CUENTAS PENDIENTES

Entre tantas arbitrariedades, heredadas por el ex gobernador Graco Ramírez, está el caso de las fosas de Tetelcingo en los municipios de Cuautla y la de Jojutla.

Cientos de personas no identificadas, desaparecidos, víctimas de la delincuencia y hasta en acciones policiacas, fueron depositadas ahí sin la más mínima consideración y con escasos trámites en algunos casos o irregularidades.

Por más presiones que en su momento se hicieron para obligar al gobierno anterior a permitir revisar los cadáveres, a fin de ver si desaparecidos quedaron ahí, no hubo mucha voluntad.

Hoy, a años de distancia, siguen familiares de algunas víctimas exigiendo justicia con protestas y manifestaciones. Familiares continúan clamando por un acto por parte de las instancias «competentes», como la Fiscalía General y la Comisión de Víctimas, que todo indica es la autoridad más interesada en que esos temas e investigaciones prosperen.

¿Por qué? sencillo, el señor Fiscal Uriel Carmona fue nombrado por el ex gobernador Graco Ramírez, y su compromiso es protegerle las espaldas, en temas tan delicados como éste.

Algunas madres de desaparecidos o asesinados, como María Concepción y Amelia Hernández, Oswaldo Cándido o Liliana Domínguez; con la asesoría de abogados, entre ellos, Octavio Lazcano y Javier Guerrero, denunciaron precisamente que la Fiscalía intenta archivar esos expedientes relacionados con sus hijos.

Incluso, debieron informarse en el sentido de que hay una obligación oficial para la reparación del daño, y sobre todo tendrían que recibir apoyo legal gratuito, en lugar de contratar servicios de abogados particulares. Pero no existe esa disposición, por el contrario hay que litigar contra la propia Fiscalía para que actúe, así de perversas están las cosas con Uriel Carmona.

Este tema muestra con mucha claridad el nulo esfuerzo de algunas instancias para buscar, por lo menos, hacer un pequeño acto de justicia para aquellas familias que sufren el dolor por la pérdida de alguno de sus integrantes.

Cuando acuden a quienes están obligados a acompañarlos en su calvario, a reparar daños morales, económicos o psicológicos; se encuentran que todo es un simulacro.

Vivimos en medio de la podredumbre, porque muchos funcionarios son parte misma de las mafias que tienen sometido a Morelos, y a pesar de que viven con el dinero del pueblo, tienen relaciones de corrupción con los maleantes, logran sumar ganancias, dándole la espalda a la ciudadanía.

La red de la delincuencia organizada ha escalado a los más altos niveles en el ejercicio del poder público; ha sustituido al gobierno en algunas zonas y manda desde dentro de las corporaciones policiacas que están a su servicio, por eso son los que mandan y se mueven con toda la impunidad. Morelos es un estado minado.

Quienes gobernaron la entidad desde hace más de una década, fueron cediendo terreno a los criminales, los dejaron crecer de más y hoy el poder que ostentan es prácticamente superior al de las autoridades formales.

Lo de las fosas es un asunto sin resolver, y eso daría incluso hasta para que Graco fuera a la cárcel, pero para eso dejó a dos fiscales, el General de Justicia y el Anti Corrupción, Juan Salazar Núñez.

Bueno, aún en el Congreso local, el titular de la Entidad Superior de Fiscalización es también gente suya, como la mayoría de los diputados locales ¿cómo la ve?

MORELOS Y EL PAÍS, RECLAMAN PAZ

*No fuego cruzado

El nivel de víctimas del crimen organizado parece cada vez más alto, este pasado fin de semana se contabilizaron unas 17 ejecuciones; sin embargo, los hechos ocurridos en la terminal de autobuses foráneos «Estrella de Oro», aquí en la colonia las Palmas de Cuernavaca, fue materia de información en medios nacionales e internacionales.

Pero ¿qué está pasando? ¿por qué las cosas se han puesto tan difíciles y ¿por qué toda nuestra entidad ocupa uno de los primeros lugares en criminalidad a nivel nacional en los últimos tiempos?

Difícilmente se podría dar una explicación convincente, pero sí podemos señalar algunas de las causas que nos han llevado hasta esos niveles de inseguridad.

1.- Con el ascenso de las nuevas administraciones, tanto estatal como federal, se rompieron acuerdos con cárteles de la droga y grupos criminales que tenían el control territorial. Entre éstos, el de “Los Rojos», que comandaba Santiago Mazari Espín alias «El Carrete», “el señor de los caballos” y otros sobrenombres, mismo que fue detenido hace unas semanas.

También está el cártel de «Guerreros Unidos» que es una escisión del primero y por la incursión desde hace unos cuantos años del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación y los remanentes que aún quedaban de quienes quedan aún huérfanos que trabajaban para los “Beltrán Leyva”, operadores del cártel de Sinaloa. O sea, la parcela aún no tiene dueño, y por eso tantos enfrentamientos que se agudizaron en poco más de un año con la salida del gobierno.

2.- Es claro que la falta de empleo, sobre todo bien remunerado, y por ende el agravamiento de la pobreza; vienen provocando que los jóvenes busquen dinero fácil, se enrolen en esas células del delito y acaben tarde o temprano en medio del fuego cruzado.

3.- Algo con mucha incidencia también, en éste desafortunado escenario, es la descomposición social; la pérdida de valores al interior del hogar; la desintegración de las familias que deriva en hijos abandonados, que se quedan bajo los cuidados de un sólo padre o principalmente madre que además tiene que trabajar para tener el sustento, y eso en el mejor de los casos, porque hay quienes quedan al cuidado de abuelos ya cansados, de familiares sin compromiso o de plano los abandonan a su suerte.

4.- Y por supuesto, otro factor no menos significativo y que abona en el caldo de cultivo del delito es la impunidad, propiciada por autoridades que no sólo no combaten a los enemigos públicos, sino que se alían con ellos. Son parte misma de los cárteles delincuenciales, ya sea a nivel del policía de investigación que al descubrirlos los extorsiona o saca ganancia, pero también de los mandos medios o superiores que los protege a cambio de pagos.

Hay más factores; sin embargo, con éstos cuatro que se fueran resolviendo las cosas comenzarían a cambiar, pero el problema es tan complicado que es pedir un milagro, porque mientras como pueblo no reconozcamos que desde el interior de la familia surge el conflicto, poco o nada mejoraremos por más esfuerzos que se hagan desde las autoridades. Es necesario un cambio de valores.

Para el caso de Morelos hay dos parteaguas muy notorios que significaron, en materia de crímenes, un antes y un después; aquel 2009 cuando el Ejército y la Marina ejecutaron a Arturo Beltrán Leyva en las torres departamentales Altitud, aquí en la capital.

Los demonios se soltaron, y comenzó la guerra entre dos grupos en los que se dividió ese cártel, Rojos y Guerreros; luego de años de haber trabajado juntos para el «jefe» Beltrán, que fue el heredero de la plaza después de la desaparición de Amado Carrillo Fuentes y Juan José Esparragoza de Morelos.

Ahora, el arresto del «El Carrete» volvió a detonar las ejecuciones, pero hoy con una agravante más, que el CJNG puso entre sus plazas a conquistar a nuestra entidad, y quiere expulsar de aquí a la competencia que queda. Además de la presencia creciente de bandas del centro del país, como los “colombianos” que cada vez ven más atractivo a Morelos.

Esas serían a groso modo las razones y orígenes de nuestra situación, pero en lo referente a los sucesos acaecidos ayer en la terminal de autobuses Estrella de Oro lo que no se declara, pero que se tiene en las líneas de investigación de parte de las instancias competentes, es que los cinco ejecutados y el herido, ya en manos de las autoridades, eran «halcones»; es decir, sujetos usados por “la maña” para recabar información.

Iban con destino hacia Zihuatanejo, en el vecino estado de Guerrero, y es obvio que los traían campaneados y decidieron eliminarlos antes de que emprendieran el viaje. ¿Quiénes?, pues pistoleros de un grupo contrario.

Sobre éste delicado tema hay una hipótesis que cobra fuerza, y que algunos funcionarios menores tanto de la Fiscalía General como de la Comisión Estatal de Seguridad no rechazan del todo, que se está actuando con cierta pasividad en estas ejecuciones porque no es su prioridad detener al mayor número posible de criminales que cometen esos delitos, porque finalmente sería el pueblo el que los mantendría con sus impuestos en una cárcel, donde la mayoría de las veces no se les puede controlar para que sigan delinquiendo.

Se dice “difícilmente alguien que ya se comprometió con algún grupo delictivo de esos se corregirá”, aún desde los reclusorios seguirán operando y haciendo daño, entonces lo mejor es que se eliminen entre sí. Es decir, que premeditadamente se está permitiendo que se maten unos a otros.

¿Será? tal vez sí, porque no se aprecia gran esfuerzo de la autoridad correspondiente para ir por ellos, a pesar de que saben dónde se encuentra la mayoría de ellos.

La cosa es que si así fuera, el nivel de muertes continuará y por mucho tiempo; porque estamos absolutamente seguros de que son muchos, a pesar de que sean más los jóvenes o personas de bien en comparación con los malos, pero hablamos de muchos miles.

Sólo en esta entidad, y mientras la pobreza no disminuya y las parejas irresponsables sigan trayendo al mundo hijos que no cuidarán, ni guiarán por el sendero del bien, esto no mejorará; y lamentablemente la ciudadanía en general estaremos expuestos a que nos toque una bala perdida o fuego cruzado en cualquier momento.

NO PACTARÁ MORELOS CON DELINCUENTES

El Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo descartó que su administración vaya a pactar con la delincuencia organizada, como ocurrió en el pasado, lo cual generó el asentamiento de células criminales que ahora están librando una lucha porque han dejaron de recibir el respaldo de las autoridades; por lo que pidió a los presidentes municipales y a la ciudadanía reforzar el apoyo contra la inseguridad.

El mandatario estatal realizó una rueda de prensa el lunes por la tarde, luego de que por la mañana se registrara un ataque en el interior de una terminal de camiones que enlaza a Morelos con Guerrero, principalmente; en la cual abordó el clima de violencia que se ha incrementado los últimos días y semanas, por la captura de un importante lugarteniente (el carrete) de la banda de Los Rojos.

Blanco Bravo pidió a los alcaldes reforzar la coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Fiscalía General del Estado (FGE), para actuar con mayor eficacia contra quienes causan daño a la entidad.

Con respecto a los hechos ocurridos en la central de autobuses de Cuernavaca, mencionó que de acuerdo a las primeras investigaciones, se trató de un ataque directo contra las personas que lamentablemente perdieron la vida; sin atacar a otras personas que se encontraban en el lugar.

Al afirmar que “no va a haber impunidad”, el gobernador dijo que la FGE realiza las investigaciones para resolver dichos actos y dar con los responsables. Reiteró que es fundamental la participación de la ciudadanía en la tarea de regresar la paz social, por lo que insistió en un llamado a los morelenses a denunciar a presuntos delincuentes, lo cual se puede realizar de manera anónima a través del 089.

“Denuncien a estos personajes, con llamada anónima (…), si no ellos van a seguir haciendo de la suya”, concluyó.

Por su parte el titular de la Secretaría de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, expresó que se logró ya el reconocimiento de dos de los cinco jóvenes muertos en el ataque de la terminal, quienes son originarios de Iguala, Guerrero, y de acuerdo a uno de sus familiares se encontraban residiendo en la Ciudad de México

Cabe señalar que durante el fin de semana, a través de mensajes de whats app y otras redes sociales, se sembró el pánico en los municipios de la zona surponiente de Morelos, donde a consecuencia se vivió prácticamente un «toque de queda». Pocos ciudadanos continuaron con sus actividades habituales, por temor a encontrarse con un fuego cruzado en las calles.

Gabriel “N” de 37 años de edad, se supo por publicaciones del vecino estado de Guerrero contaba con antecedentes penales e incluso había sido vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes normalista de Ayotzinapan.

EL ATAQUE FUE DIRECTO; CES

La Comisión Estatal de Seguridad del estado emitió un reporte sobre los hechos registrados esta mañana en una terminal de autobuses en el sur de Cuernavaca.

Las autoridades reportaron que cerca de las 4:40 de la madrugada del lunes se recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en el establecimiento, ubicado sobre la avenida Morelos Sur en la capital del estado, y de inmediato se activaron los protocolos de emergencia para atender los hechos suscitados en el lugar.

Paramédicos confirmaron el deceso de cinco personas del sexo masculino en el interior del inmueble, tres de ellos en uno de los autobuses, uno en el baño y uno más hacia la salida casi en la parte externa, ya que aparentemente pretendía escapar de sus agresores; así como un hombre más que resultó lesionado durante las agresiones.

De acuerdo a los primeros indicios, se establece que los hechos en la Central de Autobuses Estrella de Oro de Cuernavaca, fue un ataque directo contra las personas que perdieron la vida y se analizan todas las líneas de investigación posibles para dar con los responsables.

La dependencia aclaró que conforme la información recabada en ningún momento se atentó contra turistas u otras personas que se encontraban en el sitio.

Las instituciones de seguridad analizan los videos de las cámaras de video vigilancia de la zona, y se desplegó un operativo conjunto para ubicar a los responsables. En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones.

El Gobierno del Estado de Morelos reitera que ningún hecho de violencia quedará impune y se exhorta a la población a reportar cualquier emergencia al número 9-1-1, y a denunciar de manera anónima situaciones ilícitas al 089. El Gobierno reitera que no existe riesgo alguno para la ciudadanía en general derivado de la lucha entre grupos delictivos, a los que se combate de manera frontal para regresar la paz social al estado.

CAMBIOS EN PUERTA

La ausencia de compromisos con el pueblo y las ambiciones de la mayoría de los legisladores locales llevó a un primer año de desastre legislativo en el Congreso de Morelos.

No obstante, que como ocurrió a nivel nacional la coalición de partidos, Morena, PT, PES logró la mayoría en ese recinto, jamás pudieron hacer equipo y por el contrario, se enfrentaron entre sí.

Aprovechando esas circunstancias, es que la diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, logró erigirse como quien controló y capitalizó en bien suyo los amplios beneficios que genera ese poder del Estado.

Incluso, contrario a lo que se daba en el pasado, el gobierno estatal no operó eficientemente a fin de disputar su hegemonía.

Sin embargo, por lo que se puede observar ya rumbo al segundo año legislativo, desde el Ejecutivo pareciera avanzarse en escenarios diferentes; es decir, no está descartado que ahora sí pudieran conformar un grupo parlamentario en suficiente número como para reclamar la presidencia de la mesa directiva o de la Junta Política y de Gobierno.

Con algo de su experiencia pasada en materia de legislación, Tania Valentina prácticamente se agandalló el control total; pero el poder con autoritarismo ofensivo, agrediendo cuando a sus intereses así convenía a muchos de sus «compañeros» legisladores no cayó bien a nadie y la ha ido restando apoyo.

Con la diputada del PRI Rosalina Mazari Espín llegó a acusaciones públicas algo delicadas, y quienes conocemos a ambas sabemos que la de Puente de Ixtla es un “ángel de la caridad”, comparada con la perversidad y “mañas” de la otra.

Tania se viene quedando sola, su grupo parlamentario -si es que a dos diputados se les puede denominar así- está a punto de perder la Junta Política y todo lo que tenía.

Igual y en este nuevo periodo sus adversarios podrían ajustarle las cuentas si lo desean. Pero en lo general se observa que la correlación de fuerzas podría cambiar y si ello ocurre, ojalá sea para que al fin den resultados a los morelenses, porque en este inicio sólo dieron vergüenza y desilusión.

Igual y el PES, con José Casas González, que parece se adheriría y otros que ya lo hicieron, consiguen con Morena llevar las riendas del Congreso.

¿SERÁ QUE EL PUEBLO NO TIENE MEMORIA?

«Futuro 21», la delincuencia política

Hay una expresión de políticos, analistas y académicos; en el sentido de que en cuestiones electorales y de gobierno «el pueblo no tiene memoria», ello porque a pesar de ser víctima reiterada de toda clase de sátrapas y ladrones en el ejercicio del poder y, a pesar de tenerlos identificados, suele volver a votar por ellos para que ocupen cargos de representación popular desde donde vuelven a robar inmisericordemente.

Quienes creen en esas frases parecen no equivocarse, durante casi un siglo fuimos gobernados por generaciones de “vende patrias” que gradual pero permanentemente fueron entregando a la nación a intereses extranjeros, y endeudando a México “hasta los huesos”, sin ofrecer a los contribuyentes beneficio alguno.

Mencionamos lo anterior porque en este momento hay por doquier asociaciones, grupos y lidercillos de banqueta que afanosamente intentan cubrir requisitos ante el Instituto Nacional Electoral (INE); a fin de constituirse en partidos políticos.

Sólo en Morelos se habla de cerca de 30 solicitudes; imagínese usted si todos ellos lograran el objetivo, ningún impuesto nuestro alcanzaría para mantener a esos parásitos, que dicen tener “vocación de servicio popular”. Nunca los vimos apoyando a los damnificados del sismo, ya fuera con trabajo o dinero u otra cosa.

Pues entre esos que intentan engañarnos nuevamente para seguir colgados del presupuesto, están quienes impulsan el partido «Futuro 21», que no son otros sino los corruptos que con el discurso de izquierda y de lucha por la democracia, justicia y solidaridad social, dieron vida al Partido de la Revolución Democrática  (PRD) y que por lacras andan dando lástima y temen ya no seguir viviendo del dinero nuestro.

¿Y entre otros, quiénes son ellos? nada menos que Jesús Ortega Villaseñor, Jesús Zambrano y la “ratota” mayor el ex gobernador de Morelos Graco Ramírez; todos hijos de aquel perverso sujeto que con apoyo del PRI y del gobierno dirigiera un tiempo el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Rafael Aguilar Talamantes.

Y como bien refería el analista Gibrán Ramírez Reyes, en un medio informativo nacional; «es una banda de traficantes de la política, sin más proyecto que vivir del dinero ajeno y sin trabajar».

En efecto, son sanguijuelas que en su oportunidad fueron parte del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y luego del Partido Mexicano Socialista (PMS) que finalmente derivaron junto con el cardenista y algunos ex priistas en el PRD.

No se nos olvida que, traicionando al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, legitimaron el triunfo de aquellos que en el 2006 y el 2012, lo despojaron de sendos triunfos, pero que en esta tercera vez, aunque lo intentaron no lo lograron.

Es la falsa izquierda, individuos sin moral ni compromiso con los mexicanos; parte de una “casta dorada” que para continuar eternamente en el poder financian movimientos y partidos pequeños para aparentar pluralidad y democracia ficticia, que en la práctica no existe, y cuyos actores se han convertido en una pesadilla para los mexicanos.

Apenas entró Enrique Pena Nieto a la presidencia, apoyaron y firmaron el «Pacto por México», para aplicar reformas que en el fondo fueron para entregar lo poco que tenemos como nación, a nuestros vecinos los empresarios de Estados Unidos.

Sorprende que entre los que promueven Futuro 21 parezca el ex rector de la UNAM, José Narro, porque lo considerábamos con más calidad moral, pero parece que no hay tal o lo convencieron.

Ahí vienen, amenazan con regresar a las andadas negociando cargos públicos, diputaciones y senadurías plurinominales, porque nunca ganarían de mayoría, ojalá que en adelante el pueblo sí tenga memoria, recuerde los daños que nos han hecho como sociedad y les niegue la posibilidad de pasar de un “PRD de vividores” a un “Futuro 21” que sería su continuidad, como dicen algunos, «Dios nos agarre confesados».

Y aquí en Morelos, pues todos esos perredistas que comulgaron con Graco, esperan que la hazaña se logre para refugiarse ahí y continuar haciendo de las suyas.

PIDEN REVISAR ESTRATEGIAS DE COMBATE AL DELITO

Pablo Ojeda, secretario de Gobierno en Morelos.

Presidentes de cámaras y organizaciones de empresarios anunciaron la realización del Encuentro Empresarial Morelos, que se llevará a cabo tres, cuatro y cinco de septiembre.

Previo al anuncio, algunos de los asistentes, como el presidente de Canacintra en Morelos, Jorge Mátar Vargas, habló sobre el clima de inseguridad que priva en el estado, y sugirió revisar las estrategias de prevención y combate del delito.

Respecto del asesinato una noche anterior de dos elementos de la policía estatal en la zona de Atlacomulco de Jiutepec, calificó el hecho como «una afrenta para la Comisión Estatal de Seguridad (CES)”.

La criminalidad es una de las causas de una reducción del dos por ciento en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado.

Sobre los agentes policiacos asesinados, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, dijo que los dos venían de haberse desempeñado en el estado de Veracruz y tenían poco tiempo en la entidad.

«Se trabaja en todas las líneas de investigación, aún no se tiene precisión respecto de los responsables», y agregó que en el lugar se encontraron 70 casquillos. Tampoco se conoce que hayan tenido amenazas o mensajes en su contra como en otros casos, sostuvo.

Los efectivos policiacos fueron emboscados cuando realizaban un rondín en la zona limítrofe entre Cuernavaca y Jiutepec; los municipios más poblados del estado.

En el tema empresarial, tanto Ángel Adame Jiménez del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como Antonio Sánchez Purón de Canaco, especificaron que el evento ofrecerá conferencias, talleres, mesas de trabajo; en las cuales se expondrán las capacidades del sector, y se buscará concretar proyectos de inversión para Morelos.

Harán presencia 12 de los 32 centros de investigación científica con sede en la entidad, e instituciones como el IPN, la UNAM y la UAEM.

La empresa de transporte foráneo Pullman de Morelos ofrecerá transporte gratuito, desde su terminal centro en Cuernavaca, al Centro de Convenciones ubicado en Xochitepec donde se realizará el encuentro.

RECLAMAN TRABAJADORES FONDOS RETENIDOS POR AFORES

La perversidad de las autoridades en el pasado reciente parece no haber tenido límites, la corrupción alcanzó a todo aquello que tenía que ver con el quehacer gubernamental, y en el caso de Morelos no sólo a nivel federal; sino que padecimos una administración local a cargo del perredista Graco Ramírez Garrido que en ese aspecto no ha tenido precedentes en la historia.

Trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de María de Luz Vázquez Flores, anunció la realización en Cuernavaca, de la 5a. Reunión de la Unión Nacional de Comités del IMSS a desarrollarse entre el 31 de agosto y el dos de septiembre.

Pero ese asunto es lo de menos, frente a la queja de que, a decir de ella que preside el comité de Morelos, por la disposición con número 2a/J185/2008, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la fecha unos cinco mil millones de pesos se les adeudan correspondientes al fondo referente a la subcuenta de cesantía, que fueron retenidos por las Afores a partir del 2015.

Se trata de una disposición que afectó a un promedio de 35 mil jubilados, que exigen les sea restituida esa cantidad. Vázquez Flores recuerda que vienen desarrollando una lucha desde hace más de dos años; sin embargo, las propias autoridades federales impedían resolver ese tema.

Así pues, serán 37 los comités que, procedentes de todo el país, se reunirán aquí para deliberar respecto de distintos temas, pero el más importante es éste relacionado con el dinero que les corresponde y que mantienen las Afores, lo que representa un despojo contra ellos.

Esperemos que se trate de la resolución que acaba de anunciar el presidente de México. Puntualizó que bajo las actuales circunstancias para poder recuperar cuotas, tanto de las Afores como del Infonavit, hay que interponer una demanda; es decir, contratar los servicios de un abogado con los gastos que eso representa.

La exigencia sería que sólo se tenga que recurrir a un proceso administrativo, porque es una injusticia que lo poquito que se logra de ahorro en toda una vida de trabajo, se tenga que gastar en un proceso legal para recuperar lo que es de ellos.

Sí que las leyes, normas y reformas en muchos aspectos de la vida laboral y de justicia están hechas para favorecer a quienes controlan poder y riqueza; la sociedad, y en particular la clase laboral, ha venido siendo despojada de sus derechos y conquistas históricas.

PIDEN ALERTA MIGRATORIA A EX DIPUTADA

Hortencia Figuero Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, ex diputada vinculada a proceso.

Una juez de control solicitó girar una alerta migratoria contra la ex diputada local Beatriz “N”, luego de que se le vinculó a proceso por el delito de peculado por actuaciones indebidas cuando fungió como presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo de Morelos.

Beatriz «N», deberá acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares, además de que no podrá salir del país, debido a que estuvo sustraída de la justicia por más de un mes.

El desvío que se atribuye a la ex legisladora suma casi 14 millones y medio de pesos, mismos que se desviaron para realizar pagos a dos empresas fantasma.

La audiencia para el desahogo de pruebas fue diferida hasta dentro de casi cinco meses a petición de la defensa, que llevará a cabo la integración del expediente para defender a la legisladora en la causa penal JC/323/2019, derivada de la denuncia iniciada por el Congreso de Morelos en la LIV Legislatura, por la distracción de más de 23 millones 760 mil pesos, recurso que sería destinado a las cuotas obrero-patronales del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos.

Además de la imputada, la también ex legisladora Hortencia “N” está relacionada con la misma causa que se inició ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, por el desvio de más de 9 millones de pesos, en perjuicio de sus trabajadores.

NIEGA ALONSO LIGA CON EL CRIMEN

Enrique Alonso Plascencia, director del Idefomm, acusado de vínculos con la delincuencia.

Luego de que en algunas páginas de redes sociales se acusó recientemente al titular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm), Enrique Alonso Placencia, de ser quien quedó al frente del cártel de «los Rojos”, en lugar de “el Carrete” y, por lo tanto, estar dentro de la delincuencia organizada, el representante de los alcaldes de Morelos ofreció una rueda de prensa para desmentirlo.

Sostuvo que «se trata de información sin sustento jurídico, obra de algunos políticos que ya andan acelerados en busca de otros cargos de elección popular, y como que sienten que les estorbo; pues han comenzado a desarrollar campañas negras en mi contra», aseguró.

Reiteró «son páginas y videos editados, que vienen de gente con la que políticamente no coincido”, pero dijo que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no tiene nada que ver con todo eso, y la posición del gobierno estatal me parece sensata al deslindarse y decir que fuimos electos por los alcaldes.

No obstante, se quejó de algunos integrantes del gabinete, porque mencionó que lleva meses solicitando audiencia e incluso reunión con los presidentes municipales, y no le dan fecha. «Lo tienen cercado y no le permiten acercarse a la gente», dijo.

Alonso Placencia mencionó que tiene una idea respecto de quiénes buscan hacerle daño; no obstante, aclaró que está armando un expediente para denunciar a quiénes resulten responsables de la difamación. Apuntó que lo presentará ante las fiscalías General de la República y del estado, para que se profundice en la investigación.

Adelantó que su denuncia se hará por daños y perjuicios en su contra, pero sobre todo para que el tema quede aclarado.

Recordó que el ex gobernador Graco Ramírez Garrido inició una persecución en su contra, buscando sacarlo de la jugada electoral, «ustedes fueron testigos de que me detuvieron sin probarme delito alguno, pero dí la cara en todo momento». El funcionario fue acusado de estar relacionado con la delincuencia organizada desde el 2016 por el gobierno estatal, después de que ganó la presidencia municipal de Tlaquiltenango, y en mayo año pasado fue aprehendido cuando realizaba campaña como candidato independiente a una diputación federal.

Alonso protagonizó un enfrentamiento directo con el ex gobernador Graco Ramírez y su jefe policiaco, Jesús Alberto Capella Ibarra, siendo presidente municipal de Tlaquiltenango, sobre todo porque se resistía a ceder el control policiaco municipal al Mando Único.

Cobijado por Fidel Demédicis Hidalgo, entonces senador perredista y adversario del gobernador, acusó al mandatario y al comisionado estatal de Seguridad de amenazas en su contra, acoso y la negativa a entregarle recursos municipales, como prerrogativas estatales y federales.

Al final, el Mando Único desarmó a sus policías por instrucción de un juez y todos fueron arrestados a fin de que se impusiera el control desde el centro. Cuando llegó el proceso electoral, Alonso promovió como aspirante independiente a la diputación federal por el IV Distrito, pero se le detuvo en plena pre campaña acusándolo de ser parte de los grupos de delincuencia en la región sur poniente.

Tras lo ocurrido, trascendió que la condición para dejarlo libre fue que declinara a la candidatura por el PRD y se sumara en apoyo el candidato de Graco, Julio Espín Navarrete.

Pero la duda respecto a su complicidad con delincuencia organizada continúa, porque con mucha antelación a lo anterior, se le mencionaba recurrentemente como ligado a los mañosos.

Hay un grupo de ediles, diputados locales e incluso federales del que forma parte, y todos traen la sospecha de ser parte de una amplia red de delincuentes o de favorecer a la delincuencia, pero él alega que incluso algunos señalamientos que se pretenden presentar como actuales son de hace más de un año, lo que demuestra su falsedad y ausencia de seriedad.