titulado «gastos desmesurados” da resultados catastróficos y refiere que en esos años, anteriormente mencionados, se destinaron 3.5 billones de pesos a la Seguridad, pero el número de delitos creció en un 135.7  % al pasar de 14 a 33 millones de delitos anuales, y un 99 por ciento de impunidad.

Claro, dichas cifras son nacionales, pero si hacemos una revisión de lo que en Morelos ocurrió en esos mismos 13 años, hay una semejanza clara; anualmente el único presupuesto que se duplicaba era el de Justicia y Seguridad, y las cosas continuaban empeorando.

Sí, esas fortunas casi inimaginables no servían de nada ¿entonces cuál era la utilidad para el pueblo de tanto dinero invertido? ¿realmente se canalizaba a esas funciones o, igual que a nivel federal, era una puerta abierta para robar a manos llenas de parte de quienes nos gobernaban?

Aquí, durante el sexenio anterior, se construyeron dizque tres cuarteles policiacos; uno de éstos destinado a una academia de policía que es el único que medio funciona, ubicado en el poblado de Alpuyeca.  

Se gastaron unos 300 millones de pesos, además se edificó un C-5 que, de acuerdo a los discursos, era el último grito de la moda, y con todo lo anterior la delincuencia estaría frita y acabada.

¿Y cuál ha sido el resultado? lo vemos diariamente, más delincuencia y de la “pesada”, no de malandros “de ínfima”; capos y sicarios por todas partes. ¡Ah! y también se habló de la compra de mil 200 videocámaras que serían los ojos mediante los cuales ningún “malandro” escaparía de la ley.

Lo que ahora se documenta es que, como prácticamente todo, esas estructuras fueron para justificar el descarado robo de miles de millones de pesos. Para que termináramos peor que antes en lo que a justicia y seguridad se refiere; porque ni las cámaras han atrapado a los “raterillo de cuarta” que andan por las calles, ni las corporaciones policiacas mejoraron en nada en la famosa Academia de Policía cuyos cursos eran igualmente para desviar dinero.

Pero más allá de todo lo aquí expuesto, como ciudadanos nos seguimos preguntando ¿y en dónde termina el dinero del pago de impuestos de nosotros como contribuyentes? Porque aquel que va a seguridad es un recurso perdido, pero tampoco hay obra pública; los ayuntamientos y el gobierno estatal están endeudados hasta el cuello y a nosotros no nos regresan nada.

Todavía hasta hace unos 25 años se hablaba en las alcaldías de un 60 por ciento de inversión y 40 de gasto corriente; por lo menos así sucedió hasta el trienio de Alfonso Sandoval Camuñas 1994-1997 y hubo mucha obra pública, por algo sigue siendo considerado el mejor alcalde que haya tenido la capital. ¿Y hoy? Nadie, ningún edil quiere decir cuál es la proporción presupuestal que dedica a obras y mantenimiento, y cuánto a gasto corriente.

Pero tampoco hace falta que lo informen, sólo caminando las calles veamos cómo está Cuernavaca, muriendo poco a poco.

Y bajo éstas circunstancias ¿para qué nos sirven los poderes y los tres niveles de gobierno? ¿estaríamos mejor sin ellos? ¿por qué se han multiplicado las instancias gubernamentales a tal grado, que ya no alcanza nuestro dinero para mantener a toda esa burocracia? que además busca perpetuarse en el poder.

Hay que pagar prácticamente por todo, y si no lo hacemos hasta a la cárcel podemos ir a parar, pero lo que les entregamos no lo volvemos a ver; mientras, cada tres o seis años hay nuevos millonarios a expensas de nuestro sacrificio. No obstante, seguimos tolerando a esa bola de ratas, cuyas ambiciones no tienen límites.

SIGUE RESISTENCIA AL PIM

Activistas de Puebla, Tlaxcala y Morelos de colectivos u organismos de la sociedad civil y redes de defensores de la tierra, el aire y el agua exigieron ayer frente al palacio de Gobierno la liberación de Miguel López, detenido en Puebla en días pasados, acusado de promover la resistencia a proyectos empresariales de ecocidio.

Karina Vara y Samanta César, a nombre de diversas organizaciones de lucha social, dijeron que Miguel López es un preso político, porque se ha distinguido en su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM); consistente en la construcción de termoeléctricas y el gasoducto que afecta tierras y aguas de las tres entidades.

También, dijeron que fue detenido por estar en contra de un proyecto textil poblano en Huejotzingo, Puebla, que contaminará el agua de la zona.

Procedentes de Santa María Zacatepec, Puebla, pidieron la excarcelación de Miguel, la cancelación del PIM y del proyecto textil, acompañados de habitantes de las comunidades indígenas de Huexca, Temoac, Tepoztlán y otras poblaciones.

Finalmente, denunciaron el intento de homicidio en contra del Ayudante Municipal de Huilotepec, municipio de Tepoztlán, Genaro Rivera Ayala, presuntamente en un asalto común, que sospechan fue preparado.

«No creemos en la versión de las autoridades de que fue un caso de delincuencia, porque él ha sido amenazado por defender un predio, en el que se quiere desarrollar un proyecto social. La empresa Bachoco lo tenía abandonado y ya había amenazas de muerte en su contra por tratar de rescatarlo», dijo Karina.

Pero también, un grupo de delincuencia organizada lo quería, y por alguno de esos lados vino el ataque, consideró. Pidieron que se investigue y se castigue a los responsables del ataque en su contra.

IMTA, UNA LUCHA DECENTE

El desprecio a la capacidad


Los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) han fijado, por enésima ocasión, el 29 de enero como fecha para estallar la huelga.


Ellos llevan mucho tiempo luchando por mejorar sus ingresos congelados hace unos 15 años. Si bien hay empleados de todas las categorías, muchos de ellos son personal calificado, técnicos, investigadores; es decir, con especialidad en la materia.
Germán Palma Moreno, acompañado de otros compañeros, ofreció una rueda de prensa y lamentó la actitud de las autoridades del IMTA, del coordinador José de Jesús Aguirre, y del director general, Adrián Pedroza Acuña.


Su postura ha sido de desprecio e insensibilidad a las peticiones de sus trabajadores, desde hace tiempo.
No obstante el maltrato, debe reconocerse que han sido muy prudentes, es una batalla a partir de acciones de decencia y respeto.
Sin embargo, pareciera que hay que llegar al bloqueo de calles, los gritos y sombrerazos para poder hacerse oír.

El desprecio a la capacidad; pero reiteramos, son verdareros profesionales en lo suyo, deberían ser tratados como tal, sobre todo mejorar económicamente, su trabajo es muy valioso para la sociedad.

AMENAZAN CON BLOQUEAR SCT

Ejidatarios del municipio de Jojutla amenazaron con tomar las oficinas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) delegación Morelos que se encuentran en Cuernavaca, en caso de que en esta semana no se les atienda, en torno a la falta de cumplimiento de algunos acuerdos para la indemnización de terrenos aledaños a la Autopista Siglo XXI.

Por tercer día consecutivo los campesinos mantienen bloqueado el kilómetro 52+500 y otros puntos que bloquean de manera intermitente, encabezados por el ex diputado priista Aristeo Rodríguez Barrera, quien se presentó como asesor del núcleo ejidal.

De acuerdo con el representante, las autoridades de la SCT y de la Secretaria de Gobernación federal se habían comprometido a dar respuesta a sus denuncias por el incumplimiento de la paraestatal a varias disposiciones acordadas.

“Si sigue esta misma situación, vamos a tomar la SCT, ellos no quieren responsabilizarse de las demandas del Ejido de Jojutla y pretenden deslindarse de responsabilidades como lo han hecho con otros ejidos y quieren cambiar los acuerdos y hacer a un lado al Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales (Indaabin), cuando es la instancia que avalar las negociaciones.