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¿ES ESTO POSIBLE?

*Por eso estamos como estamos

Hace unos días llegó a DAD un material informativo en torno a que Ever Felipe Velarde Corrales, quien fuera secretario particular de Rodrigo Gayosso Cepeda, el hijastro del ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido es actualmente «titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado; a cargo de Uriel Carmona Gándara.

Y se especifica que «poco antes de que el tabasqueño terminara su sexenio, él mismo ordenó que se le asignara ahí, para que le cuidara las espaldas en lo sucesivo»; sin que contara siquiera con cédula profesional porque no contaba con título; no obstante, que lo marca el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del estado de Morelos.

Éste sujeto se tituló bajo el número 11791303 hasta el año pasado, es decir, ya durante esta administración -como licenciado en derecho-, pero asumió esa posición un año y medio antes; y bueno, a pesar de que hay una serie de denuncias muy bien respaldadas en contra de Graco éste sujeto se sigue riendo y hasta logró un amparo contra el juicio político en su contra, que es analizado ya en el Congreso local para buscar su apelación.

No desistimos en nuestras afirmaciones en el sentido de que tanto el fiscal general, Uriel Carmona Gándara como el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, están ahí para atorar cualquier intento de procedencia de las denuncias en contra de quien fuera su jefe -así se trate de delitos graves- y no para salvaguardar los intereses de los morelenses, de ahí que las cosas en materia de justicia estén de plano de cabeza y sólo se dé curso a aquello que incluso puede empañar la imagen del gobierno actual o revertirse en su contra.

Lo preocupante es que individuos como Ever Felipe Velarde continúen ahí, amparados por el propio Uriel Carmona, impidiendo cualquier avance en contra de la “rata mayor”; sin que nadie de quienes pueden desmantelar esa banda de delincuentes haga nada, y nos referimos a la actual legislación local.

Porque si bien es cierto que los cómplices del corrupto Graco, los diputados anteriores, le hicieron un trabajo completo modificando leyes para que los fiscales y otros funcionarios se perpetuaran en el cargo sin mayor preocupación, los «representantes populares» de hoy si fueran leales al pueblo ya habrían dado reversa a la norma, para por lo menos poder removerlos del cargo como en otra ocasión se hizo en gobiernos muy corruptos como lo fue el de Veracruz o Quintana Roo, donde se sacaron a los cómplices del gobierno saliente que les pretendían cubrir las espaldas.

¿Por qué no lo hacen aquí si es públicamente sabido que no atienden al interés de la entidad y su población? eso es lo que no comprendemos, aunque también sabemos que “grácula” igualmente colocó a media docena de diputadas locales que encabezadas por Tania Valentina Rodríguez, han reventado toda intención de aplicar la ley para sancionar el descarado robo a los morelenses por ejemplo con las “pensiones doradas”.

Pero aún así hay 14 diputados más, que por lo menos deberían simular que no están comprometidos con esa “banda de indeseables”, pero no vemos nada de trabajo y los años pasan y se les acaba el tiempo, y los delitos cometidos pueden prescribir. Tal vez eso es a lo que le apuestan todos, pero nosotros nos negamos a aceptarlo porque sería francamente inmoral.

Pero el caso de Ever es muy significativo, y nos comprueba que la situación que seguimos padeciendo en el estado sobre la corrupción, es una omisión de responsabilidades e impunidad de consumados delincuentes, es consecuencia directa de que las fiscalías operan contra el interés superior de nuestro territorio, y muy al contrario cuando pueden le echan un poquito más de leña al fuego, para sabotear la acción de la justicia. ¿No es acaso para escandalizarse? pero así están las cosas.

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INVASIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

*Con el permiso de la autoridad

Con el consentimiento de la Presidencia Municipal de Cuernavaca se han invadido espacios de uso común; áreas públicas que nos pertenecen a todos los ciudadanos; porque se han construido con dinero del pueblo o fueron destinadas para ello, pero que se han violentado a pesar de todas las normas y se van privatizado.

Usted puede ver como a un costado de Palacio de Gobierno un restaurante que está justo junto a las oficinas de correos se apoderó de una gran extensión que en su oportunidad fue paso peatonal. ¿Quién lo concesionó o vendió, con permiso de quién?

En el primer caso nos referimos al negocio denominado «Los Arcos” que poco a poco fue creciendo invadiendo la plaza pública, pero después fue frente a Catedral también un restaurante llamado “La Alondra” hizo lo propio, curiosamente cuando la dueña de éste fungía como regidora en el Cabildo capitalino; abusando de su autoridad y seguramente apoyada por el resto de los integrantes de la comuna.

Actualmente, otro restaurante justo al lado de éste último ya instaló una plataforma de madera para ampliar su capacidad; ocupando incluso un acceso de personas con discapacidad. Dicho negocio está en la esquina de calle Hidalgo esquina con Juan Ruiz de Alarcón; igualmente frente a la Catedral de Cuernavaca.

Hace apenas unos días cuando se observó que se colocaba ahí una armadura de herrería se generó una enérgica reacción de protesta en medios de información y redes sociales; lo menos que se esperaba era que se diera marcha atrás, pero no fue así los trabajos avanzaron y ya la ampliación parece estar casi lista.

Ya sabe usted que en estos tiempos de redes sociales todo trasciende, y lo que se sabe -a través de algunos funcionarios del propio Ayuntamiento- es que el “remedo” de alcalde Antonio Villalobos Adán concedió el permiso de invasión del paso peatonal a cambio de 40 mil pesos, cosa por demás ofensiva y que de ser cierto muestra el hambre con la que llegó este mediocre que ya se siente todo un personaje.

Es una ofensa a la población lo que se viene haciendo con el espacio público, independientemente de que se trata de una falta grave a los derechos del pueblo; sin embargo, mientras no seamos capaces de defender nuestros derechos cualquier pelafustán como Villalobos seguirá haciendo de las suyas, y cediendo espacios de todos a cambio de unas monedas.

Lo mismo sucede con la invasión de calle, específicamente de banquetas, en calles como Degollado, Guerrero o en los alrededor de las terminales; donde los peatones se ven obligados incluso a bajar de las banquetas porque está invadido por el comercio tolerado por la autoridad.

Y es que la tendencia a delinquir de esos individuos viene de familia, hay un negocio instalado a un costado de lo que fuera Burger King que estaba donde terminan boulevard Juárez y Calle Hidalgo, también en el centro, que fue ilegalmente ocupado por los Villalobos y hasta la fecha mantienen la posesión.

Pero lo que no hay es decencia, honestidad y honor; han aprovechado la cercanía con algunas autoridades en el pasado para “sacar raja” y beneficio; sin importarles que se trate de un bien “mal habido”, así que lo que acaba de hacer el hijo no es nada novedoso, es cosa de familia.

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¿TAREA IMPOSIBLE?

*Combate a la corrupción

Una de las causas por las que nuestro país enfrenta serios problemas de pobreza y hambre al interior de su sociedad es la práctica de la corrupción; casi en todas las actividades que tienen que ver con el desempeño de sus autoridades en sus tres niveles, municipal, estatal y federal.

Es muy alto el porcentaje del presupuesto público que ejercen las instituciones y poderes anualmente; y buena parte es desviado para enriquecer el bolsillo de los políticos, que se han vuelto insaciables a pesar de que saben que la población tiene tantas necesidades y carencias.

Hace décadas que los abusos desde el ejercicio del poder son monstruosos y por eso hay una inconformidad popular creciente, de ahí que el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tuviera tanto éxito electoral en la contienda del 2018, ofreciendo a los electores que, de ganar, lucharía para combatir ese cáncer.

Sin embargo, esa perversidad está tan enraizada en todas las esferas de gobierno que difícilmente se puede apreciar algún avance en ese sentido y la población comienza a desesperarse, no obstante que se han dado algunos golpes a esas mafias en casos como el huachicol de la gasolina.

La dimensión de esta enfermedad la desconocíamos, es hasta ahora que tenemos más o menos idea del tamaño gigantesco de ello, y de cómo la nación toda venía siendo enajenada a intereses extranjeros y de particulares, por parte de aquellos que se supone gobernaban en bien de la nación.

Las cosas, no obstante las promesas presidenciales, tampoco han cambiado mucho que digamos en varias instituciones; los «servidores públicos» siguen metiéndole la mano con todo al dinero del pueblo y cualquier trámite que se quiera realizar en las instancias oficiales debe ir acompañado de «mordidas» a fin de que se agilicen.

Bueno, mucho se llegó a considerar desde la óptica popular que la alternancia política resolvería todas esas perversidades; y que una vez que se sacó al PRI de Palacio Nacional casi por milagro la corrupción iría desapareciendo, pero no.

Fue una falsa ilusión, las siguientes dos administraciones federales en manos del PAN más bien parecieron complicar más el problema, y hoy vemos lo terrible que se comportaron esos que aseguraban que vendrían a hacerle justicia a los mexicanos.

Y dentro de todas esas actitudes deshonestas hay una actividad que históricamente se ha significado por abusar de los ciudadanos, la de los agentes de Tránsito y Vialidad; donde el atraco, las extorsiones, las «mordidas» por parte casi de las características solicitadas a los agentes, son casi o más recurrentes ahora que antes.

En Cuernavaca, tras la denuncia de algunos afectados ante la Fiscalía Anticorrupción, ya se logró proceder legalmente en contra de uno de esos pervertidos «servidores públicos”, y en un trabajo encubierto se pudo atrapar a Alfredo “N” por el delito de cohecho; luego de que tras un incidente vehicular pretendiera extorsionar con 13 mil pesos al conductor de un vehículo, que además, ni siquiera era responsable del incidente.

La cosa es que si, cada vez que a uno de esos agentes se le aplicara la ley cuando abusa de su cargo, nos quedaríamos prácticamente sin elementos; aunque siendo honestos sí hay uno que otro que hace la diferencia, personalmente conozco a dos o tres que son honorables y éticos; pero como dice el dicho, lamentablemente «una golondrina no hace verano» y la absoluta mayoría están maleados.

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«PIRATAJE», HERENCIA MALDITA

*Hay denuncia contra Messeguer

Con motivo de las elecciones de julio del 2018 y por instrucciones seguramente del entonces gobernador Graco Ramírez Garrido, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos (SMyTM)  entregó en promedio 10 mil permisos «piratas» a empresarios del transporte público, a cambio de que votaran por la candidatura al gobierno estatal de su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda.

Fueron varios secretarios de la dependencia como Jorge Messeguer Guillén, el carga maletas del tabasqueño, y otros, quienes cumplieron la disposición a través de «dirigentes» del ramo como Víctor Mata Alarcón, Noé Sandoval y un sujeto conocido como «el cuervo»; a quien posteriormente se supone que ejecutaron, porque entre los supuestos beneficiados de esos permisos había gente amafiada o como quien dice “mañosos”, que al verse engañados se la cobraron.

A más de dos años de dichas acciones los juzgados correspondientes han negado a más de 200 transportistas «piratas” amparos, a fin de seguir «trabajando» sin los permisos respectivos, y la instrucción del gobierno del estado hacia la SMyTM, a cargo de Víctor Mercado Salgado, es no ceder a tales pretensiones y detener -vía operativos-, a esas unidades que circulan fuera de la ley.

Derivado de los amparos solicitados, esos concesionarios que se prestaron a los actos de corrupción amenazan nuevamente con salir a manifestarse; bloquear calles y avenidas como ya lo hicieron en dos ocasiones al inicio de la contingencia, para presionar por algo que es un delito y por lo cual deberían ser los primeros en denunciar que los engañaron e iniciar procesos legales.

Es decir, Víctor Lara, Víctor Mata Alarcón, Noé Sandoval y algunos otros lidercillos del sistema estatal del transporte del estado ya comienzan a moverse; cuando les debería dar pena lo que hicieron, afortunadamente el hijastro del ex gobernador perdió estrepitosamente y con ello se evitó que esos más de 10 mil permisos fueran regularizados; porque ese era el pacto a cambio del voto.

Pero por tales circunstancias Messeguer Guillén fue ya denunciado y otros cómplices como David Martínez y otro ex secretario del ramo; aquí la pregunta es ¿por qué no ha sido llamado este personaje ante los tribunales competentes para que aclare los delitos cometidos? las faltas son graves, y las consecuencias tendrían que ser igualmente fuertes.

Le decíamos que son muchos los involucrados, como en el caso de Mauro y César Yáñez y a todos ellos se les debe llamar a cuentas; lo interesante es que la advertencia de la SMyTM mantendrá vigentes los operativos para ir localizando a esas unidades, distribuidas en toda la entidad y que siguen ofreciendo un servicio sin cumplir con las normas que marca la materia.

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«QUE ME DETENGA, AQUÍ LO ESPERO»

*Acusa Coranguez a Juan Salazar de persecución

El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Roberto Coranguez acusó al Fiscal Anti corrupción, Juan Salazar Núñez, de persecución.

«Sin elementos, dijo que pedirá una orden de aprehensión en mi contra, porque me he ausentado de ésta representación, cosa totalmente falsa», aseguró en una rueda de prensa en pleno zócalo de Cuernavaca.

Coranguez abundó, mostrando imágenes en las que Juan Salazar está con el ex gobernador Graco Ramírez; «Aquí lo espero, para que me venga a detener».

Luego, agregó que «ya basta de soportar a la bola de corruptos que siguen aún en diversos cargos del gobierno estatal; hay que sacarlos de ahí, porque están protegiendo a delincuentes y haciendo acuerdos», señaló.

Apenas ayer un grupo de consejeros del mismo organismo aseguró que ante la falta de sesiones se votó por el cambio de presidente, nombrando a Penélope Picazo como nueva líder; lo cual fue rechazado debido a la inexistencia de ese procedimiento en los estatutos.

Además, dijo «la posición del fiscal es desconocerme del cargo, porque soy un contra peso a sus corruptelas», reiteró y dijo que se mantendrá en la posición para la que fue nombrado, y enfrentará las consecuencias; no obstante, lo responsabilizó de lo que le pueda pasar. Fue acompañado por otros abogados.

Asimismo, denunció que desde ayer ha desaparecido Edgar López Betanzos, otro de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, otro de los integrantes que ha apoyado la presentación de un juicio político en contra de las fiscalías.

“Aparentemente no aparece desde ayer, cuando fue al Congreso a presentar la solicitud de Juicio Político ante el Congreso del estado, mientras que yo me trasladé a la Fiscalía para hacer lo propio, sin embargo él no ha sido localizado”, mencionó.

Desde la creación del Comité de Participación Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción, se han registrado diferencias entre sus integrantes, lo que prácticamente les impide trabajar a favor de los intereses de los morelenses.

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LA TAREA AÚN NO ESTÁ TERMINADA

El servicio del transporte público, especialmente los taxis, de Morelos es un vehículo que ha sido utilizado por la delincuencia en la comisión de delitos de toda naturaleza; tampoco queremos decir que todos los permisionarios se prestan a ello, son seguramente una minoría, pero es un hecho que son parte del enorme problema de seguridad por resolver.

Y es que pareciera un monstruo de mil cabezas, que por el número de unidades que prestan el servicio, se usa para delinquir y propiciar actos de inseguridad al amparo de la confusión.

Hace décadas que escuchamos promesas de las autoridades de que aplicarán reglas y normas tendientes a combatir la anarquía y el desorden que en ello priva, pero nunca parece haberse dado un sólo paso.

Es en esta administración que se observa más voluntad a fin de corregir omisiones y acabar con ancestrales prácticas deshonestas, que han sido reclamo incluso de aquellos empresarios del ramo que hacen su esfuerzo para trabajar de manera honesta y leal.

Lo de la anarquía en los derroteros pareciera hoy día un asunto menor frente a otras irregularidades, y es ahí donde en efecto se aprecia que el Secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, está dispuesto a poner remedio.

Hace un buen rato, y arriesgando incluso su estabilidad en el cargo, inició una especie de limpia mediante la aplicación de operativos en regiones como el sur poniente y el oriente, donde el «pirataje» alcanzó niveles alarmantes, incluso propiciado por las mismas autoridades del a SMyT en el pasado reciente.

De acuerdo con Mercado Salgado, hay más de 10 mil unidades entre taxis y combis circulando sin permiso alguno o con permisos falsos, derivado de los acuerdos perversos que hicieron las administraciones del ramo en el tiempo del ex gobernador Graco Ramírez, quien intentó, mediante la promesa de entrega de concesiones, inducir el clientelismo electoral de ese sector a favor de su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, quien aspiró a la gubernatura pero perdió.

Hoy esos deshonestos «permisionarios» que se prestaron a la distribución de permisos inexistentes, son quienes realizan bloqueos, plantones y manifestaciones; exigiendo que les cumplan lo que las ratas del sexenio anterior les ofrecieron por su voto, y oponen resistencia a someterse a la legalidad.

Pero tampoco es sólo eso, en torno al sistema del transporte surgió un negocio paralelo, aquel que a través de casas u oficinas de gestión en toda clase de servicios relacionados con la venta y expedición de permisos falsos, licencias y trámites de Morelos, que alimentan las irregularidades porque venden permisos de circulación, licencias de manejo, o tarjetas de circulación, general o presuntamente emitidas por el gobierno del vecino estado de Guerrero.

Se auto denominan “casas de gestoría vehicular”, pero operan también sin ninguna autorización oficial; es decir, son «coyotes» que engañan a sus clientes, dan todo tipo de facilidades a los delincuentes para hacer “trámites”, a fin de que puedan conducir autos de dudosa legalidad, muy posiblemente robados o con identidades y placas falsas.

Hace unos días se aplicaron cateos en 21 oficinas de esa naturaleza en diversos puntos del estado, y el resultado fue el esperado, se encontraron toda clase de documentos apócrifos, entre éstos, láminas para la venta de placas.

Entendemos que sólo se trató del primer paso y que al igual que los operativos para ubicar transporte pirata, se irán extendiendo esas inspecciones en todo el estado, porque existen cientos, quizás miles de lugares de trámites que son cómplices de la delincuencia.

El titular de la SMyT es un funcionario que conoce muy bien al monstruo por dentro, porque ha estado en el puesto más de una ocasión, si el gobierno estatal le permite y lo apoya para que se ponga orden, tiene todo para hacerlo, parece que lo quiere lograr.

Se avanzó con el reemplacamiento porque igualmente el padrón vehicular estaba súper abultado; siguió con el «pirataje» y ahora sigue esta revisión a «casas de gestión» y seguramente al final se trabajará a fin de ordenar los derroteros, que están hechos un caos porque los mismos permisionarios los han ido ampliando y cambiando a conveniencia.

Hay por lo menos una decena y media de rutas de transporte que cruzan por el primer cuadro de Cuernavaca, por ejemplo, que sólo ocasionan tránsito lento y problemas de exceso de velocidad porque quieren “ganarse” el pasaje.

Era algo urgente y necesario porque reiteramos, en algunas regiones sobre todo el sur poniente de la entidad; particularmente el sistema del servicio de taxis, está ampliamente penetrado por la delincuencia organizada, son halcones o vehículos al servicio de los mañosos. La limpia deberá seguir.

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¿SERÁ EL PRIMERO EN LA CÁRCEL?

*Agüero Tovar bajo proceso penal

En lo que pareciera ser el primer caso de un «pez gordo», del pasado reciente, que pudiera realmente ir a prisión, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos logró obtener la vinculación a proceso del ex alcalde de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar.

¿Motivo? el ejercicio abusivo de funciones, ello fue analizado durante una audiencia celebrada este lunes en la sala 2 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en cuya comparecencia se logró acreditar, con «elementos testimoniales y documentales», que indebidamente firmó un contrato de arrendamiento para usar un predio de sus familiares directos como Corralón Municipal, sin licitación pública.

También se precisó que, vía un tercero, se hizo el arrendamiento del primero de enero al 31 de diciembre del 2018, con un pago mensual de casi 59 mil pesos. El tercero habría recibido el espacio en «calidad de usufructuante gratuito».

La decisión del juez, con base en los elementos a la mano, fue que se había caído en el delito de conflicto de intereses. Eso es lo que al respecto se refiere, y el motivo por el cual el ex edil ha sido vinculado a proceso; a decir verdad, es una minucia comparado con lo que realmente hizo cuando estuvo al frente de la alcaldía.

En este espacio, en su oportunidad, le presentamos pruebas y señalamientos contundentes que daban fe de que el señor José Manuel “N”, sintiéndose protegido por el entonces gobernador Graco Ramírez, se despachó con cuchara grande en todos los sentidos.

Hizo de la comuna algo así como «una empresa personal y de familia», casi todas las áreas del municipio estaban en inmuebles suyos o de sus familiares; tenía en la nómina a primos, hermanos, compadres y desde luego, a su papá.

Eso todo mundo lo sabía, por eso sostenemos que aunque por este delito esté siendo llevado ante tribunales, le está saliendo barato, porque si le sustentaran todo lo demás, que no es difícil de hacerlo, el señor iría a prisión por muchos años. Se comportó como todo un delincuente de «cuello blanco».

Fue él quien «les soltó la rienda» a las pandillas del delito, incluyendo el organizado, porque para eso lo colocó ahí Graco; para administrar el dinero de los cárteles del delito de alto impacto.

Dejó al actual edil, Rafael Reyes, un Ayuntamiento en quiebra; con una deuda casi impagable y en medio de una descomposición total, incluyendo decenas de «aviadores», por eso decimos que le está saliendo muy barata ésta acusación.

Y a pesar de tantos problemas habría que reconocer que Rafa viene logrando enderezar el camino, hay obra pública, mejoró el alumbrado y lleva un esfuerzo constante que muestra que cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, aún en medio de la miseria presupuestal, sí se puede entregar resultados a la gente.

Bueno, ya para que el polémico abogado laboral, Juan Juárez Rivas, un personaje de crítica y señalamiento, diga que «Rafael Reyes está haciendo en Jiutepec pan de la nada», es porque le reconoce trabajo y la entrega.

El otro siempre se comportó como lo que es, un rufian que pensó que era intocable porque tenía a dos poderosos padrinos, el ahora ex gobernador Graco y a su hijastro, Rodrigo Gayoso. Ojalá que sea en serio su investigación y no se trate sólo de una finta más de la Fiscalía Anticorrupción.

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BUSCA APOYO EL EX RECTOR

Luego de que un juez federal dictó esta semana un auto de vinculación a proceso en contra del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por desvío de recursos, Alejandro Vera se dejó ver por palacio de Gobierno.

Hacía mucho que no andaba por ahí el ex rector y ex Director de Ciencia y Tecnología del estado y se pudo saber que el señor se reunió con el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz y que el tema inevitable fue su situación legal.

Y es que la denuncia en su contra parece que va caminando por presuntos desvíos financieros en la máxima casa de estudios, por malversar los fondos que recibió el y su Tesorero para el pago de los trabajadores y que utilizó para otros fines. Esa situación lo tienen al borde de la detención.

La vinculación a proceso es contundente, porque ya superó un intento de amparo, así que entonces ¿andará intentando evitar la detención por la vía de sus relaciones políticas? seguramente, porque ya su conflicto parece bastante delicado y es extraño que cuando la zoga aprieta busque el diálogo con funcionarios estatales de primera línea para ver si dan resultados sus gestiones como fue su supuesto apoyo en tiempos de campaña. ¿No lo cree?

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1,600 MDP SIN COMPROBAR EN IEBEM

Detecta auditoria un sin número de irregularidades

Hemos insistido en que el robo al erario en el gobierno anterior no perdonó a ninguna dependencia, y el Director General del IEBEM; Eleacin Salgado de la Paz, señala que en la auditoría a la institución se reflejan unos mil 600 millones de pesos sin comprobar.

Dice que las denuncias ya se hicieron para deslindar responsabilidades; pero seguimos confirmando que la administración de Graco Ramírez es hasta ahora la más corrupta de que se tenga memoria.

El funcionario del sector educativo explicó que la revisión mostró compra de insumos con sobre precios, obras que se reportaron como hechas y de las que no hay huella, programas cumplidos a medias y deudas por todos lados.

Las cuotas de los trabajadores al ISSSTE se dejaron de pagar lo que puso en riesgo sus  prestaciones, hay aún escuelas dañadas por el sismo del 2017 que no se han atendido y bueno; mobiliario facturado que nunca se compró y todo tipo de irregularidades, que sumado en cifras arroja una cantidad de escándalo, en calidad de robo de dinero.

Todo lo anterior, refiere el Director General, lleva a que se solicite al Congreso local unos dos mil millones de pesos adicionales a lo calculado, para atender esas prioridades.

¡Qué desastre! desgraciadamente esos delincuentes de cuello blanco siguen como si nada porque reina la complicidad y la impunidad entre poderes e instituciones.

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RATIFICAN VINCULACIÓN DE EX DIPUTADA BEATRIZ “N”

La Tercera Sala del Primer Circuito Judicial Federal en Morelos confirmó la vinculación a proceso de la ex diputada local Beatriz “N”, ex presidenta de la Mesa Directiva y presidenta de la Junta Política del Congreso de Morelos en el trienio pasado, luego de que la Fiscalía Anticorrupción del estado apeló una liberación de cargos a favor de la ex funcionaria.

Los magistrados consideraron que los elementos de prueba presentados contra la imputada son suficientes para la vinculación, por el delito de peculado, al presentar 70 datos probatorios, informó la fiscalía.

Las irregularidades en el ejercicio de su función por parte de la ex legisladora priista, que posteriormente se pasó a la bancada del PRD son por el desvío de casi 14 millones y medio de pesos; los cuales se “pagaron” aparentemente a empresas fantasma, y se dejaron de cubrir prestaciones de ley a la base trabajadora como el pago del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado o incluso IMSS.

El pasado 2 de septiembre en primera instancia se confirmó el acto de vinculación a proceso de la ex diputada local, pero en una primera apelación la mayoría de los integrantes de una sala le otorgaron la libertad por no encontrar elementos y no haber respetado el debido proceso a la acusada.

La libertad de Beatriz “N” fue apelada por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que este fin de semana fue ratificada de nueva cuenta la vinculación a la causa penal JC/323/2019.